El gobierno se jacta de rescatar trabajadores en situación de explotación y tiene policías de la PAT apretados para llevar presos a mansalva.
Por Alberto Martinez (*)
Superiores de servicio de la Policía de Acción Táctica (PAT) mediante aprietes con promesas de sufrir recargos son conminados a identificar a personas a mansalva y llevar cierta cantidad de presos por el artículo 10 bis, generando una situación angustiante en los trabajadores; y poniendo en peligro la libertad de las personas.
Esta es una situación generada por la cadena de mandos, el Director de Policía Lic. Guillermo Solari y el Sr. Subdirector de dicha dependencia Subdirector de Policía Sebastián Urundez; y en la ciudad de Santa Fe, Unidad Operativa, el comisario supervisor Emanuel Beloso, y el subjefe el subcomisario Nicolás Bravo; y particularmente los jefes de compañía Inspector Pedro Polini, Subinspector Ignacio Pagnuco y Oficial Leonel Vallejos.
Aquí te vamos a demostrar las formas de aprietes con los mensajes que mandan a los celulares privados de los trabajadores policiales, como así los audios, que son elocuentes de la forma en que mandar a privar de la libertad a personas con el solo objeto de hacer estadísticas.
El gobierno de Maximiliano Pullaro, y el desquiciado del Ministro Pablo Cococcioni, están perdiendo las elecciones y buscan mostrar eficiencia en la seguridad pública y para eso quieren mostrar gente presa, los cuales recuperar la libertad a las pocas horas porque no tienen antecedentes; algunos suelen ser identificados y hasta detenidos dos veces al mes.
Las pruebas
En los audios internos obtenidos por APROPOL, se escucha con claridad cómo un superior de la Policía de Acción Táctica presiona directamente a su personal operativo para “levantar chequeos” y producir detenciones bajo el artículo 10 bis, no por razones de seguridad, sino para cumplir con cuotas numéricas impuestas informalmente.
“No me podés pasar un parte con cinco personas”, reclama con tono imperativo, exigiendo entre 30 y 50 identificaciones en Alto Verde y lamentando que “ni siquiera el 10B llevaron”.
A continuación, ordena explícitamente salir con el móvil a “levantar un chequeo” frente a la facultad, dejando en evidencia que no se trata de operativos planificados, sino de una búsqueda artificial de detenidos para evitar “quilombos” administrativos o políticos. Esta instrucción se da en lenguaje cotidiano, operativo, y forma parte de una rutina normalizada, lo que demuestra que no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática de presión laboral interna y detenciones arbitrarias.
Desde el enfoque de la Doctrina de la Sospecha Permanente, este audio revela con nitidez la asimetría estructural: la vigilancia y el castigo recaen sobre la base trabajadora y la ciudadanía común, mientras la cúpula impulsa y legítima mecanismos que vulneran derechos con total impunidad. Jurídicamente, este tipo de órdenes puede configurar abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad, además de generar un clima institucional de temor y obediencia forzada.
Análisis del caso
Podemos interpretar este caso con nitidez desde la Doctrina de la Sospecha Permanente.
La imposición de cuotas de detenciones arbitrarias en la Policía de Acción Táctica (PAT) no responde a una política de control legítimo ni a un plan racional de seguridad pública, sino a la lógica estructural de la sospecha verticalizada: se vigila, se aprieta y se disciplina a la base trabajadora, mientras se blindan las decisiones y responsabilidades de la cúpula política y policial.
Los jefes intermedios y superiores instalan un régimen de presión informal, basado en amenazas de recargos y castigos laborales, para forzar detenciones masivas de ciudadanos bajo el artículo 10 bis, sin causas reales. Este mecanismo no busca prevenir delitos ni garantizar derechos, sino producir obediencia institucional y fabricar indicadores estadísticos que sostengan el relato de “eficiencia” de la conducción política.
La asimetría es evidente:
A los trabajadores policiales se les aplica vigilancia permanente, se los mide por “cantidad de arrestos” y se los amenaza si no cumplen.
A los mandos que diseñan y ejecutan esta política se les suspende toda sospecha, se les permite operar por fuera de la legalidad y se les garantiza impunidad funcional, siempre que respondan a los intereses del poder político.
Este patrón es típico de la Doctrina de la Sospecha Permanente:
El poder disciplinador no se orienta a la legalidad ni a la protección de derechos, sino a consolidar lealtades verticales y generar un clima de control y miedo selectivo.
Se castiga a la base y se protege a la cúpula.
Además, el uso de detenciones sin sustento jurídico para “mostrar resultados” convierte a la población civil —especialmente sectores populares— en objeto de sospecha anticipada, sometida a prácticas policiales de carácter punitivo y estadístico, no preventivo ni garantista.
Mientras tanto, quienes imponen estas prácticas no enfrentan controles reales ni rendición de cuentas.
