La destitución del fiscal Aldo Gerosa en Reconquista no es un hecho aislado. Es solo la punta del iceberg de un Ministerio Público de la Acusación (MPA) plagado de corrupción, armado de causas falsas, extorsión judicial y vínculos con el espionaje ilegal.
Por Alberto Martínez (*)
Desde fiscales que cobran coimas y negocian penas con delincuentes, hasta policías perseguidos con causas truchas por hacer su trabajo, la crisis en el sistema judicial santafesino es insostenible. Sin embargo, en lugar de depurar el sistema, la última reforma legislativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro otorga aún más poder a un organismo ya viciado.
Más poder para los fiscales: la reforma de Pullaro
En lugar de sanear el MPA, la última reforma legislativa promovida por el gobernador Maximiliano Pullaro fortalece las facultades de los fiscales, aumentando su margen de discrecionalidad y otorgándoles aún más herramientas para manipular procesos judiciales a su antojo.
Esta reforma no establece controles efectivos sobre el accionar de los fiscales, lo que significa que seguirán operando sin rendir cuentas. A pesar de las múltiples denuncias de corrupción, armado de causas y connivencia con el narcotráfico, el MPA ha sido blindado políticamente para garantizar su impunidad.
Si los fiscales ya eran intocables, ahora cuentan con una legislación que les otorga aún más poder para decidir a quién investigan, a quién persiguen y a quién protegen.
La reforma de Pullaro consolida un sistema donde los fiscales siguen siendo jueces y parte, con la capacidad de negociar penas, manipular causas, acordar juicios abreviados y hasta perseguir a policías y ciudadanos inocentes con total impunidad.
Un MPA que protege delincuentes y persigue inocentes
El caso de Aldo Gerosa, destituido por su negligencia y revictimización de denunciantes, es solo un eslabón en una larga cadena de fiscales corruptos, inoperantes o directamente cómplices del delito. El MPA no solo deja caer causas, sino que arma expedientes falsos contra aquellos que incomodan a ciertos sectores de poder.
Los casos de Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, procesados por cobrar coimas para proteger el juego clandestino, demostraron que la corrupción está en el corazón del MPA. Pero el problema va mucho más allá de los fiscales que cayeron en desgracia: hay otros tantos que siguen operando con total impunidad.
El escándalo de los juicios abreviados: la extorsión como norma
Uno de los mecanismos más oscuros dentro del MPA es el uso sistemático del juicio abreviado como herramienta de extorsión judicial. A través de acuerdos exprés, fiscales negocian penas mínimas con delincuentes a cambio de confesiones, omitiendo pruebas clave y garantizando condenas ridículas. De la mano con esto y como antesala opera el desvirtuado instituto de la «prisión preventiva» que actúa como verdadera «sala de torturas» que muestra la cara más inhumana del prevaricato.
Policias tambien
Pero lo más grave es que esta maniobra también se ha utilizado para presionar a policías y funcionarios, obligándolos a aceptar condenas injustas para evitar procesos más largos y costosos. Casos como los de Andriozzi y Zancochia entre otros son solo algunos de los que están saliendo a la luz, donde efectivos policiales fueron incriminados en causas armadas, con la única intención de doblegarlos, sacados del medio porque sencillamente molestaban y hacerlos negociar su propia condena.
El juicio abreviado, que debería ser una herramienta de eficiencia judicial, se ha transformado en un mecanismo de persecución, extorsión y corrupción dentro del MPA.
Fiscales al servicio del espionaje ilegal: la banda de Marcelo Sain
Como si todo esto fuera poco, el MPA de Santa Fe también está salpicado por el escándalo del espionaje clandestino, encabezado por Marcelo Sain y su red de fiscales y agentes encubiertos.
Sain, exministro de Seguridad, lideró un aparato ilegal de inteligencia dentro del Estado, utilizando recursos públicos para espiar ilegalmente a jueces, fiscales, periodistas y policías. El objetivo era claro: silenciar opositores, manipular investigaciones y armar operaciones políticas.
Dentro de esa estructura de espionaje, hubo fiscales que prestaron su colaboración para judicializar de manera irregular a quienes eran considerados «enemigos del sistema». Esta red manipuló causas, filtró información sensible y utilizó los recursos del MPA para perseguir a personas por fuera de cualquier marco legal.
El silencio cómplice de la ex fiscal regional de Rosario
La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, ha mantenido una actitud pasiva y un silencio absoluto frente a los escándalos de corrupción que sacuden al MPA.
Iribarren ha sido incapaz de actuar contra los fiscales que se han visto envueltos en maniobras delictivas, permitiendo que el MPA en Rosario se transforme en un refugio de impunidad para aquellos que deberían perseguir el crimen y no ser parte de él.
