¿Muerte autoinfligida o suicidio?

Quien nombra no sólo describe: también ordena la realidad, fija sus límites y decide qué preguntas quedan habilitadas. En el lenguaje del poder, las palabras nunca son inocentes. Pueden iluminar un problema o volverlo borroso; pueden abrir una investigación social o clausurarla bajo la apariencia de una fórmula técnica.

Cuando un integrante de una fuerza de seguridad muere en circunstancias que permiten presumir un suicidio, aparece con frecuencia una expresión aséptica: “muerte autoinfligida”. La fórmula parece prudente, profesional, incluso respetuosa. Pero, repetida mecánicamente, suele operar como un eufemismo: desplaza una palabra incómoda —suicidio— y con ella desplaza también la obligación de hablar de lo que la precede.

No se trata de exigir que se suplante la investigación judicial por una afirmación periodística apresurada. Mientras las pericias no concluyan, corresponde informar con precisión que se investiga un posible suicidio. Pero una vez que la hipótesis se encuentra fundada, esconderla tras vocablos administrativos no es prudencia: puede convertirse en una manera de no mirar.

Hay una diferencia relevante. “Autoinfligido” describe que el daño fue producido por la propia persona; “suicidio” nombra una muerte vinculada con la decisión de poner fin a la vida. En el lenguaje clínico, jurídico y preventivo, ambos términos pueden tener usos específicos. La propia Ley Nacional 27.130 habla de “acción autoinfligida” para definir el intento de suicidio. No hay, por tanto, una palabra prohibida ni una expresión intrínsecamente ilegítima.

El problema aparece cuando el tecnicismo deja de servir para precisar y pasa a servir para velar. Cuando “muerte autoinfligida” se usa como sustituto automático de suicidio en un comunicado institucional, no agrega información: la retacea. Convierte una cuestión humana, sanitaria, laboral e institucional en un hecho aislado, descontextualizado y casi administrativo. Una muerte sin sujeto, sin historia, sin entorno y, sobre todo, sin preguntas incómodas.

Porque decir “suicidio” obliga a preguntar. Obliga a preguntarse por el padecimiento que pudo existir antes; por las jornadas prolongadas, los recargos, el descanso insuficiente, el hostigamiento, la violencia jerárquica, las sanciones arbitrarias, los traslados compulsivos, el miedo a pedir ayuda, la soledad y el estigma que pesa sobre quien admite que no puede más. Obliga también a revisar si existen dispositivos de salud mental realmente accesibles, confidenciales e independientes de la cadena de mando.

Las fuerzas de seguridad tienen una cultura particular frente al sufrimiento. Se espera del policía, del penitenciario, del gendarme o del prefecto una disponibilidad permanente, dominio emocional y capacidad de resistir situaciones extremas. Pedir ayuda suele ser leído como una falla moral o profesional. Y el trabajador teme —muchas veces con razón— que una consulta de salud mental afecte su destino, su portación de arma, sus calificaciones, sus adicionales o su consideración ante los superiores.

Ese silencio no es neutro. Es parte del problema.

Sería irresponsable atribuir cada suicidio a una única causa laboral o institucional. El suicidio es un fenómeno complejo, multicausal y singular; reducirlo a una explicación lineal también sería una forma de negar la realidad. Pero reconocer esa complejidad no habilita a eximir a las instituciones de su deber de prevención. Por el contrario: cuanto más complejo es un problema, más profunda debe ser la respuesta.

La Ley Nacional de Prevención del Suicidio Nº 27.130, declara de interés nacional la atención biopsicosocial, la investigación, la capacitación para detectar situaciones de riesgo y la asistencia a familiares. Su objetivo explícito es reducir la incidencia y prevalencia del suicidio mediante prevención, asistencia y posvención. No habla de ocultamiento. No propone que la institución se limite a cerrar un expediente, acompañar un féretro y seguir como si nada hubiera ocurrido.

La posvención merece especial atención. Después de un suicidio, la responsabilidad no termina con las pericias. Comienza una tarea difícil: acompañar a la familia sin abandono ni burocracia; cuidar a los compañeros que quedan afectados; evitar rumores, culpas y estigmas; analizar si existieron señales de advertencia y corregir las condiciones que pudieron haber agravado una crisis. En una institución jerárquica, esa revisión debe ser seria, protegida y capaz de alcanzar a la cadena de mando cuando corresponda.

No se trata de buscar culpables automáticos ni de convertir el dolor en una bandera oportunista. Se trata de rechazar la comodidad institucional de reducirlo todo a un problema individual. La persona tenía una vida propia, vínculos, decisiones y padecimientos que merecen respeto. Pero también trabajaba dentro de una organización que administra horarios, licencias, traslados, sanciones, armas, presiones y formas de trato. Esa organización no puede declararse ajena a todo lo que sucede con quienes la sostienen.

Nombrar el suicidio no significa espectacularizarlo. El tratamiento responsable exige no divulgar métodos, no reproducir escenas, no construir relatos morbosos ni presentar el hecho como inevitable. Las recomendaciones oficiales para medios insisten, además, en brindar información de ayuda y prevención.

Pero evitar el sensacionalismo no es lo mismo que practicar el silencio. Una prensa responsable no convierte el suicidio en espectáculo; tampoco lo diluye hasta hacerlo desaparecer del debate público. Informa con cuidado, protege a las personas involucradas y sostiene la pregunta de fondo: ¿Qué políticas concretas existen para prevenirlo?

La discusión, entonces, no es meramente semántica. “Muerte autoinfligida” puede ser un término técnico válido en un contexto preciso. Pero cuando ocupa el lugar de “suicidio” para evitar toda conversación sobre salud mental, condiciones laborales y responsabilidad estatal, deja de ser precisión y se vuelve anestesia.

Hay palabras que incomodan porque obligan a actuar. Suicidio es una de ellas. Y tal vez por eso algunos prefieran no pronunciarla.

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“Quien quiera oír que oiga”