
Hasta dónde los números son realmente positivos. Esa es la pregunta que se impone cuando se observa, en la práctica diaria, el viraje que la gestión de Maximiliano Pullaro y su ministro Pablo Cococcioni ha impuesto sobre la fuerza policial.
Por Mercedes «Mecha» Iñiguez (*)
Los números que difunden —de detenciones, procedimientos y “operativos exitosos”— están profundamente manipulados. Se ha producido un cambio radical en la forma de trabajo: se saca a personal inexperto a la calle (excepto, claro, “los hijos o parientes de”), se sobreexige a grupos operativos, y se instala una lógica de competencia interna para alcanzar cuotas estadísticas. Lo que en los papeles parecen avances, en el territorio son retrocesos.
Situaciones que estaban fuera de uso vuelven a aparecer con inquietante frecuencia:
Jóvenes en situación de calle que se “entregan” por delitos que no cometieron, a cambio de un techo y un plato de comida.
Procedimientos armados sobre el primer pibe que encuentran tras un breve patrullaje, sin investigación real, ni garantías mínimas.
Calificaciones penales mal aplicadas (como “robo calificado” por romper un tejido), que transforman un acto menor en un expediente judicial que arruina vidas.
Este mecanismo no es casual. Se exige a los jefes de comisarías “40 chequeos por semana”, se llenan planillas, se acumulan supuestos “positivos” que inflan los partes, pero se vacía de contenido legal y humano la actuación policial.
Todo esto ocurre en un contexto de salarios congelados, falta de recursos básicos, uniformes impagos y móviles averiados, pero con abundante dinero para sostener la pauta oficial en medios de comunicación. Una gestión permanentemente en campaña, que convierte la inseguridad en marketing y a los trabajadores en piezas descartables.
Y en el medio, los más vulnerables: pibes pobres, sin saber leer ni escribir, que terminan imputados por delitos que no cometieron. Así se alimentan las estadísticas. Así se fabrica el “éxito” de gestión.
(*) «Mecha» es personal policial de Santa Fe en actividad
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