POLICÍA: Si cobrás menos de $1.690.000 sos pobre y si con un «plus» superás esa cifra, sos rehén del Gobierno

En febrero, el Gobierno provincial implementó un sistema de suplementos especiales no remunerativos y condicionados que mejoró los ingresos de determinados sectores, pero también profundizó las diferencias entre trabajadores de primera y de segunda. Quienes necesitan esos adicionales para superar la pobreza dependen de decisiones administrativas que pueden modificar sus ingresos, mientras los retirados y pensionados quedan fuera de estos beneficios operativos. Una política que, desde la mirada sindical, no solamente divide al personal: también puede convertirse en una poderosa herramienta de disciplinamiento económico.

La pobreza ya tiene un número: $1.690.000

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que durante octubre de 2026 una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 mensuales para no quedar por debajo de la línea de pobreza, mientras que la Canasta Básica Alimentaria, que establece el umbral de indigencia, alcanzó los $761.261 para ese mismo grupo familiar.

La Canasta Básica Total aumentó un 3,5% durante octubre, superando la inflación general del 2,2%, mientras que los alimentos básicos registraron una suba del 3,1%, cifras que muestran cómo los gastos indispensables continúan presionando sobre los ingresos de las familias trabajadoras.

Estos números vuelven a colocar en el centro de la discusión la situación salarial de los policías y penitenciarios santafesinos, especialmente de aquellos que necesitan suplementos especiales, servicios adicionales o jornadas extraordinarias para alcanzar un ingreso suficiente.

Porque una cosa es cobrar un salario que permita mantener dignamente a una familia y otra muy distinta es alcanzar esa cifra gracias a un complemento que puede desaparecer cuando cambia el destino, la función o la decisión administrativa que autoriza su percepción.

La pregunta que deberían hacerse todos los trabajadores policiales es sencilla: ¿Cuánto cobrarías realmente si mañana dejaras de percibir el plus?

La respuesta permite comprender buena parte del problema que APROPOL viene señalando desde que el Gobierno provincial modificó su política de ingresos mediante asignaciones especiales vinculadas con determinadas funciones operativas.

Febrero de 2026: el Gobierno creó policías de primera y de segunda

En febrero último, el Gobierno santafesino implementó, mediante el Decreto 203/2026, un esquema de ingresos que combinó una garantía salarial con asignaciones especiales destinadas a determinados trabajadores policiales y penitenciarios.

La medida estableció suplementos mensuales de $500.000, $250.000 y $150.000 según el nivel operativo asignado, además de una asignación especial de $250.000 para determinados choferes de vehículos oficiales.

El Gobierno presentó estas medidas como un reconocimiento económico a las exigencias de las funciones operativas, especialmente aquellas desarrolladas en destinos de mayor riesgo o responsabilidad.

Sin embargo, desde una perspectiva sindical, el problema no reside necesariamente en reconocer económicamente tareas diferenciadas, sino en la manera elegida para hacerlo y en las consecuencias que ese mecanismo produce dentro de las instituciones.

Porque el resultado es una fuerza dividida entre quienes acceden a suplementos importantes y quienes, pese a integrar la misma institución y encontrarse sometidos a obligaciones laborales semejantes, quedan excluidos de ellos.

Así aparece una división entre trabajadores de primera y de segunda, no por la dignidad de las tareas que realizan, sino por el acceso desigual a componentes salariales que pueden representar la diferencia entre superar o no la línea de pobreza.

Un policía que cumple tareas administrativas, un trabajador destinado a una dependencia que no integra los niveles beneficiados o un efectivo que por razones de salud, edad o necesidades institucionales deja de prestar determinadas funciones puede encontrarse con ingresos considerablemente diferentes de los de otros compañeros.

Y esa diferencia no necesariamente refleja una desigualdad de compromiso, profesionalismo o responsabilidad, sino la decisión administrativa de asignar determinados beneficios a determinadas funciones.

El plus es condicional: si lo necesitás para no ser pobre, sos rehén del Gobierno

Aquí aparece el verdadero núcleo del problema.

Los suplementos establecidos en febrero no constituyen una mejora permanente del salario básico, sino asignaciones especiales sujetas al cumplimiento de condiciones operativas determinadas.

El propio Decreto 203/2026 establece que las funciones alcanzadas por esos beneficios deben ser autorizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a propuesta fundada de las autoridades máximas de las fuerzas.

Esto significa que el acceso al complemento no depende solamente de la condición de trabajador policial o penitenciario, sino también de la función desempeñada, el nivel operativo asignado y las decisiones administrativas que permiten acceder a esas tareas.

