Prohibir el conflicto no hace desaparecer el conflicto

Durante décadas, gran parte del sistema político argentino actuó como si los conflictos laborales dentro de las fuerzas policiales y penitenciarias pudieran evitarse mediante prohibiciones, disciplina interna o simples apelaciones a la cadena de mando.

Sin embargo, la experiencia histórica muestra que los reclamos salariales, los cuestionamientos sobre condiciones de trabajo y las demandas de representación continuaron apareciendo aun en contextos donde la organización colectiva era inexistente, no reconocida o severamente limitada.

Ese dato resulta central para comprender uno de los argumentos de ¿Quién protege al que protege? El debate postergado en democracia: el conflicto laboral no desaparece porque el Estado decida no reconocerlo. Cuando no encuentra un cauce institucional estable, suele desplazarse hacia espacios informales, acumularse durante largos períodos y reaparecer de formas menos previsibles y mucho más difíciles de administrar.

La discusión que propone el libro no consiste en trasladar mecánicamente a las fuerzas de seguridad los modelos sindicales existentes en otras actividades, porque la función policial y penitenciaria posee características específicas que deben ser consideradas. La continuidad del servicio, el uso legítimo de la fuerza, la disciplina funcional y determinadas restricciones a las medidas de acción directa forman parte de un debate que exige regulaciones propias y razonables.

La cuestión decisiva aparece cuando esas restricciones no encuentran compensaciones institucionales adecuadas. Si el Estado limita ciertas formas de protesta o acción colectiva por razones vinculadas con la seguridad pública, debería ofrecer al mismo tiempo mecanismos eficaces de representación, negociación, conciliación, arbitraje, participación salarial, protección de representantes y tratamiento institucional de los conflictos.

Allí aparece uno de los conceptos centrales de la obra, el Principio de Reciprocidad Institucional, según el cual la excepcionalidad de la función policial y penitenciaria no puede convertirse en una justificación permanente para reducir derechos, sino que debería fundar mayores obligaciones de cuidado por parte del Estado. La propia lógica del libro lo formula de manera clara: si el Estado exige obediencia, riesgo, disciplina, disponibilidad y responsabilidad funcional, debe garantizar condiciones laborales dignas, salud laboral, protección jurídica, representación colectiva y canales estables de diálogo.

La pregunta ya no debería ser si existen conflictos laborales dentro de las fuerzas de seguridad, porque esos conflictos existen y forman parte de la realidad institucional argentina desde hace décadas. La verdadera discusión consiste en determinar si seguiremos administrándolos mediante informalidad, sanción y desconfianza, o si finalmente construiremos mecanismos democráticos capaces de reconocerlos, ordenarlos y procesarlos.

El próximo sábado se presentará completo ¿Quién protege al que protege?, una obra pensada para circular libremente, sin finalidad comercial, porque su objetivo principal es contribuir a una discusión pública que durante demasiado tiempo quedó relegada.

(*) Periodista.