Una nueva y preocupante denuncia interna vuelve a exponer el deterioro de las condiciones de trabajo en la Policía de Santa Fe. Esta vez.
Por Rubén Pombo
El foco está puesto en el Comando Radioeléctrico de Rosario (UR II), donde efectivos aseguran haber sido presionados y condicionados en el ingreso al servicio, al tiempo que se los obliga a cumplir cupos operativos irrazonables sin contar con los recursos mínimos para patrullar.
“Si no llevan detenidos, no entran”
Según información aportada a APROPOL por una fuente policial cuya identidad se preserva, durante la jornada de ayer el personal del tercio diurno del Comando fue advertido de manera explícita que si no trasladaban personas (10 bis), no se les permitiría el ingreso al servicio.
La situación se habría dado en el ámbito del Comando de la Unidad Regional II, y afectó particularmente a móviles identificados como “Tigre 4”, entre otros.
Cupos forzados y horarios límite
La presión no se habría limitado a una advertencia informal. De acuerdo al testimonio recibido, se les habría fijado un objetivo concreto:
“Para las 19 horas tenían que llevar como mínimo 10 personas”.
Este tipo de exigencias reinstala prácticas largamente cuestionadas, vinculadas a cupos de detenciones, incompatibles con un Estado de Derecho y con cualquier estándar democrático de actuación policial.
Patrullar sin combustible: una orden imposible
A la presión operativa se suma un problema estructural cada vez más grave: la falta de combustible en los móviles.
Los efectivos denunciaron que cargan en estaciones YPF, pero los patrulleros salen prácticamente sin nafta. En un caso concreto, una guardia anterior salió con apenas “tres rayas” de combustible, debiendo reclamar para que se habilite la tarjeta de carga.
Finalmente, solo se autorizaron $15.000, un monto claramente insuficiente para una jornada de patrullaje urbano en una ciudad como Rosario.
Cambios de móviles y guardias interrumpidas
La situación no es aislada. Según la misma fuente, tres guardias atrás el personal debió bajar de los móviles y cambiar de unidad porque directamente no se les otorgaba carga de combustible, generando demoras, desorganización y un riesgo operativo evidente tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.
Una lógica peligrosa que se repite
Desde APROPOL se advierte que estas prácticas no solo vulneran derechos laborales básicos, sino que además ponen en jaque la seguridad pública, al exponer a policías a patrullar sin medios, bajo presión y con exigencias ilegales.
La combinación de aprietes internos, cupos de detención y móviles sin recursos configura un escenario de extrema gravedad institucional, que requiere respuestas urgentes del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía.
Mientras tanto, el malestar crece en las bases y se multiplican las denuncias que dan cuenta de una fuerza agotada, desprotegida y sometida a lógicas de disciplinamiento que nada tienen que ver con una policía profesional al servicio de la comunidad.
APROPOL continuará recibiendo información y resguardando la identidad de quienes, pese al temor a represalias, deciden hablar para que la verdad salga a la luz.
APROPOL Noticias
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