Una nueva manifestación de personal retirado de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario se desarrolla este lunes frente al portón central de la Jefatura de la Unidad Regional II, en Ovidio Lagos al 5200, en Rosario.
Por Rubén Pombo (*)
El reclamo es concreto: establecer un haber mínimo de $2.500.000 para activos, retirados y pensionados, en un contexto donde los ingresos del sector pasivo han quedado muy por debajo del costo real de vida.
Una escena que expone el límite
La protesta adquirió un fuerte impacto simbólico cuando una mujer se encadenó a los portones de la dependencia policial. No es un gesto aislado. Es la expresión de un sector que afirma haber agotado los canales formales sin obtener respuestas.
Cuando el reclamo llega a ese punto, ya no estamos frente a una simple discusión salarial: estamos frente a una crisis de legitimidad.
El dato que explica todo: ingresos vs. costo de vida
Para entender la magnitud del reclamo, hay que mirar los números:
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La canasta básica total para una familia tipo en Argentina ya supera ampliamente el millón de pesos.
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En muchas jurisdicciones, los haberes de retirados policiales quedan muy por debajo de esa línea, e incluso cerca de niveles de subsistencia.
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La pérdida acumulada por inflación en los últimos años ha sido constante, sin mecanismos de recomposición equivalentes.
El resultado es conocido —y dramático—: retirados que vuelven a trabajar en condiciones precarias, muchos de ellos en seguridad privada o aplicaciones de transporte.
Una paradoja que golpea fuerte: quienes garantizaron seguridad durante décadas hoy deben salir a buscar su propia supervivencia.
El reclamo de los $2.500.000: ¿exageración o piso de dignidad?
A primera vista, la cifra puede parecer elevada. Pero si se la analiza con criterio económico real:
- Busca cubrir costo de vida + salud + desgaste propio de la actividad
- Intenta recomponer años de atraso salarial acumulado
- Funciona como referencia para recuperar poder adquisitivo perdido
No se trata de un aumento puntual. Se trata de redefinir el piso de dignidad del sector pasivo.
Una deuda estructural del Estado
El problema no es nuevo. Lo que cambia es la intensidad.
Históricamente, el personal retirado de las fuerzas de seguridad queda en una zona gris:
- No participa de paritarias
- No tiene representación efectiva
- Depende de decisiones unilaterales del poder político
Es decir: soporta las consecuencias del sistema, pero sin capacidad real de incidir en él.
De la invisibilidad al conflicto abierto
Lo que ocurre hoy en Rosario marca un cambio:
- El reclamo dejó de ser silencioso
- La protesta se vuelve visible
- Y empieza a interpelar directamente al poder político
En términos clásicos, es el paso de la resignación a la acción. Y cuando eso sucede, la historia muestra que el conflicto ya no se apaga con promesas.
Este episodio encaja con precisión en una lógica más profunda que atraviesa al sistema institucional.
Durante años, el trabajador policial y penitenciario fue tratado bajo una lógica de control, sospecha y disciplinamiento.
Pero cuando ese mismo trabajador pasa a retiro, ocurre algo aún más grave: deja de ser controlado… para pasar a ser olvidado.
Ahí aparece una doble ruptura:
- Se rompe el vínculo material (salario digno)
- Se rompe el vínculo simbólico (reconocimiento)
Y sin esos dos elementos, no hay institución que se sostenga en el tiempo.
Cuando el cuerpo reemplaza a la palabra
El encadenamiento de una manifestante sintetiza todo.
Es la señal más clara de que el diálogo institucional ha fallado.
Porque cuando alguien necesita atarse físicamente a una reja para ser escuchado,
el problema no está en el reclamo.
El problema está en el sistema que dejó de escuchar.
Un conflicto que recién empieza
Lo que hoy ocurre en Rosario no es un hecho aislado.
Es un síntoma.
Y como todo síntoma, anticipa algo mayor:
- Mayor conflictividad
- Mayor visibilidad
- Y una discusión inevitable sobre el lugar que el Estado le da a quienes lo sostuvieron
Porque hay una pregunta que empieza a tomar fuerza —y que ya no se puede esquivar: ¿Qué hace un Estado cuando ni siquiera puede garantizar dignidad a quienes lo sirvieron?
AMPLIAREMOS
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario
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