El caso de Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes manejaban información clave sobre narcotráfico y la filtraban a determinados sectores criminales, no generó ninguna reacción por parte de Iribarren. Su silencio cómplice ha permitido que el sistema continúe operando bajo la lógica de la impunidad.
El armado de causas en Rafaela
En Rafaela, el fiscal Guillermo Castellanos ha sido señalado por fabricar una causa en contra de cuatro policías, con el claro objetivo de destruir sus carreras y someterlos a un proceso injusto. Hay un pedido de enjuiciamiento ante la Legislatura pero nada se3 hizo.
Esta maniobra contó con la complicidad del abogado de Perona, quien operó en la sombra para consolidar una acusación basada en pruebas inconsistentes y testimonios manipulados. La utilización del aparato judicial como una herramienta de disciplinamiento y venganza es una de las prácticas más oscuras dentro del MPA. Por este hecho grave cuatro jefe policiales (Perez, Forni, Bengoechea y Aranda)estuvieron caso un año presos en una unidad penitenciaria).
Lo ocurrido en Rafaela no es un caso aislado. El armado de causas contra policías se ha convertido en una práctica común dentro del MPA, donde fiscales alineados con intereses políticos o criminales utilizan su poder para fabricar expedientes falsos y forzar condenas injustas.
Fiscal denunciado por acoso
Dentro del MPA de Santa Fe, no solo hay fiscales involucrados en corrupción y complicidad con el crimen organizado, sino también en abusos de poder y acoso laboral y sexual.
El fiscal Alejandro Rodríguez ha sido denunciado por varias policías mujeres que aseguran haber sufrido situaciones de acoso de todo tipo por parte del funcionario. A pesar de las denuncias, el MPA ha encubierto su accionar, protegiéndolo de cualquier sanción real y permitiendo que continúe en funciones.
Las víctimas no solo enfrentan la impunidad del sistema, sino también el miedo a represalias, ya que denunciar a un fiscal dentro del MPA es una sentencia de persecución laboral y profesional.
El fiscal regional denunciado por extorsión
El escándalo en el MPA sumó un nuevo capítulo esta semana con la denuncia del juez Banegas contra el fiscal regional Rubén Martínez por extorsión.
El magistrado presentó pruebas que demostrarían cómo Martínez utilizó su cargo para presionar y extorsionar en distintas investigaciones, utilizando el sistema judicial como una herramienta de poder personal.
Este nuevo caso expone el nivel de descomposición dentro del Ministerio Público de la Acusación, donde los fiscales usan sus cargos no para impartir justicia, sino para proteger sus propios intereses y los de quienes les garantizan impunidad.
Baclini en la Corte: el exjefe de los fiscales que filtraba información a Pullaro
Como si el descontrol dentro del MPA de Santa Fe no fuera suficiente, el exjefe de los fiscales, Jorge Baclini, recientemente nombrado como nuevo miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, fue señalado por pasar información reservada de investigaciones en curso al actual gobernador Maximiliano Pullaro cuando este era ministro de Seguridad.
Durante su gestión al frente del MPA, Baclini garantizó protección a fiscales que hoy están en la mira por corrupción, armado de causas y vínculos con el narcotráfico. A su vez, operó como nexo entre el Poder Judicial y el poder político, asegurando que ciertas investigaciones no avanzaran o fueran direccionadas según intereses políticos.
Ahora, con su desembarco en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, su ascenso consolida un pacto de impunidad: aquel que manejó los hilos de la justicia penal santafesina ahora ocupa un lugar en la máxima instancia judicial de la provincia, asegurando que los responsables de la crisis del MPA queden fuera de cualquier tipo de sanción o investigación real.
Con la reforma legislativa de Pullaro que otorga más poder a los fiscales, la llegada de Baclini a la Corte es un blindaje definitivo para un sistema que no busca hacer justicia, sino perpetuar una estructura donde los fiscales corruptos sigan operando sin consecuencias reales.
¿Justicia o un sistema de corrupción institucionalizada?
La situación dentro del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe es insostenible. Los fiscales que deberían garantizar justicia negocian con criminales, arman causas falsas, persiguen policías y manipulan expedientes a conveniencia.
Mientras tanto, los delincuentes verdaderos siguen operando con protección judicial, gracias a fiscales que prefieren mirar para otro lado, firmar acuerdos exprés o, directamente, ser parte del engranaje criminal.
La destitución de Gerosa es solo un primer paso. Pero si el MPA no es limpiado de raíz, la justicia en Santa Fe seguirá siendo un negocio para unos pocos y una condena para los que realmente luchan contra la delincuencia.
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista. Fundador y editor de APROPOL Noticias
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