A pesar de tener estudios que confirman una fractura con desgarro, fue obligado a seguir trabajando. Medicina Legal no le otorgó reposo. La cadena de mando no responde.
Por Rubén Pombo
Un agente policial con 16 años de servicio denunció públicamente que hace más de 20 días trabaja con costillas fracturadas y un desgarro muscular, luego de haber sufrido un accidente en moto fuera del horario de servicio. A pesar del intenso dolor, los calmantes constantes y los estudios médicos que lo confirman, la institución lo obliga a cumplir funciones como si nada hubiera ocurrido.
“Me hicieron una ecografía, placas, estudios. Avisé a mis jefes, pero nadie se hace cargo. Nadie me dio respuestas. Estoy así desde hace más de veinte días.”
El hecho ocurrió en jurisdicción de la Unidad Regional I de Santa Fe. Aunque se trató de un accidente en un contexto particular y ajeno al cumplimiento del servicio, eso no exime al Estado de garantizar el derecho a la salud, contemplado por la Constitución Nacional y tratados internacionales. La respuesta del área de Medicina Legal —que no otorgó ni siquiera una licencia preventiva hasta la consulta con su médico particular— resulta inaceptable desde el punto de vista legal, médico y ético.
La legalidad no puede ser excusa para desentenderse
No se trata de una denuncia por falta de actuación administrativa por lesiones en servicio. El foco está en otro lugar: la total deshumanización de la gestión sanitaria del personal policial. Que una persona trabaje más de 20 días con una fractura es, lisa y llanamente, una forma de violencia institucional.
“Los jefes están tan en el aire como yo. Nadie sabe qué hacer, pero mientras tanto yo sigo trabajando así, con calmantes. Como si fuera normal.”
¿Qué tenía que hacer? ¿Desmayarme en servicio?
Este caso desnuda un patrón que se repite con alarmante frecuencia: los trabajadores policiales no son escuchados ni acompañados ante dolencias físicas o psicológicas, salvo que colapsen. Se espera que lleguen al límite para recién entonces actuar. Pero muchas veces, ya es tarde.
Desde APROPOL y la FASIPP venimos exigiendo que se establezca:
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Un protocolo claro de licencias y derivaciones, sin discriminación por horario o causa del accidente.
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Una revisión profunda del sistema médico policial, que hoy responde más a la lógica de la negación que de la atención.
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Una mesa paritaria de salud laboral, donde se garantice el derecho humano a la recuperación y se incluya la voz de quienes integran la fuerza.
“Seguimos siendo un número”, repite este trabajador con resignación. Una frase que ya escuchamos demasiado en las fuerzas. Pero que no podemos ni debemos naturalizar.
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