Policías de Santa Fe denuncian que son comisionados a operativos ordenados por autoridades comunales o municipales sin respaldo judicial ni claridad sobre quién toma la decisión.
Por Alberto Martínez (*)
Reclaman el derecho básico a saber quién da la orden, en qué marco legal se inscribe y si existe respaldo documental. Sin legalidad, no hay obediencia debida que los ampare.
La seguridad no se improvisa: exigimos claridad en las órdenes
Crecen los casos en los que personal policial es requerido para participar en procedimientos municipales —como controles de tránsito, desalojos o intervenciones en el espacio público— sin contar con información precisa sobre quién los ordena, con qué atribuciones, y bajo qué sustento legal.
La preocupación no es menor: participar en un operativo irregular puede exponer al efectivo a sanciones administrativas, penales y civiles. Nadie quiere pagar con su carrera —o su libertad— por una orden verbal o una medida dudosa firmada por un funcionario municipal sin competencia.
El caso de La Florida: un botón de alerta
El reciente desalojo de una vivienda frente al balneario La Florida en Rosario reavivó las alarmas. El procedimiento, con presencia policial, se habría realizado sin orden judicial y bajo directivas de funcionarios comunales. ¿Quién firmó la medida? ¿Cuál fue el encuadre jurídico? ¿Dónde quedó asentado?
El operativo fue informado por medios locales, pero aún no se ha exhibido públicamente una orden judicial que respalde la acción.
El reclamo policial: protocolos claros, órdenes escritas y legalidad garantizada
Desde distintos puntos de la provincia, efectivos nos hacen llegar el mismo reclamo:
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Que se les informe con claridad quién da la orden.
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Que se acredite por escrito la legalidad de la medida.
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Que no se los exponga a procedimientos irregulares.
La consigna es sencilla y justa: ningún policía debe actuar sin saber quién lo manda, por qué lo manda y con qué respaldo normativo lo hace. Porque después, cuando todo explota, el que queda solo frente al expediente es el policía de a pie.
¿Dónde empieza la obediencia y dónde termina la legalidad?
El principio de obediencia debida no alcanza para cubrir las espaldas cuando se violan derechos. La ley exige al personal policial actuar conforme a derecho, y también le permite abstenerse de cumplir órdenes manifiestamente ilegales o arbitrarias.
La Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe y los reglamentos son claros en esto. Por eso, actuar sin respaldo escrito o en contextos jurídicamente difusos no solo es un riesgo operativo, sino también una trampa legal.
Exhortamos al Ministerio de Seguridad y a las jefaturas policiales:
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Que se garantice que toda orden se emita por escrito y con respaldo normativo.
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Que se informe al personal sobre el carácter legal de cada procedimiento.
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Que se limite o rechace la participación policial en operativos municipales sin intervención judicial.
La función policial no puede ser utilizada como fuerza de choque de intendencias ni brazo ejecutor de medidas improvisadas. Exigimos respeto institucional, legalidad y responsabilidad.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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