«Santa Fe descontará el día a docentes y empleados públicos que no trabajen durante el paro general del 10 de abril.» La noticia, publicada por La Capital, generó una ola de reacciones.
Por Alberto Martínez (*)
El Gobierno provincial ratificó su decisión de aplicar descuentos a quienes adhieran a la jornada de protesta convocada por las centrales sindicales. Y con esto, se reavivó un viejo debate: ¿es legal descontar el salario por ejercer el derecho a huelga?
Docentes, personal de la administración pública provincial y empleados estatales en general. También, funcionarios del gobierno de Santa Fe, que ejecutarán la medida.
Una jornada de paro general, impulsada por los gremios, en respuesta a políticas económicas nacionales y provinciales que afectan el salario, el empleo y la calidad de vida. El gobierno santafesino anunció que descontará el día no trabajado, lo que generó el repudio de distintos sectores.
El 10 de abril de 2025, día de paro general en todo el país y la provincia de Santa Fe no es excepción ni caso aislado: medidas similares se han tomado en otras jurisdicciones argentinas.
Según el Gobierno, quien no trabaja no cobra. Según los gremios, se castiga un derecho constitucional y se intenta desincentivar la protesta social.
El repudio no tardó en llegar
La decisión del Gobierno de Maximiliano Pullaro fue ampliamente repudiada por gremios docentes, estatales y organizaciones de derechos humanos. La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), ATE y otras agrupaciones señalaron que el descuento «es una represalia encubierta» que busca desmovilizar y generar miedo entre los trabajadores.
“Descontar por hacer paro es tan autoritario como pedir permiso para protestar”, disparó una dirigente sindical en una asamblea.
“La medida no solo es injusta, sino que atenta contra el ejercicio real del derecho a huelga”, denunció también un comunicado de CTA Santa Fe.
El repudio incluyó a sectores universitarios, centros de estudiantes y agrupaciones civiles que advirtieron sobre el peligro de utilizar herramientas administrativas como forma de coerción política.
Una decisión legal, pero en sintonía con la criminalización de la protesta
Este tipo de decisiones no son hechos aislados. Responden a una lógica que hoy se impone desde el poder: disciplinar a la clase trabajadora mediante el miedo y la penalización del conflicto social. Lo que se presenta como una medida «administrativa» o «fiscalmente responsable», es en realidad una forma solapada de criminalizar la protesta, en línea con el avance de políticas de recorte, ajuste y precarización.
El gobierno de Pullaro, en Santa Fe, y el gobierno nacional de Javier Milei comparten un mismo espíritu: reprimir la organización popular, reducir el Estado a su mínima expresión y erosionar los derechos colectivos.
«Descontar por hacer paro es un paso previo a judicializar, perseguir o despedir a quienes se atrevan a levantar la voz.»
Se pretende instalar la idea de que protestar es un privilegio. Que reclamar condiciones dignas es un exceso. Que el buen trabajador es el que calla y obedece. Esa es la trampa.
La precarización laboral como telón de fondo
Esta ofensiva sobre el derecho a huelga va de la mano de un proceso cada vez más acelerado de precarización laboral. En Santa Fe, como en muchas provincias, se multiplican los contratos basura, la inestabilidad, el trabajo no registrado en áreas estatales tercerizadas y la sobrecarga sin retribución en los sectores esenciales.
¿Quién se anima a protestar cuando puede perderlo todo? El miedo es la herramienta más eficaz para sostener un modelo injusto.
El Estado que castiga en lugar de dialogar
Cuando el empleador es el propio Estado, la cosa se complica. Porque no solo se trata de relaciones laborales, sino de un gobierno que debería garantizar el pleno ejercicio de los derechos, incluso los que se le oponen.
«¿Cómo puede un gobierno democrático ampararse en la legalidad para desactivar una medida de protesta?»
Los descuentos buscan disciplinar. Son una forma de presión, de advertencia. El mensaje es claro: «Tenés derecho a protestar, pero que te cueste».
¿Es legal que te descuenten el día por hacer paro?
La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, garantiza el derecho de huelga como parte del plexo de derechos laborales. Sin embargo, la legislación vigente también establece que durante la huelga, la relación laboral queda suspendida, por lo que no hay obligación del empleador de pagar el salario del día no trabajado.
La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que los descuentos no constituyen una sanción, sino una consecuencia jurídica: si no se presta el servicio, no se genera la remuneración. Pero la discusión no es solo legal: es política, social y ética.
“El ejercicio de un derecho no debería volverse un privilegio que se paga con el bolsillo”, denunció un delegado docente en diálogo con este medio.
El doble discurso del Estado empleador
Cuando el empleador es el propio Estado, la cosa se complica. Porque no solo se trata de relaciones laborales, sino de un gobierno que debería garantizar el pleno ejercicio de los derechos, incluso los que se le oponen.
«¿Cómo puede un gobierno democrático ampararse en la legalidad para desactivar una medida de protesta?»
Los descuentos buscan disciplinar. Son una forma de presión, de advertencia. El mensaje es claro: «Tenés derecho a protestar, pero que te cueste».
En sectores sensibles como la educación, el impacto es mayor: se estigmatiza a los docentes, se los responsabiliza por la pérdida de clases, y se los castiga salarialmente. En lugar de diálogo, se responde con tijera.
Una práctica legal, pero no legítima
Desde lo jurídico, el descuento es legal. Pero eso no lo vuelve justo, ni razonable, ni legítimo. Cuando el derecho a huelga se vuelve un lujo que pocos pueden permitirse, se erosiona el núcleo del sistema democrático.
El derecho a protestar sin represalias es un termómetro de la salud institucional de una república. Y cuando se lo condiciona al poder adquisitivo del trabajador, se vacía de contenido.
En definitiva: lo legal no siempre es lo justo. Y lo justo no siempre se paga con tarjeta.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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