Ramón Amarilla, ex policía misionero y líder sindical del sector que se encuentra detenido hace más de 200 días bajo la acusación de “intento de sedición y conspiración”, confirmó su candidatura a diputado provincial para las elecciones del 8 de junio en Misiones. Lo hizo desde la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde se encuentra alojado.
Por Alberto Martínez (*)
El anuncio se formalizó el lunes 8 de abril a través de una carta manuscrita difundida en redes sociales por el diputado del PRO Misiones Miguel Núñez, quien ya había anticipado la postulación días antes. Núñez publicó primero un flyer con la imagen de Amarilla, y luego la carta completa, donde el detenido confirman su decisión de encabezar la lista del partido Por la Vida y los Valores, presidido por el liberal Walter Ríos.
La carta de Amarilla
En un tono directo y apelando a su condición de trabajador y preso político, Amarilla escribe:
“Hoy hace 210 días que me encuentro privado de mi libertad injustamente.”
Y explica su motivación:
“No ha sido fácil, mis colegas detenidos en otras unidades penales, como mi familia, estamos sufriendo tanta injusticia como la que viven todos los trabajadores: policías, penitenciarios, docentes, personal de salud, empleados públicos y judiciales.”
Luego, confirma su postulación:
“He decidido presentarme como candidato a primer diputado provincial por el partido ‘Por la Vida y los Valores’”.
Y concluye con una convocatoria política y social:
“Les pido que me den la oportunidad de representarlos y que ya no tengamos que estar en la calle reclamando un salario digno, una obra social acéfala, que se respeten nuestros derechos humanos e individuales”.
Una decisión que rompe todos los esquemas
La candidatura de Amarilla abre múltiples interrogantes políticos, jurídicos y éticos:
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¿Puede un detenido ser candidato? Sí. La ley lo permite mientras no exista condena firme.
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¿Qué representa su figura? Para algunos, un líder sindical criminalizado; para otros, un sedicioso. En el fondo, es la encarnación de una protesta salarial histórica protagonizada por trabajadores armados.
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¿Es esta una campaña desde la prisión o un grito político de los sectores más castigados del Estado?
Una postulación cargada de sentido
La prisión preventiva de Amarilla, prolongada por más de 200 días sin condena, se ha transformado en un emblema del disciplinamiento político a los trabajadores de seguridad. Su postulación —desde una celda y en primera persona— resignifica la política como herramienta de defensa de derechos, aunque moleste a los sectores tradicionales del poder.
“Soy un trabajador más, luchador, que no llega a fin de mes”, dice. Pero podría estar hablando en nombre de miles.
Democracia o escarmiento: lo que está en juego
Que un hombre acusado de sedición pueda ser candidato no es una falla del sistema, sino una virtud del Estado de Derecho. Porque si la cárcel sin condena impidiera participar políticamente, estaríamos a un paso del autoritarismo disfrazado de legalidad.
Lo que Amarilla pone sobre la mesa es incómodo: el conflicto social no resuelto, el salario miserable, la persecución selectiva y el miedo a que los trabajadores uniformados alcen la voz.
Plebiscito social
El 8 de junio no se votará solo una lista. Se votará también un mensaje: si la sociedad tolera que quienes defienden sus derechos desde un patrullero o una celda sean silenciados, o si empieza a ver en ellos una voz política legítima.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.