Cuando el salario habitual no alcanza para mantener a una familia y el trabajador necesita un suplemento de estas características para superar la línea de pobreza, ese dinero deja de ser percibido como una compensación extraordinaria y pasa a convertirse en una necesidad cotidiana.

Con ese ingreso se pagan alimentos, alquileres, medicamentos, servicios, transporte y gastos escolares. La familia organiza su economía considerando que ese dinero llegará todos los meses.

Pero si una modificación de destino o una reasignación de funciones implica dejar de reunir las condiciones para percibirlo, la economía familiar puede sufrir una reducción significativa.

Si necesitás el plus para que tu familia no sea pobre, te convertís en rehén del Gobierno.

No porque todo suplemento sea ilegítimo ni porque cada traslado constituya una represalia, sino porque una parte indispensable de los ingresos queda condicionada por decisiones de quienes conducen política y administrativamente la institución.

Y en una organización jerárquica, donde los superiores tienen facultades para disponer funciones, destinos y servicios, esa dependencia económica puede convertirse en una formidable herramienta de presión.

El trabajador comienza a preguntarse qué ocurrirá si reclama, si cuestiona una orden, si denuncia un abuso o si deja de contar con el respaldo de quienes deciden su continuidad en determinado destino.

La disciplina policial debe surgir del cumplimiento de la ley y de las obligaciones profesionales, no del miedo a perder el ingreso que permite alimentar a los hijos.

La división salarial también divide a los trabajadores

El sistema de suplementos condicionados produce además un efecto que no debería subestimarse: debilita la unidad de intereses entre quienes integran una misma institución.

Cuando algunos sectores reciben adicionales importantes y otros quedan excluidos, aparecen diferencias económicas que pueden generar tensiones, resentimientos y competencia por acceder a los destinos mejor remunerados.

El compañero que cobra el beneficio puede sentirse obligado a conservarlo a cualquier costo, mientras quien no lo percibe puede considerar que su propio trabajo resulta injustamente desvalorizado.

Así, una discusión que debería concentrarse en mejorar el salario de todos termina desplazándose hacia una competencia interna por ingresar o permanecer en los sectores favorecidos.

Desde APROPOL sostenemos que reconocer económicamente funciones especiales puede ser legítimo, pero ello no debería utilizarse como sustituto de una política salarial que garantice ingresos suficientes y estables para el conjunto del personal.

Una institución dividida salarialmente entre trabajadores privilegiados y postergados encuentra mayores dificultades para construir reclamos colectivos y defender condiciones laborales comunes.

La fragmentación económica también puede debilitar la solidaridad entre compañeros, especialmente cuando conservar un destino mejor remunerado se convierte en una necesidad familiar.

Y precisamente allí reside uno de los riesgos sindicales más importantes del esquema adoptado en febrero: el ingreso deja de representar exclusivamente una contraprestación por el trabajo y comienza a depender de una distribución diferenciada de beneficios cuya administración se encuentra concentrada en las autoridades.

Retirados y pensionados: los grandes perjudicados por los suplementos en negro

La situación se vuelve todavía más injusta cuando se examina la realidad de los policías y penitenciarios retirados, sus pensionados y las familias que dependen de esos ingresos.

Los suplementos creados mediante el Decreto 203/2026 fueron establecidos expresamente como asignaciones no remunerativas y no bonificables, una característica jurídica que resulta decisiva para comprender sus consecuencias.

Aunque mejoran el dinero que recibe mensualmente el personal alcanzado, no integran de la misma manera la estructura remunerativa utilizada para determinar otros conceptos salariales y previsionales.

Por su propia naturaleza, estos beneficios están vinculados con el desempeño efectivo de determinadas funciones operativas y no fueron establecidos como incrementos generales trasladables a los haberes de retiro y pensión.

Esto deja en una situación especialmente desfavorable a quienes dedicaron buena parte de su vida al servicio policial o penitenciario y hoy dependen de sus ingresos previsionales para sostenerse.

Mientras determinados trabajadores activos pueden complementar su remuneración mediante suplementos de hasta $500.000, los retirados y pensionados no acceden a esas mismas asignaciones operativas por su sola condición previsional.

Además, un trabajador que durante su actividad dependió de estos complementos puede encontrarse, al pasar a retiro, con una reducción importante de sus ingresos si esas sumas no integran la base de cálculo correspondiente.

