Ocho policías acusados de allanamiento ilegal y robo fueron imputados y recuperaron la libertad

Rosario – Una vivienda, cuatro decenas de miles de pesos y prendas sustraídas, y el accionar que sacude a la fuerza.

Por Ruben Pombo (*)

En un operativo que deja más preguntas que respuestas, ocho efectivos del Comando Radioeléctrico (CRE) fueron imputados por presunta participación en un allanamiento ilegal y el posterior robo de $40.000 en efectivo y ropa para la venta. Tras la audiencia, los agentes recuperaron la libertad, medida que avivó el malestar y la incredulidad en los sectores críticos a la gestión del orden interno.

Según consta en la carpeta judicial, una mujer que vive en la zona norte de Rosario denunció que personal de seguridad se hizo presente en su domicilio bajo la excusa de realizar una averiguación de identidad, según lo previsto en el artículo 10 bis de la ley provincial 7.395.

La denunciante, identificada como Ana G., relató que sus datos fueron tomados, pero luego, sin orden formal de allanamiento, varios policías ingresaron al inmueble “con violencia, sin presentación y sin proporcionar fundamentos”, y sustrajeron dinero y prendas que la mujer tenía como mercadería destinada a la venta.

Durante los primeros minutos posteriores al procedimiento, los agentes actuantes habrían estado identificados como pertenecientes al CRE, y trasladaron al afectado al interior del domicilio, donde otros efectivos registraron el lugar. Mientras tanto, la mujer y sus hijos permanecían dentro, sin explicación ni asistencia.

Según los cargos fiscales, los efectivos implicados son: Carlos M., Federico R., María L., Javier S., Patricia H., Ricardo T., Vanesa P. y Gonzalo D. El fiscal del caso, Dr. Hugo A., sostuvo que la actitud de los agentes encuadra en el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, más los agravantes del ingreso ilegítimo a domicilio y el apoderamiento de bienes ajenos.

El juez de la audiencia, Rodrigo Santana, decidió concederles la libertad bajo caución y fianza. En su resolución, ponderó la inexistencia de antecedentes penales de los imputados y la posibilidad de sustraerles el arma reglamentaria en caso de condicionar la libertad. Sin embargo, sostuvo que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En realidad ya no tienen donde poner tantos policías detenidos y se quedan sin policía.

Desde el ámbito de la policía provincial se informó que “se colabora plenamente con la Justicia” y que los agentes fueron separados de sus puestos hasta tanto se avance en la causa.

El episodio reaviva el debate sobre los controles internos en la fuerza policial, el uso de mecanismos de “averiguación” que pueden transformarse en allanamientos encubiertos y la fragilidad de los derechos de los ciudadanos frente al poder estatal. Y plantea un desafío clave para cualquier fuerza de seguridad que aspire no solo a imponer orden, sino a garantizar justicia y confianza.

Un síntoma de algo más profundo

Más allá del caso puntual y de la responsabilidad individual que determine la Justicia, estos episodios se inscriben en un clima institucional donde el poder político instaló una lógica de “resultados a cualquier costo”. Bajo esa presión —entre cupos, metas impuestas y operativos para la tribuna— se va incubando un terreno fértil para desvíos, abusos y decisiones desesperadas. La Doctrina de la Sospecha Permanente convierte a cada encuentro entre policía y ciudadano en un potencial conflicto, y a cada policía en un engranaje de una maquinaria que premia la productividad punitiva por encima del profesionalismo. Cuando el Estado gobierna desde la sospecha, el margen para la arbitrariedad se agranda, y los casos como este dejan de ser anomalías para convertirse en síntomas de un modelo que empuja a la fuerza hacia prácticas que dañan a la sociedad… y también a la propia institución.

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