Dos situaciones recientes vuelven a poner en discusión el manejo de los recursos humanos dentro de la Policía de Santa Fe. Decisiones administrativas que, lejos de contemplar la realidad familiar y personal de los efectivos, están generando angustia, incertidumbre y un creciente malestar en la base de la fuerza.
Por Marcos Anglada (*)
Una familia con dos bebés y un traslado que no contempla la realidad
Ezequiel Gómez, empleado policial de la ciudad de Santa Fe, hizo pública su situación en busca de asesoramiento y visibilidad. Su esposa, también integrante de la fuerza, se encontraba prestando servicio en la Unidad Regional I bajo comisión por lactancia.
Sin embargo, tras solicitar el pase permanente para poder continuar trabajando en la capital —donde reside junto a su familia—, la respuesta fue negativa.
La resolución dispone su regreso a la Unidad Regional IV de Caseros (400 km).
El problema no es menor: la pareja tiene dos hijas pequeñas, de 3 años y 1 año y 10 meses.
“Ambos vivimos en Santa Fe capital con nuestras hijas. No entendemos cómo no se contempla esta situación”, expresó Gómez, evidenciando la falta de criterios de arraigo y protección familiar en la decisión.
Baja un día antes de dar a luz
El segundo caso es aún más grave.
Un efectivo denunció públicamente la situación de su hermana, quien fue dada de baja de la fuerza junto a otros 27 policías, pero con una diferencia que agrava el cuadro: la desvinculación se produjo un día antes de dar a luz.
La mujer, que se encontraba cursando un embarazo avanzado, había iniciado carpeta médica debido a su estado, lo que le impedía cumplir con normalidad sus funciones.
La decisión no solo impactó en su situación laboral, sino también en su salud emocional y económica, en un momento extremadamente sensible.
“Imaginen toda esa situación de angustia”, señalaron desde su entorno.
Hoy, con un bebé de apenas dos meses, la familia enfrenta un escenario de incertidumbre, sin respuestas claras por parte del Ministerio de Seguridad.
Falta de respuestas y creciente malestar
En ambos casos, los afectados coinciden en un punto: la ausencia de respuestas institucionales claras y la falta de canales efectivos para revisar decisiones que impactan directamente en la vida familiar de los efectivos.
Los recursos administrativos presentados no han tenido, hasta el momento, una respuesta satisfactoria.
Cuando la norma ignora a la persona
Más allá de los aspectos técnicos o reglamentarios, lo que queda expuesto es un problema de fondo: decisiones que parecen aplicarse sin contemplar el contexto humano.
Traslados que desarticulan familias.
Bajas que se producen en momentos críticos.
Situaciones que, lejos de fortalecer la institución, profundizan el malestar interno.
Un reclamo que busca ser escuchado
Ambos casos no son aislados. Son parte de una realidad que empieza a repetirse y que exige revisión.
Los pedidos son claros:
- criterios más humanos en los traslados
- revisión de bajas en contextos sensibles
- respuestas institucionales transparentes
- y garantías mínimas para el personal y sus familias
La pregunta que queda
¿Puede una institución que exige compromiso absoluto a sus integrantes desentenderse de sus realidades personales?
La respuesta, por ahora, no llega.
Pero el reclamo ya está en la calle.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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