El plus puede servir para llegar a fin de mes mientras estás en actividad, pero no necesariamente te acompaña cuando te retirás. Y cuando más necesitás estabilidad económica, ese dinero desaparece.

El perjuicio adquiere mayor importancia para quienes enfrentan gastos crecientes en medicamentos, tratamientos médicos y necesidades propias de edades avanzadas, sin contar con la posibilidad de realizar servicios adicionales para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

La situación de las viudas, viudos y demás pensionados también merece particular atención, porque sus ingresos dependen de prestaciones previsionales que no incorporan automáticamente los suplementos operativos del personal activo.

Por eso, desde una perspectiva sindical, no alcanza con anunciar mejoras en el dinero que reciben determinados efectivos en actividad. También debe examinarse cuánto de esos incrementos se incorpora realmente a la remuneración y qué consecuencias tiene sobre los derechos previsionales.

Un sueldo en blanco construye derechos; un plus en negro puede desaparecer

Existe una diferencia fundamental entre una recomposición salarial remunerativa y una asignación no remunerativa.

La primera integra la estructura salarial conforme a las reglas aplicables y puede incidir sobre otros conceptos y prestaciones. La segunda permite mejorar el ingreso inmediato sin producir necesariamente esos mismos efectos.

La expresión «en negro», utilizada habitualmente en el lenguaje sindical para cuestionar suplementos no remunerativos, no significa que se trate de pagos clandestinos o no registrados: en este caso son asignaciones creadas formalmente por un decreto provincial.

La crítica consiste en que se pagan fuera de la estructura remunerativa ordinaria y, por esa razón, no generan automáticamente los mismos derechos.

El artículo 5 del Decreto 203/2026 establece, además, que las asignaciones especiales no constituyen base de cálculo para otros adicionales, suplementos o compensaciones.

Esta decisión confirma que el Gobierno eligió un mecanismo que mejora determinados ingresos disponibles sin incorporar necesariamente esas sumas al conjunto de conceptos que forman parte del salario consolidado.

Se puede cobrar más hoy y, al mismo tiempo, seguir teniendo un salario estructuralmente insuficiente.

El problema aparece cuando el Gobierno presenta el ingreso total como demostración de una mejora salarial, sin distinguir cuánto corresponde a remuneraciones permanentes y cuánto a complementos condicionados.

Porque el trabajador no solamente necesita cobrar durante el mes. También necesita seguridad económica cuando enferma, cambia de función, atraviesa una licencia o llega el momento de retirarse.

Recargos, cupos y el temor a perder el destino

Esta estructura de ingresos adquiere particular gravedad cuando se la relaciona con las denuncias que APROPOL viene recibiendo desde distintas unidades regionales.

Trabajadores policiales describen exigencias de cantidades mínimas de identificaciones, procedimientos conocidos como 10 bis, intervenciones vinculadas con el Decreto 460, recargos de servicio, pérdida de francos y alteraciones arbitrarias de horarios.

También existen denuncias sobre cambios de destino utilizados como supuestas represalias frente a conflictos con la superioridad.

Estas situaciones deben investigarse individualmente y no corresponde afirmar que todos los traslados o recargos respondan a finalidades disciplinarias ilegítimas.

Pero cuando un trabajador depende de un suplemento condicionado a la función que desempeña, el temor a perder ese ingreso puede modificar profundamente su relación con la conducción.

El policía puede terminar tolerando condiciones laborales que considera injustas por temor a que una decisión administrativa afecte el dinero indispensable para sostener su hogar.

En ese contexto, el plus deja de ser solamente una cuestión salarial y adquiere consecuencias sobre la libertad real del trabajador para formular reclamos, denunciar irregularidades y defender sus derechos.

No hay verdadera libertad para reclamar cuando hacerlo se percibe como un riesgo para el sustento de la familia.

Trabajar más para no ser pobre tampoco es una solución

A esta situación se agrega otra realidad conocida por miles de trabajadores policiales: la necesidad de realizar servicios adicionales o prolongar sus jornadas para completar ingresos.

Un efectivo puede alcanzar una cifra salarial aparentemente importante, pero hacerlo a costa de trabajar muchas más horas, resignar descansos, perder francos y pasar menos tiempo con sus hijos.

En algunos destinos, además, las exigencias laborales se combinan con largos desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo, gastos de transporte y dificultades para regresar cuando se modifican los horarios de salida.

Por eso, cualquier comparación salarial debería distinguir cuánto percibe un policía por su jornada habitual, cuánto corresponde a suplementos condicionados y cuánto obtiene mediante prestaciones extraordinarias.

