En la Policía de la Provincia de Santa Fe se repite una práctica que, lejos de ser un hecho aislado, parece haberse naturalizado como mecanismo cotidiano de disciplinamiento: la negativa sistemática a los pedidos de traslado en permuta, aun cuando se cumplen todos los requisitos formales y no existe perjuicio alguno para la institución.
Por Marcos Anglada
Los documentos a los que accedió este medio muestran un caso testigo. Dos subinspectores solicitaron formalmente una permuta, es decir, un intercambio de destinos consensuado entre ambas partes, con conformidad de las jefaturas intermedias y sin afectar la dotación numérica de personal en ninguna dependencia. Sin embargo, pese a reunir todas las condiciones administrativas, la Jefatura de la Unidad Regional I resolvió “no hacer lugar a lo solicitado”, sin fundamentar razones concretas, técnicas ni operativas.

La permuta es, en términos simples, una herramienta legítima de organización interna: nadie gana ni pierde efectivos, no se genera vacante, no hay costo presupuestario, y suele responder a motivos personales, familiares, de salud o económicos. Justamente por eso resulta aún más grave su rechazo arbitrario: cuando el Estado no da explicaciones, lo que queda es la sensación —cada vez más extendida entre el personal— de que se trata de un castigo encubierto o una forma de control discrecional.
Lo más preocupante es que este no es un caso excepcional. Según múltiples testimonios, muchas solicitudes de permuta ni siquiera se tramitan, quedan “cajoneadas” sin expediente, sin respuesta escrita, sin posibilidad real de reclamo. En otros casos, se inicia el trámite pero se frena en algún nivel jerárquico, donde la decisión se vuelve puramente política o personal.
Este tipo de prácticas encajan perfectamente en lo que desde APROPOL venimos señalando desde hace años: una lógica de abuso de autoridad administrativo, donde el poder jerárquico se ejerce sin reglas claras, sin criterios objetivos y sin control externo. La consecuencia es siempre la misma: trabajadores sometidos a decisiones arbitrarias, sin canales efectivos de defensa y con derechos laborales recortados de hecho.
Negar una permuta sin fundamentos no es un detalle burocrático: es una forma de cercenar el derecho a organizar la propia vida, de condicionar proyectos familiares, de profundizar el desgaste emocional y de reforzar una cultura institucional basada en el miedo y la sumisión. No hay gestión moderna posible cuando las decisiones se toman sin transparencia y sin respeto por las personas.
Mientras se habla de profesionalización, bienestar y recursos humanos, en la práctica cotidiana persiste un modelo donde el traslado —que debería ser una herramienta de gestión racional— se convierte en una herramienta de castigo discrecional. Otro síntoma más de un sistema que parece funcionar mejor para controlar a su personal que para cuidarlo.
APROPOL Noticias

¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora