Personal de la Dirección General de Policía de Acción Táctica plantea que algunos efectivos continuarían percibiendo adicionales operativos pese a cumplir tareas internas, mientras otros habrían sido trasladados y dejado de cobrarlos. Solicitan que se revisen las liquidaciones y las funciones asignadas.
Personal policial que pidió mantener su identidad en reserva puso en conocimiento de APROPOL una situación que, según sostiene, estaría ocurriendo en la Dirección General de Policía de Acción Táctica (DGPAT) de Santa Fe. El planteo se refiere al pago de plus operativos, las tareas que desempeñarían quienes los perciben y los criterios aplicados para disponer traslados.
De acuerdo con la comunicación recibida, habría efectivos destinados a tareas administrativas, de oficina, secretaría y otras funciones internas que continuarían cobrando adicionales asociados a la actividad operativa, aunque no realizarían patrullajes ni servicios en la vía pública. También se señala que algunos integrantes habrían solicitado la baja de un plus y, pese a ello, seguirían percibiendo otro vinculado a la dependencia.
La presentación contrasta esa situación con la de policías que, aun contando —según el planteo— con experiencia en tareas operativas, habrían sido trasladados a otros destinos y dejado de percibir esos conceptos.
La cuestión requiere determinar qué normas y disposiciones regulan cada adicional, qué funciones habilitan su cobro y cómo se controla su cumplimiento. También corresponde conocer si existen diferencias entre los pluses y si los traslados tienen algún efecto sobre su liquidación.
El reclamo no cuestiona la importancia del trabajo administrativo ni a quienes lo realizan. Solicita que las autoridades competentes revisen las liquidaciones, las órdenes de servicio, las funciones asignadas y las disposiciones aplicables, para establecer si los pagos se ajustan a los criterios vigentes.
La información fue recibida con pedido de reserva de identidad por temor a posibles represalias laborales. APROPOL no cuenta, al momento de esta publicación, con documentación que permita corroborar de manera independiente cada situación señalada. Por ello, los hechos se presentan como un planteo que requiere verificación y se solicita a las autoridades de la DGPAT y del Ministerio de Justicia y Seguridad que informen los criterios vigentes y brinden su respuesta.
La transparencia en la administración de los adicionales y la aplicación de reglas claras son necesarias para evitar tratamientos desiguales entre el personal policial.
Qué pide investigar la denuncia administrativa
La presentación, fechada el 30 de septiembre de 2026, solicita que se investigue cómo se confeccionó la nómina de nueve agentes —cinco provenientes del ISEP y cuatro de la Policía de Acción Táctica— incluidos en los traslados dispuestos por la Resolución J.P.P. N.º 0944/2026. La denunciante pide que se identifique a quienes propusieron, seleccionaron, avalaron y elevaron esa nómina, y que se informen los criterios utilizados.
También requiere reconstruir cuál era el universo de personal que podía ser reasignado, qué funciones cumplía cada agente y si hubo solicitudes previas de cambio de tareas, destino o renuncia a suplementos. Pide que se compare el tratamiento dado a esas solicitudes y que se determine si fueron evaluadas las circunstancias personales y familiares de la denunciante.
En materia salarial, solicita cotejar los recibos de haberes anteriores y posteriores al traslado para establecer si hubo una reducción efectiva de ingresos, desde cuándo y por qué monto. La presentación aclara que ese perjuicio debe comprobarse con la documentación correspondiente; la resolución, por sí sola, no determina una pérdida concreta.
La denunciante aclara que no promueve por esta vía la revocación del traslado y que las posibles irregularidades o diferencias de trato deben ser verificadas en sede administrativa. Entre otras medidas, solicita que se incorporen los antecedentes que precedieron a la resolución y que se le informe el número de actuación y el resultado de la investigación.
Irregularidades graves
La fuente que solicitó reserva de identidad atribuye a la Jefa de Operaciones, Crio. Supervisor María M., el impulso de algunas de las decisiones cuestionadas. También menciona un episodio distinto ocurrido en esa dependencia: sostiene que, luego de errores en pagos vinculados con servicios OSESP, una numeraria habría pedido a personal policial que devolviera parte del dinero mediante transferencias a una cuenta de Mercado Pago. APROPOL no cuenta con documentación que permita corroborar esta versión ni establecer quién era titular de la cuenta o cuál fue el destino de los fondos. Por la gravedad del señalamiento, corresponde que las autoridades informen si existieron esos errores, cómo se regularizaron los pagos y si se realizaron reintegros, por qué vía y a quién.
También cuestionan la aplicación desigual de las normas
Personal policial hizo llegar a APROPOL una imagen que, según quienes la remitieron, mostraría a jefes de la Policía de Acción Táctica sin el chaleco antibalas colocado. En el mismo reclamo, sostienen que efectivos subalternos reciben sanciones cuando son observados en situaciones similares.
La autenticidad, la fecha y el contexto de la imagen deben verificarse; también corresponde que las autoridades informen qué reglas rigen sobre el uso del chaleco y si se aplican con el mismo criterio a todo el personal. La seguridad no puede convertirse en una exigencia para unos y en una excepción para otros.
Más cuestionamientos: cambios de funciones, pérdida de suplementos y uso de vehículos
Los testimonios recibidos también describen una secuencia de cambios en la conducción operativa que, según quienes reclaman, no habría seguido un criterio claro. Sostienen que un jefe fue apartado luego de una denuncia; que otro, denunciado posteriormente en un caso que califican como más grave, permaneció durante un tiempo en la Subdirección sin funciones asignadas; y que luego fue removido un subjefe operativo por su presunta amistad con el primero. Los remitentes interpretan esa secuencia como posible favoritismo y piden que se expliquen los fundamentos de cada decisión.
Una de las agentes alcanzadas por el traslado habría manifestado que le informaron que su pase se debió a un error. También anticipa que la quita de los suplementos podría representar una reducción cercana al millón de pesos en sus haberes. Ese monto deberá corroborarse con los recibos de sueldo: la resolución acompañada dispone el cese de determinados suplementos, pero no acredita por sí sola cuál sería la pérdida individual.
Por último, personal policial sostiene que la Jefa de Operaciones utilizaría una camioneta oficial para trasladarse y dejarla en su domicilio, mientras otros agentes deben viajar durante horas para llegar a sus destinos. Corresponde que las autoridades informen cuál es la afectación del vehículo, qué autorizaciones rigen su uso y cómo se registran sus desplazamientos.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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