No es lo mismo cobrar $1.690.000 con una remuneración estable que alcanzar esa suma acumulando servicios adicionales y dependiendo de un plus cuya continuidad puede verse afectada por decisiones administrativas.

La calidad del salario también se mide por las condiciones en que se obtiene.

El Gobierno garantizó una canasta de febrero, pero estamos en noviembre

Otro aspecto merece especial atención.

El Decreto 203/2026 estableció un ingreso mínimo garantizado para el personal policial y penitenciario equivalente al valor de la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes, conforme a la publicación oficial del Indec correspondiente a febrero de 2026.

Sin embargo, la propia norma no estableció en ese artículo un mecanismo automático de actualización mensual del mínimo garantizado conforme a cada nueva publicación de la canasta.

Ahora, con los valores correspondientes a octubre, la referencia de pobreza para una familia tipo alcanzó $1.690.000.

Esto obliga a examinar cómo evolucionaron los ingresos efectivamente garantizados durante el año, qué actualizaciones salariales se dispusieron y cuánto del dinero percibido por el personal depende actualmente de suplementos especiales.

El Gobierno puede señalar que los adicionales representan una mejora económica real para sus beneficiarios, y eso es cierto para quienes efectivamente los cobran.

Pero la discusión sindical es otra: ¿qué parte de esa mejora se encuentra incorporada de manera permanente al salario y qué parte puede desaparecer cuando el trabajador deja de cumplir las condiciones establecidas?

Esa diferencia resulta decisiva para evaluar la verdadera situación económica de policías, penitenciarios, retirados y pensionados.

Los gobiernos pasan, los policías permanecen y los jubilados también tienen derecho a vivir dignamente

Los funcionarios que diseñan políticas salariales ocupan cargos transitorios, mientras los trabajadores deben organizar sus vidas y las de sus familias sobre ingresos cuya estabilidad debería encontrarse garantizada por reglas claras.

Una administración puede anunciar suplementos, asignaciones especiales y beneficios diferenciados, pero las consecuencias de esas decisiones permanecen mucho después de que sus responsables hayan abandonado el Gobierno.

Los policías y penitenciarios necesitan remuneraciones suficientes durante la actividad, pero también condiciones previsionales que les permitan vivir dignamente cuando finalizan sus carreras.

Y las familias de quienes fallecen necesitan pensiones que no queden rezagadas por mecanismos salariales que privilegian componentes no remunerativos para determinados sectores activos.

La política salarial no debería dividir a los trabajadores entre quienes pueden acceder a beneficios operativos y quienes quedan excluidos, ni dejar a los retirados y pensionados soportando una pérdida relativa de ingresos frente a las mejoras otorgadas a determinados efectivos en actividad.

Una institución permanente necesita reglas salariales permanentes, no solamente compensaciones condicionadas cuya continuidad depende de funciones y autorizaciones administrativas.

Si el plus te mantiene fuera de la pobreza, sos rehén de quien puede sacártelo

Los $1.690.000 que el Indec estableció como referencia de pobreza para una familia de cuatro integrantes obligan a mirar los recibos policiales y penitenciarios de otra manera.

No alcanza con observar el total percibido. Hay que determinar qué parte corresponde a una remuneración estable, cuánto depende de adicionales especiales y qué sucede si el trabajador pierde las condiciones para cobrarlos.

Porque cuando una familia organiza toda su economía sobre un plus condicionado, cualquier decisión administrativa que afecte su percepción puede colocarla nuevamente por debajo de la línea de pobreza.

Si cobrás menos de $1.690.000 y solamente superás esa cifra gracias a un plus que te pueden otorgar o quitar según la función asignada, sos rehén económico del Gobierno.

Y si además ese beneficio divide al personal entre trabajadores de primera y de segunda, deja afuera a retirados y pensionados y no se consolida plenamente en los derechos previsionales, la discusión ya no puede reducirse a cuánto dinero aparece al final del recibo de sueldo.

El problema es el modelo salarial.

Desde APROPOL sostenemos que las compensaciones por tareas especiales deben reconocer verdaderas exigencias adicionales, pero no pueden reemplazar un salario suficiente para todos ni transformarse en un mecanismo de dependencia económica frente a las autoridades.

El salario debe permitir vivir con dignidad. El plus debe compensar una función extraordinaria. Y la jubilación o pensión debe garantizar que nadie termine castigado económicamente después de haber dedicado su vida al servicio.

Porque el trabajador policial no necesita favores ni premios condicionados para alimentar a su familia. Necesita un salario justo, estable y con derechos.

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.