La oferta contempla un incremento acumulado del 10,1 % durante el segundo semestre, con mínimos garantizados que van desde los 80.000 hasta los 180.000 pesos. El Gobierno asegura que los trabajadores de menores ingresos podrán alcanzar una mejora semestral del 15,5 %. Policías y penitenciarios, sin representación propia en la negociación.
Los gremios UPCN y ATE aceptaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe para los trabajadores de la administración pública provincial durante el segundo semestre de 2026. No fue negociado, discutido ni aceptado por ninguna organización representativa del personal policial o penitenciario. Estos trabajadores continúan sin contar con una instancia paritaria propia ni con representantes elegidos específicamente para intervenir en la definición de sus salarios y condiciones laborales.
Aunque el Gobierno extienda posteriormente los aumentos a las fuerzas de seguridad y al Servicio Penitenciario, esa aplicación no convierte al acuerdo en una paritaria policial o penitenciaria. Se trata de una decisión adoptada en una mesa ajena, cuyos participantes no poseen mandato del personal uniformado.
Por esa razón, policías y penitenciarios siguen siendo alcanzados por políticas salariales que otros negocian en su nombre, sin haberles otorgado representación, voz ni voto.
La situación vuelve a exponer una desigualdad persistente: se les exige disponibilidad permanente, disciplina reforzada, jornadas extraordinarias y exposición al riesgo, pero se les niega la posibilidad de participar colectivamente en la discusión de sus propios ingresos y condiciones de trabajo.
La decisión quedó firme luego de los procesos internos realizados por ambas organizaciones. En UPCN, la aceptación alcanzó el 69 % de los votos, mientras que el 31 % se pronunció por el rechazo. En ATE, la propuesta obtuvo el respaldo del 61 %, frente a un 28,5 % de rechazo y un 10,5 % de abstenciones.
Desde ATE definieron la aprobación como una aceptación “en disconformidad”, en medio de una situación económica considerada particularmente difícil. La organización valoró, además, que el próximo 5 de agosto se retomen las discusiones vinculadas con las titularizaciones y las condiciones de trabajo.
Aumentos escalonados hasta diciembre
La política salarial acordada contempla un incremento acumulado del 10,1 %, distribuido en seis tramos mensuales:
- Julio: 2 %.
- Agosto: 1,8 %.
- Septiembre: 1,7 %.
- Octubre: 1,6 %.
- Noviembre: 1,5 %.
- Diciembre: 1,5 %.
El esquema incorpora mínimos garantizados para evitar que los aumentos porcentuales representen sumas demasiado bajas para quienes se encuentran en los sectores inferiores de la escala salarial.
Los pisos establecidos serán de 80.000 pesos en julio; 100.000 pesos en agosto y septiembre; 130.000 pesos en octubre y noviembre; y 180.000 pesos en diciembre.
Cuando el porcentaje aplicado sobre el salario resulte inferior al mínimo previsto para cada etapa, el trabajador deberá percibir la suma garantizada.
Todos los incrementos tendrán incidencia sobre el sueldo anual complementario.
El Gobierno habla de aumentos de hasta el 15,5 %
La administración provincial sostuvo que, por efecto de los mínimos garantizados, una parte importante de los agentes estatales —especialmente quienes cobran los salarios más bajos— podrá alcanzar una mejora semestral de hasta el 15,5 %.
Según la información oficial, al sumar los aumentos concedidos durante la primera mitad del año, la recomposición anual podría llegar al 36 % en esos casos.
Sin embargo, ese porcentaje no será uniforme para todo el personal. El resultado final dependerá del sueldo de cada trabajador, su categoría, los suplementos que perciba y la incidencia concreta de los pisos mínimos.
Compensación por la inflación del primer semestre
Otro de los puntos anunciados es la revisión de los aumentos otorgados durante los primeros seis meses de 2026.
El Gobierno provincial señaló que ningún trabajador debería haber recibido una recomposición inferior al 17,1 %, porcentaje informado como inflación acumulada durante ese período.
Por ese motivo, se analizará cada caso y se abonará mediante una planilla complementaria correspondiente al salario de junio la diferencia que pudiera existir para quienes no hayan alcanzado ese porcentaje.
Los propios dirigentes gremiales indicaron que serían pocos los empleados públicos ubicados por debajo de esa referencia, debido a la aplicación de los mínimos garantizados anteriores.
Una aceptación condicionada por el contexto
El secretario general de UPCN, Jorge Molina, calificó la oferta como “considerable” dentro del contexto económico que atraviesan la actividad privada y el sector público nacional.
Desde ATE, Marcelo Delfor sostuvo que la propuesta resultaba “razonable”, aunque reconoció las dificultades existentes para recuperar el poder adquisitivo de los salarios.
El acuerdo incluye una instancia de revisión, pero no establece una actualización automática ligada a la inflación. Esto significa que, si el costo de vida supera los aumentos acordados, los gremios y el Gobierno deberán volver a reunirse para analizar una eventual compensación.
La situación del personal policial y penitenciario
La aceptación fue resuelta por UPCN y ATE dentro de la Comisión Paritaria Central de la administración pública. El personal policial y penitenciario continúa sin contar con una representación colectiva propia que pueda intervenir directamente en la discusión de sus salarios, condiciones laborales, jornadas, suplementos y riesgos profesionales.
Aunque las decisiones salariales provinciales terminan proyectándose sobre distintos sectores estatales, policías y penitenciarios siguen dependiendo de resoluciones adoptadas por el Poder Ejecutivo y de negociaciones en las que no participan mediante representantes elegidos específicamente por ellos.
La discusión, por lo tanto, no se limita al porcentaje concedido. También vuelve a poner sobre la mesa quiénes tienen voz al momento de definir las condiciones laborales de trabajadores sometidos a disponibilidad permanente, regímenes disciplinarios especiales, jornadas extensas y tareas de alto riesgo.
El aumento comenzará a aplicarse con los salarios correspondientes a julio y regirá, salvo una eventual revisión, hasta diciembre de 2026.
El título mantiene el dato central y el cierre introduce la mirada específica de APROPOL sin alterar la información objetiva del acuerdo.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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