El Gobierno nacional destinó más de $2.000 millones durante 2025 a los operativos federales desplegados frente al Congreso. En algunas jornadas, el dispositivo movilizó a más de mil efectivos para contener protestas reducidas, mayoritariamente pacíficas y protagonizadas por adultos mayores.
El Gobierno nacional repite que “no hay plata” para aumentar jubilaciones, sostener medicamentos gratuitos o recomponer los ingresos de quienes trabajaron durante toda su vida. Sin embargo, durante 2025 destinó más de 2.000 millones de pesos a desplegar fuerzas federales contra las manifestaciones de jubilados realizadas frente al Congreso.
Los datos fueron difundidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que calculó que el dinero utilizado por el Ministerio de Seguridad para estos operativos equivale aproximadamente a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido, tomando como referencia el promedio correspondiente a ese año.
La comparación expone una contradicción difícil de justificar: mientras se argumenta que las cuentas públicas impiden mejorar los haberes previsionales, aparecen recursos millonarios para movilizar policías, gendarmes, prefectos, vehículos, equipos antidisturbios, gases, escudos y carros hidrantes contra grupos reducidos de personas mayores.
Más de mil efectivos para una protesta
El operativo más numeroso y costoso se realizó el 12 de marzo de 2025, jornada en la que participaron 1.266 integrantes de distintas fuerzas federales.
Durante aquella protesta resultó gravemente herido el fotoperiodista Pablo Grillo, alcanzado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno disparada por un integrante de Gendarmería Nacional.
El cabo Héctor Guerrero fue acusado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas agravado. La investigación también procura determinar si existieron responsabilidades superiores dentro de la cadena de mando y en la planificación del operativo.
De acuerdo con la información difundida, de los más de 2.000 millones de pesos utilizados durante el año, unos 35 millones fueron destinados a combustible. El resto, cerca del 96%, habría sido imputado a gastos de equipos de la Policía Federal Argentina, sin que se brindaran mayores detalles públicos sobre su composición.
El absurdo de militarizar cada miércoles
Durante 2025 hubo 43 protestas de jubilados con intervención de fuerzas federales. Según los registros reunidos por organizaciones sociales, sanitarias y de derechos humanos, al menos 28 terminaron con acciones represivas.
En ese contexto se contabilizaron:
- 149 detenciones denunciadas como arbitrarias.
- Al menos 501 personas heridas.
- Lesiones provocadas por balas de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos y carros hidrantes.
El dato político más significativo no es solamente cuánto se gastó, sino para qué se gastó.
En numerosas jornadas, los operativos fueron montados frente a concentraciones de apenas algunas decenas de jubilados que reclamaban pacíficamente por sus haberes, medicamentos y condiciones de vida.
Enviar cientos de agentes armados y equipados para enfrentar a treinta, cuarenta o cincuenta adultos mayores no representa fortaleza estatal. Expresa una preocupante pérdida de proporcionalidad, criterio operativo y racionalidad política.
Efectivos expuestos por decisiones políticas
También debe decirse algo que frecuentemente queda oculto detrás de las imágenes de los incidentes: los trabajadores policiales y de seguridad son utilizados como la cara visible de decisiones adoptadas por funcionarios que observan los operativos desde sus despachos.
El personal recibe órdenes, integra formaciones, permanece durante horas bajo tensión y luego queda expuesto administrativa, judicial y públicamente cuando el dispositivo fracasa o se producen abusos.
Los responsables políticos diseñan el operativo. Las conducciones superiores transmiten las órdenes. Pero cuando aparecen heridos, detenidos o imágenes escandalosas, muchas veces la responsabilidad termina concentrada exclusivamente en el agente que estaba en la línea de choque.
Esto no exime a nadie de responder por conductas ilegales. Significa que también debe investigarse la cadena de mando, las órdenes impartidas, los protocolos aplicados, la proporcionalidad del despliegue y la decisión política que convirtió una protesta social en un supuesto problema de seguridad nacional.
La seguridad no puede ser una escenografía
La seguridad pública debe proteger personas, prevenir delitos y garantizar derechos. No puede transformarse en una gigantesca escenografía semanal destinada a exhibir autoridad frente a jubilados que reclaman por no poder comprar alimentos o medicamentos.
Un gobierno que sostiene que no existen recursos para mejorar una jubilación mínima no puede desplegar más de mil efectivos, gastar millones de pesos y paralizar el centro de la Capital para contener a un pequeño grupo de manifestantes pacíficos.
La pregunta es sencilla:
¿No hay plata para los jubilados o se decidió gastar esa plata en reprimirlos?
Cuando un Estado invierte más en silenciar el reclamo que en atender sus causas, deja de administrar un conflicto social y comienza a fabricar un problema institucional.
La firmeza no consiste en empujar ancianos, gasear periodistas o llenar las calles de uniformes. La verdadera autoridad se demuestra escuchando, resolviendo y utilizando los recursos públicos con razonabilidad.
Todo lo demás es propaganda de orden, pagada —como siempre— por quienes menos tienen.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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