El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que su gestión compensará la diferencia entre los aumentos acordados en paritarias y la inflación acumulada en el primer trimestre del año.
Una medida que pretende sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos. Sin embargo, este anuncio vuelve a dejar a la vista una injusticia histórica: los trabajadores policiales siguen fuera de la mesa paritaria.
Los trabajadores policiales, sin voz ni voto
A diferencia del resto de los empleados estatales, las fuerzas de seguridad no cuentan con paritarias propias ni mecanismos institucionalizados para discutir sus condiciones laborales y salariales. Esto significa que, mientras otros gremios negocian aumentos y condiciones de trabajo, los policías —quienes arriesgan la vida en cada jornada— siguen dependiendo de decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
La propuesta de APROPOL: aplicar la Ley 12.913
Desde APROPOL, el gremio que defiende los derechos de los trabajadores policiales y penitenciarios, se viene exigiendo desde hace años la aplicación de la Ley 12.913, una normativa vigente en Santa Fe que habilita la creación de un «Comité de salud y Seguridad en el trabajo». Este órgano permitiría institucionalizar el diálogo entre el Estado y los representantes del personal policial, en un marco legal y respetuoso de la función que cumplen.
“No pedimos privilegios, pedimos lo mismo que se garantiza a cualquier otro trabajador del Estado: el derecho a ser escuchado, a negociar y a vivir con dignidad”, expresaron desde APROPOL.
¿Qué cambia si se aplica esta ley?
Con la implementación de la Ley 12.913, los policías tendrían una herramienta para discutir sus salarios, condiciones laborales, licencias, traslados y todo lo que hoy se les impone sin consulta. Se terminaría con el manejo discrecional que muchas veces genera desigualdades, injusticias y malestar dentro de la institución.
Una deuda con quienes sostienen la seguridad
No hay seguridad pública posible si quienes la garantizan están excluidos, precarizados y silenciados. La paritaria no es un privilegio: es una deuda que la democracia argentina todavía tiene con sus policías. Aplicar la Ley 12.913 es el primer paso para saldarla.
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