Este caso no es un hecho aislado: es una radiografía del modo en que se gobierna la seguridad en Santa Fe bajo esta doctrina. En lugar de un sistema institucional basado en garantías, se configura una arquitectura de control vertical, subordinada a la conveniencia política y a la lógica del miedo, donde la ley se aplica de forma selectiva y estratégica.
Ficha institucional – Cadena de mando (Provincia de Santa Fe)
Caso: Detenciones ilegales coaccionadas al personal – PAT
Fecha de relevamiento: Octubre 2025
| Cargo / Función | Nombre y Apellido | Observaciones / Rol en la cadena |
|---|---|---|
| Gobernador de la Provincia de Santa Fe | Lic. Maximiliano Pullaro | Conducción política general. |
| Ministro de Seguridad | Abog. Pablo Cococcioni | Línea política de seguridad, responsable directo del enfoque operativo. |
| Secretario de Seguridad Pública | Comandante General VGM (R) Omar Pereyra | Coordinación estratégica de fuerzas. |
| Subsecretario de Seguridad Pública | Comandante Gral. (R) Lic. Roque de Lima | Asistencia en la gestión operativa. |
| Jefe de la Policía de Santa Fe | Director General Luis Maldonado | Máxima autoridad policial. |
| Subjefe de la Policía de Santa Fe | Director General de Policía Lic. Daniel Filchel | Conducción operativa diaria. |
| Director de la PAT | Director de Policía Lic. Guillermo Solari | Responsable directo de la fuerza táctica. |
| Subdirector de la PAT | Subdirector de Policía Sebastián Urundez | Segundo en la línea de mando de la PAT. |
| Jefe de Unidad Operativa Santa Fe (PAT) | Comisario Supervisor Emanuel Beloso | Implementa las directivas en el territorio. |
| Subjefe de Unidad Operativa Santa Fe (PAT) | Subcomisario Nicolás Bravo | Apoyo operativo directo. |
| Jefes de Compañía (PAT) | Inspector Pedro Polini | Encargado de bajar órdenes a la tropa. |
| Subinspector Ignacio Pagnuco | Idem anterior. | |
| Oficial Leonel Vallejos | Idem anterior. |
Ficha metodológica del caso
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fuente | Testimonios directos de personal policial, mensajes y audios internos de la PAT, análisis gremial de APROPOL Noticias. |
| Práctica del poder sospechador | Imposición de cuotas de detenciones mediante presiones informales, mensajes en celulares personales y amenazas de recargos a los efectivos. |
| Tipo | Administrativo–operativo / Coerción interna. |
| Teorías vinculadas | – Doctrina de la Sospecha Permanente (control anticipado y estadístico). – Michel Foucault — gubernamentalidad y disciplina. – Mary Douglas — cuadrícula/grupo: maximización del control interno. – James C. Scott — “transcripción oculta” (resistencias silenciosas). |
| Respuesta | Denuncia pública a través de APROPOL Noticias, registro documental (mensajes y audios), articulación gremial y alerta jurídica por posible abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad. |
Ficha de acciones planteadas – Resumen
| Tipo de acción | Descripción breve | Destinatario / Autoridad | Estado |
|---|---|---|---|
| Denuncia pública | Difusión de la práctica de imposición de cuotas de detenciones arbitrarias en la PAT, a través de APROPOL Noticias y otros medios aliados. | Opinión pública, medios de comunicación, comunidad policial. | En curso: primera nota publicada. |
| Registro documental | Recolección y sistematización de testimonios, mensajes y audios que evidencian presiones ilegales a la tropa. | Archivo gremial y jurídico. | Avanzado: material en proceso de ordenamiento y clasificación. |
| Alerta gremial | Comunicación interna a trabajadores policiales sobre sus derechos laborales y garantías constitucionales frente a órdenes ilegales. | Personal policial afectado y gremios aliados. | Activa: difusión en redes y grupos internos. |
| Acción judicial | Preparación de presentación formal por abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad, derivada de la política de “cuotas de detenciones”. | Ministerio Público de la Acusación / Poder Judicial. | En preparación: recolección de elementos probatorios. |
| Incidencia institucional | Solicitud de intervención a organismos de control provinciales y nacionales para frenar las prácticas coercitivas internas. | Defensoría del Pueblo, Legislatura, organismos de control de seguridad. | Planificada: a ejecutar tras publicación de pruebas. |
| Informe gremial integral | Elaboración de un documento sistemático que reúna las pruebas, los testimonios y el análisis jurídico–doctrinario del caso para respaldo de acciones gremiales y legales. | Gremios policiales, asesores legales, organismos de DD.HH. y control. | En proceso de redacción. |
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(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana. Ex oficial de la policía de Santa Fe, Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución–No Comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).
Fuente: CONFIANZA SOBERANA – Teoría Política en Desarrollo (Argentina)
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