La Justicia federal ordenó 17 allanamientos y detuvo a 16 policías, expolicías y retirados en la causa por la desaparición de Mario Golemba, visto por última vez en 2008 en una comisaría de Dos de Mayo.
La investigación avanzó hacia la hipótesis de una desaparición forzada y busca determinar si existió un “pacto de silencio institucional” para encubrir lo ocurrido.
Después de 18 años de incertidumbre, la causa por la desaparición de Mario Golemba dio uno de sus giros más importantes. La Justicia federal dispuso 17 allanamientos simultáneos y ordenó la detención de 16 personas vinculadas actual o históricamente con la Policía de Misiones, mientras permanece activo el pedido de captura contra otro sospechoso.
Golemba tenía 27 años cuando desapareció el 27 de marzo de 2008. Había salido de su casa en Picada Indumar para realizar una consulta médica y avisó a su familia que regresaría por la tarde, pero nunca volvió.
Ver: https://www.argentina.gob.ar/persona-buscada/golemba
Durante años la investigación transitó distintas hipótesis, entre ellas una desaparición voluntaria o la posibilidad de que hubiera sido víctima de un delito común. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a consolidarse testimonios y elementos que situaban al joven dentro de la Comisaría de Dos de Mayo, donde habría sido detenido y golpeado.
La causa pasó a la Justicia federal en 2021 bajo la hipótesis de desaparición forzada y actualmente se encuentra a cargo de la Fiscalía Federal N.º 2 de Posadas, con intervención de la fiscal interina Silvina Flavia Gutiérrez.
El excomisario y la guardia de aquella noche
Entre los detenidos se encuentra Ewaldo Katz, quien era comisario de la dependencia policial la noche en que Golemba habría sido trasladado esposado hasta la comisaría.
Además, fueron arrestados los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge (actualmente en Seguridad Vial); los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; los radiooperadores Alfredo Lorenzo Ortiz y Cristian Andrés Silva (retirado); y Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra (retirado), Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer (retirado).
Según los elementos incorporados al expediente, distintos testimonios ubican a Katz trasladando a Golemba esposado dentro de la comisaría y posteriormente hacia otro sector del edificio, donde, según la hipótesis sostenida por la querella, habría sido golpeado.
La investigación también intenta determinar si posteriormente el joven fue retirado del lugar en una camioneta policial.
Uno de los datos considerados relevantes es que el procedimiento mediante el cual Golemba habría ingresado a la comisaría no habría quedado asentado oficialmente en los registros.
Ese punto resulta central porque, de confirmarse, podría constituir uno de los primeros indicios de una maniobra posterior destinada a borrar rastros de lo sucedido.
La hipótesis de desaparición forzada
El cambio más profundo de la investigación ocurrió cuando comenzó a considerarse seriamente que Golemba pudo haber sido víctima de una desaparición forzada.
La hipótesis que analiza actualmente la Justicia sostiene que el joven habría sido detenido, golpeado dentro de la dependencia, trasladado posteriormente en un vehículo policial y desaparecido.
Algunos testimonios incorporados al expediente incluso mencionan que habría sido retirado cubierto por una lona o una bolsa negra.
Ese extremo todavía debe ser corroborado judicialmente.
Lo que los investigadores buscan determinar ahora es si, después del supuesto ataque, se puso en marcha una estructura destinada a ocultar lo ocurrido y garantizar que el destino de Golemba permaneciera desconocido.
Un posible “pacto de silencio institucional”
La fiscalía investiga además la posible existencia de un denominado “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la fuerza.
La expresión no es menor.
Ya no se estaría investigando únicamente la eventual responsabilidad individual de quienes pudieron haber intervenido directamente en el hecho, sino también la posible existencia de mecanismos internos de encubrimiento que habrían permitido mantener durante casi dos décadas la falta de respuestas.
En este tipo de investigaciones, el silencio prolongado, la ausencia de documentación, las contradicciones entre testimonios y la eventual desaparición o manipulación de registros pueden adquirir especial relevancia.
La Justicia deberá determinar qué sabía cada uno de los detenidos, cuál fue su participación concreta y si existieron órdenes, acuerdos o conductas destinadas a impedir el esclarecimiento.
Las detenciones, por sí solas, no implican responsabilidad penal definitiva. Todos los involucrados deberán ejercer su derecho de defensa y será la Justicia la que determine eventualmente las responsabilidades individuales.
Dieciocho años después
La magnitud del operativo judicial muestra, sin embargo, que la causa ingresó en una etapa completamente diferente.
Durante años la familia de Golemba reclamó respuestas mientras distintas líneas de investigación se agotaban sin poder establecer qué había ocurrido con el joven.
Ahora el expediente vuelve a concentrarse en la dependencia policial donde habría sido visto por última vez y en quienes prestaban servicio allí.
La investigación cuenta además con la colaboración de organismos especializados como el CRIMIS, la Procuraduría de Violencia Institucional —PROCUVIN— y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas —DOVIC—.
El desafío sigue siendo el mismo que acompaña el expediente desde 2008: establecer qué ocurrió después de que Mario Golemba ingresó a la comisaría de Dos de Mayo y determinar dónde se encuentran sus restos.
Pero después de 18 años, la investigación enfrenta además una segunda pregunta.
Si efectivamente existió una desaparición forzada, ¿cómo fue posible sostener durante tanto tiempo el silencio alrededor de lo ocurrido?
Las 16 detenciones ordenadas ahora por la Justicia federal indican que esa pregunta dejó de ser secundaria.
Puede convertirse en una de las claves principales para comprender todo el caso.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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