Denuncian a la Dra. Virginia Creimer por su participación en causas armadas contra policías.
Por Marcos Anglada (*)
El canal de noticias TN dedicó un informe especial a las denuncias sobre la utilización de peritajes sesgados para incriminar a efectivos policiales. Entre los casos abordados, se mencionó el trabajo de la médica forense Virginia Creimer y del perito canino Marcos Herrero, ambos vinculados a episodios de alto impacto público como la desaparición de Facundo Astudillo Castro y la causa Ghisoni.
Según la periodista Josefina López Mac Kenzie, en el programa Solo una vuelta más que conduce Diego Sehinkman, Creimer “no solamente actuó adelantando opinión” en el caso Astudillo, sino que está bajo investigación por su papel en pericias que intentaron culpar a policías inocentes, e incluso por su presunta vinculación con el “sospechoso hallazgo” de objetos en el recorrido de Facundo, en maniobras que ya le valieron condenas a Herrero.
En la causa Ghisoni, se señaló que Creimer intervino como perito de parte con un informe privado que, de manera “insólita”, fue el único sustento inicial para avanzar contra el acusado. Ese dictamen, calificado en sede judicial como “falto de ética, profesionalismo e imparcialidad” y acusado de revictimizar a un menor, fue luego destruido por la Cámara de Casación y contradicho por una junta médica oficial.
“Siempre hace informes para el mismo lado; en casos de abuso, el culpable es siempre el padre”, señaló López Mac Kenzie, marcando un patrón de actuación.
El informe de TN recordó que durante la pandemia, la desaparición de Astudillo Castro fue utilizada para montar una operación política que buscó responsabilizar a la Policía Bonaerense y al gobierno provincial.
La pericia de Creimer, en conjunto con Herrero, fue parte de ese engranaje acusatorio que finalmente se derrumbó, quedando en evidencia —según las investigaciones judiciales— que no fue la policía la responsable de la muerte.
Un patrón preocupante
La denuncia contra Creimer no es un hecho aislado: pone en foco el uso de pericias direccionadas como arma política y judicial contra fuerzas de seguridad, con un daño institucional y humano irreparable.
Cuando las garantías procesales se subordinan a agendas ideológicas o intereses particulares, no solo se destruyen carreras y reputaciones, sino que también se erosiona la credibilidad del sistema judicial.
En un país donde la Doctrina de la Sospecha Permanente se nutre de estos mecanismos, la existencia de “peritos de la causa” que repiten un guión preestablecido debería encender todas las alarmas. Porque la verdad pericial no puede ser militante: debe ser técnica, objetiva y respetuosa de la presunción de inocencia.
(*) Periodista
Fuente: FA24
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