Denuncias internas vuelven a poner bajo la lupa la distribución de suplementos y adicionales funcionales en dependencias de la Unidad Regional I.
El caso de una inspectora (Natalia F.) señalada por percibir un plus cuya función sería discutida aparece como ejemplo de un problema mayor: criterios poco claros, tratamientos diferentes y una sensación creciente de favoritismo entre quienes hacen tareas similares.
En distintas dependencias de la Unidad Regional I comienza a repetirse una queja que ya no puede reducirse a un caso aislado: la forma en que se asignan determinados plus, suplementos o adicionales funcionales estaría generando una fuerte percepción de desigualdad y discriminación entre el personal.
No hablamos necesariamente de discriminación en sentido jurídico estricto, que requeriría probar un trato desigual fundado en alguna causa ilegítima específica. Hablamos de algo previo y perfectamente verificable: policías que aseguran cumplir funciones equivalentes, asumir responsabilidades semejantes o incluso realizar las tareas que justifican determinados suplementos, mientras otros aparecen beneficiados con adicionales que no siempre encuentran una explicación clara.
Ese malestar se vuelve todavía más grave en un contexto salarial donde cada adicional importa.
Porque cuando el sueldo resulta insuficiente y muchos agentes necesitan adicionales, horas extraordinarias o servicios especiales para sostener su hogar, un plus deja de ser una cuestión administrativa menor.
Se transforma en dinero real.
Y cuando ese dinero se distribuye de manera poco transparente, aparece inevitablemente la sensación de que dentro de una misma institución existen trabajadores de primera y trabajadores de segunda.
El caso que encendió la alarma
Uno de los ejemplos que llegó a APROPOL involucra a una inspectora destinada en una unidad de Orden Público de la UR I, identificada por sus iniciales N.F.
Según fuentes internas, estaría percibiendo un suplemento correspondiente a la función de Responsable de la Investigación Policial, aunque varios compañeros sostienen que no desarrollaría regularmente las tareas que justificarían ese adicional.
La denuncia agrega que existirían planillas donde inicialmente no figura como beneficiaria, pero su nombre aparecería incorporado posteriormente en una instancia superior.
Si esto se confirma, el problema ya no sería solamente individual.
La pregunta pasa a ser quién la incorpora, sobre qué fundamento, quién certifica la función y quién autoriza el pago.
El problema no es quién cobra: es quién queda afuera
Acá está el verdadero eje.
Puede ocurrir que una persona tenga formalmente derecho a un suplemento.
El conflicto aparece cuando otro agente, con igual o mayor responsabilidad funcional, no lo recibe.
Cuando dos trabajadores hacen tareas equivalentes y uno cobra más por una función que el otro también cumple, la institución tiene la obligación de explicar cuál es el criterio diferenciador.
Si no puede hacerlo, empieza a aparecer un problema de arbitrariedad.
Y si la arbitrariedad se vuelve repetida, sistemática o direccionada hacia determinados agentes, ya no estamos simplemente ante una mala administración.
Estamos ante una práctica que puede producir discriminación material dentro de la propia fuerza.
El plus por la ventana
La expresión que utilizan algunos policías es brutal pero gráfica: “hay plus que salen por la ventana”.
Eso ocurre cuando el personal deja de percibir que los suplementos responden a funciones reales y comienza a creer que dependen de relaciones personales, cercanía con determinados jefes, favores, amistades o pertenencia a determinados círculos internos.
No estamos afirmando que eso ocurra en todos los casos.
Precisamente por eso es necesario transparentar el sistema.
La mejor manera de evitar sospechas no es pedir silencio.
Es publicar criterios.
Quién cobra.
Qué función cumple.
Durante cuánto tiempo.
Quién certifica.
Qué requisitos debe reunir.
Qué mecanismo existe para reclamar cuando dos agentes realizan tareas similares pero sólo uno percibe el beneficio.
Una forma silenciosa de disciplinamiento
La distribución discrecional de suplementos tiene además un efecto que excede lo económico.
Puede convertirse en una herramienta de disciplinamiento interno.
Cuando una parte importante del salario depende de conceptos adicionales que pueden aparecer o desaparecer según decisiones jerárquicas, el trabajador queda en una posición de dependencia mucho mayor.
Entonces el plus deja de ser solamente remuneración.
Puede transformarse en premio.
Y la quita, en castigo.
Esa lógica resulta especialmente peligrosa dentro de una institución vertical como la Policía, porque debilita la idea de carrera, mérito, función y reglas objetivas.
El mensaje implícito termina siendo sencillo:
no importa solamente qué tarea hace usted.
Importa quién lo respalda.
Hijos y entenados
Eso es precisamente lo que muchos policías expresan cuando hablan de “hijos y entenados”.
La frase no refiere únicamente al dinero.
Refiere al sentimiento de que algunos reciben vehículos, destinos, horarios, adicionales, funciones o protección que otros no consiguen aun realizando tareas semejantes.
Ese sentimiento destruye cohesión interna.
Genera resentimiento.
Deteriora la autoridad de los mandos.
Y termina produciendo una institución donde la obediencia puede continuar formalmente, pero la confianza desaparece.
Que publiquen los criterios
Si la Jefatura de la UR I y el Ministerio de Justicia y Seguridad consideran que los suplementos están correctamente asignados, existe una manera muy simple de cerrar esta discusión: hacer transparentes los criterios de asignación.
No hace falta publicar datos personales sensibles.
Basta con informar qué funciones habilitan cada plus, qué requisitos se exigen, quién certifica su cumplimiento, qué controles existen y cuántos agentes perciben cada concepto según dependencia y jerarquía.
Eso permitiría saber si existe realmente un problema de discriminación o si las sospechas responden a información incompleta.
Lo que ya no resulta razonable es mantener un sistema opaco y pretender que el personal no haga preguntas.
La pregunta incómoda
El caso de la inspectora N.F. puede ser importante, pero no debería servir para esconder el problema mayor.
La pregunta no es solamente si una funcionaria cobra correctamente un suplemento.
La pregunta es:
¿Cuántos otros casos similares existen en la UR I?
¿Hay agentes que cumplen funciones y no cobran?
¿Hay otros que cobran sin realizarlas?
¿Existen criterios uniformes entre dependencias?
¿Se agregan nombres en instancias superiores?
¿Se utilizan los suplementos como premios internos?
¿Quién controla todo eso?
En una institución donde los salarios están permanentemente bajo presión, cada peso distribuido de manera arbitraria significa que otro trabajador puede estar siendo postergado.
Y entonces el problema deja de ser un simple plus.
Se transforma en una cuestión de igualdad, dignidad laboral y confianza institucional.
AMPLIAREMOS
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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