La TAP sigue llegando con más de un mes de atraso mientras la inflación continúa deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores policiales. APROPOL reclama una urgente regularización.
La demora en la acreditación de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP – Vigi-Card) volvió a generar preocupación entre los efectivos de la Policía de Santa Fe.
Durante las últimas horas, personal que realizó consultas en el área de Informática de la Unidad Regional I recibió una respuesta que encendió nuevamente las alarmas: recién se encuentran procesando los pagos correspondientes al mes de mayo, cuando el calendario ya transita los últimos días de junio.
La situación no constituye un hecho menor.
La TAP no es un premio ni un adicional extraordinario. Se trata de un beneficio destinado a la alimentación del trabajador policial y de su grupo familiar, razón por la cual su pago oportuno resulta indispensable para miles de hogares.
Cada semana de demora implica que numerosos efectivos deban afrontar con recursos propios gastos que el Estado ya reconoció como necesarios.
En un contexto económico caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo, inflación persistente y creciente costo de los alimentos, estos atrasos generan un impacto directo sobre la economía familiar del personal policial.
Desde APROPOL venimos advirtiendo desde hace tiempo que los problemas salariales no se limitan únicamente al monto de los haberes.
También forman parte del salario real la puntualidad en los pagos, el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y la previsibilidad que necesita cualquier trabajador para organizar la economía de su hogar.
Cuando beneficios básicos destinados a la alimentación comienzan a pagarse con más de un mes de atraso, el Estado termina trasladando su propio problema financiero a quienes diariamente sostienen el servicio policial.
En los hechos, son los trabajadores quienes terminan financiando al Estado.
Esta situación se suma a otras dificultades que afectan al personal: salarios deteriorados, incrementos insuficientes frente a la inflación, demoras administrativas, problemas con adicionales, prestaciones médicas cuestionadas y crecientes exigencias laborales.
El resultado es un escenario de profundo desgaste que repercute no sólo en la calidad de vida de los policías y sus familias, sino también en el funcionamiento de la propia institución.
APROPOL considera indispensable que el Ministerio de Justicia y Seguridad adopte medidas inmediatas para normalizar la acreditación de la Tarjeta Alimentaria Policial y garantice un cronograma de pagos cierto y permanente.
Porque cuando se demora un beneficio alimentario, no se retrasa simplemente una transferencia bancaria.
Se afecta la mesa de miles de familias policiales.
Y esa nunca debería ser una variable de ajuste.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe..
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