«Nos formaron como policías y ahora quieren cambiarnos de escalafón»: el reclamo de 59 agentes que siguen esperando respuestas

«Nos formaron como policías y ahora quieren cambiarnos de escalafón»: el reclamo de 59 agentes que siguen esperando respuestas

Mientras la Policía de Santa Fe reclama más personal para patrullar las calles, un grupo de jóvenes agentes denuncia encontrarse atrapado en una situación tan extraña como inexplicable.

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Es que completaron su formación, aprobaron las materias exigidas, fueron incorporados a la fuerza y trabajaron durante meses, pero continúan sin conocer oficialmente por qué fueron apartados de las funciones operativas para las que se prepararon.

Según el testimonio recibido por este medio, la situación se remonta al egreso de la última promoción de funcionarios policiales.

De los 808 efectivos que finalizaron la formación, aproximadamente 350 fueron separados del resto para someterse a evaluaciones psicológicas complementarias realizadas en dependencias de Medicina Legal.

Las entrevistas incluían preguntas vinculadas al cursado, características personales, temores, fortalezas y aspectos de la personalidad. Tras ese proceso, 291 agentes fueron habilitados para portar armamento reglamentario y desempeñar funciones policiales operativas, mientras que otros 59 quedaron apartados para cumplir «tareas diferentes».

Lo llamativo es que, según denuncian los afectados, nunca recibieron una explicación formal sobre los fundamentos de esa decisión.

Meses de incertidumbre

La situación se prolongó durante semanas. Algunos de los agentes fueron destinados inicialmente a dependencias donde cumplían jornadas completas sin tareas concretas asignadas.

Posteriormente comenzaron las reasignaciones hacia distintos destinos administrativos y centros de monitoreo, incluyendo Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, Santo Tomé y Esperanza.

Sin embargo, el reclamo principal continúa siendo el mismo: «Jamás nos dieron una respuesta», aseguran.

Los agentes sostienen que realizaron consultas telefónicas, gestiones personales, reclamos administrativos e incluso recurrieron a asesoramiento jurídico sin obtener una explicación clara por parte de las áreas responsables.

Del patrullaje al cambio de escalafón

La situación tomó un nuevo giro en las últimas horas.

Según denuncian, comenzaron a recibir notificaciones para iniciar el trámite de cambio de escalafón desde Seguridad hacia el escalafón Técnico.

Para los afectados, la medida implica una modificación sustancial de la carrera profesional para la cual se formaron durante dos años.

«Cumplimos con todas las exigencias académicas, aprobamos las materias y seguimos sin saber por qué se tomó esta decisión», expresan.

El dato que genera más interrogantes

Los denunciantes afirman que mientras ellos continúan apartados de las funciones operativas por supuestas observaciones psicológicas que nunca les fueron explicadas formalmente, otros aspirantes que habían quedado excluidos por razones académicas recibieron nuevas oportunidades para regularizar materias pendientes debido a la necesidad de incorporar personal a la calle.

La situación plantea una pregunta inevitable: Si existe una necesidad urgente de efectivos operativos, ¿por qué 59 agentes formados y ya incorporados a la fuerza continúan sin recibir una respuesta definitiva sobre su situación?

Reclamo por transparencia

Más allá de la discusión técnica sobre la aptitud psicológica para el servicio policial, el planteo central de los afectados parece apuntar a otro aspecto.

No cuestionan la existencia de controles.

No cuestionan las evaluaciones.

No cuestionan la necesidad de determinar aptitudes para portar armas o desempeñar funciones de seguridad.

Lo que reclaman es algo mucho más básico: Conocer los fundamentos de las decisiones que afectan su carrera profesional.

En cualquier procedimiento administrativo moderno, especialmente cuando se encuentran comprometidos derechos laborales, expectativas de carrera y proyectos de vida, la motivación de los actos administrativos constituye una garantía esencial.

Por eso el reclamo trasciende a estos 59 agentes.

La cuestión de fondo es si resulta aceptable que funcionarios públicos incorporados formalmente a la fuerza policial permanezcan durante meses sin conocer claramente las razones que determinaron una decisión que puede modificar de manera permanente su futuro profesional.

Desde este espacio quedamos abiertos a recibir documentación, notificaciones, resoluciones y cualquier otra información oficial que permita esclarecer una situación que, lejos de encontrar respuestas, parece sumar cada vez más interrogantes.

(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.

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