Recreo (Santa Fe) – Pullaro inauguró la nueva cárcel de Recreo con un fuerte discurso contra el “garantismo”, mientras Lucía Masneri afirmó que “el miedo cambió de lado”. Más allá de la obra, las definiciones reabren el debate sobre hasta dónde puede avanzar el Estado en nombre de la seguridad sin convertir las garantías en un obstáculo.
La inauguración de la Unidad Penitenciaria N.º 9 dejó algo más que una nueva obra carcelaria. Maximiliano Pullaro volvió a colocar la seguridad en el centro de una disputa política e ideológica al cuestionar el “garantismo bobo”, reivindicar el endurecimiento del Estado frente al delito y sostener que “cuando el Estado no pacta, es más fuerte que cualquier organización criminal”. Lucía Masneri, por su parte, resumió el espíritu de esa política con una frase todavía más contundente: “Hoy en Santa Fe, el miedo cambió de lado”.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la inauguración de la Unidad Penitenciaria N.º 9 de Recreo, un establecimiento con capacidad para 891 internos que forma parte del plan provincial de ampliación de infraestructura penitenciaria y que permitirá trasladar detenidos actualmente alojados en comisarías, liberando personal policial para tareas de prevención y patrullaje. Sin embargo, el acto tuvo una dimensión política mucho más amplia que la inauguración de un edificio.
La obra, cuya inversión alcanza los 80 millones de dólares entre construcción y tecnología, aparece como una respuesta concreta a un problema real: las comisarías no deberían funcionar como cárceles permanentes y el personal policial no debería quedar absorbido por tareas de custodia que corresponden al Servicio Penitenciario. En ese punto, la decisión resulta razonable y necesaria.
La nueva Unidad Penitenciaria de Recreo representa, sin dudas, un avance concreto en materia de infraestructura carcelaria. Descomprimir comisarías, mejorar las condiciones de alojamiento y devolver personal policial a sus funciones específicas son objetivos necesarios y positivos. Precisamente por eso, el debate no pasa por cuestionar la obra, sino por analizar el discurso y el modelo de seguridad que se construyen alrededor de ella.
También llamó la atención la composición institucional del acto. Aunque estuvieron presentes autoridades políticas, de seguridad y del sistema penitenciario, no se observó una presencia relevante de integrantes del Poder Judicial, con la excepción de la Fiscal General. La ausencia resulta significativa en una inauguración vinculada directamente con el sistema penal, porque cárceles, condenas, prisiones preventivas y ejecución de penas forman parte de una arquitectura institucional que no depende solamente del Ejecutivo. Esa baja representación judicial refuerza, al menos simbólicamente, la impronta predominantemente política y gubernamental con la que fue presentada la obra.
“Hay que combatir ideológicamente al garantismo bobo”
Pullaro afirmó que se encuentra lejos de lo que definió como “ese garantismo bobo que tanto daño le hizo al país” y sostuvo que esa mirada habría colocado a quienes delinquen en el lugar de víctimas y a la sociedad en el de victimario. Fue todavía más lejos al señalar que ese garantismo debe ser “combatido ideológicamente” porque, según su interpretación, actualmente cuestiona la política pública de seguridad de Santa Fe.
La frase merece atención porque desplaza la discusión desde la gestión concreta hacia una construcción política mucho más amplia.
No se discute solamente si hacen falta más cárceles, si el sistema penitenciario necesita infraestructura o si las comisarías deben ser descomprimidas. Pullaro plantea una confrontación entre dos formas de entender la seguridad: de un lado, un Estado decidido a ejercer toda su capacidad coercitiva y, del otro, aquello que engloba bajo la etiqueta despectiva de “garantismo bobo”.
Ese modo de presentar el debate tiene un problema evidente: las garantías constitucionales no pertenecen a una corriente partidaria ni constituyen una concesión a quienes delinquen. Son precisamente los límites jurídicos que distinguen el ejercicio legítimo de la fuerza estatal de la arbitrariedad.
Puede discutirse el abuso retórico o ideológico que algunas corrientes hayan hecho del garantismo, pero convertir el término completo en un enemigo político corre el riesgo de borrar esa diferencia.
“El Estado los va a buscar, les rompe la puerta y los detiene frente a sus hijos”
El gobernador completó esa construcción con una de las frases más fuertes de su discurso. Después de afirmar que “cuando el Estado no pacta, es más fuerte que cualquier organización criminal”, sostuvo que a los delincuentes el Estado “los va a buscar a sus casas, les rompe la puerta y los detiene frente a sus hijos”, les secuestra y subasta sus bienes y los coloca en pabellones de alto perfil cuando corresponde.
El mensaje posee una enorme eficacia política porque construye la imagen de un Estado que recuperó iniciativa frente al crimen organizado.
Pero conviene separar dos cuestiones.
Una cosa es que el Estado allane un domicilio mediante una orden judicial, detenga a una persona contra la que existen elementos suficientes y secuestre bienes vinculados con actividades criminales. Todo eso forma parte del funcionamiento normal de un sistema penal. Otra distinta es transformar esas facultades en una escenificación de fuerza.
Cuando “romper la puerta” o “detener frente a los hijos” se incorpora al discurso político como prueba de firmeza, el procedimiento deja de presentarse solamente como una herramienta jurídica y comienza a adquirir valor simbólico: mostrar quién manda.
Y precisamente allí es donde el poder estatal necesita mayores controles, no menores.
El enemigo y la necesidad de demostrar autoridad
El discurso de Pullaro funciona sobre una frontera clara: de un lado se encuentra una sociedad que durante años habría sido sometida por el narcotráfico y la violencia; del otro, los delincuentes que habían conseguido “arrodillar” a la provincia.
El Estado aparece entonces como el actor llamado a restaurar ese equilibrio mediante una demostración contundente de autoridad.
La lógica tiene una evidente capacidad de movilización política porque ofrece una explicación sencilla de un problema complejo: el delito avanzó porque el Estado retrocedió y, por lo tanto, la solución consiste en que vuelva a ejercer su poder sin vacilaciones.
El riesgo aparece cuando esa recuperación de autoridad empieza a confundirse con la idea de que cuanto más intenso sea el ejercicio coercitivo, mejor será necesariamente la política de seguridad.
La firmeza no reemplaza a la legalidad. La autoridad no sustituye a la prueba.
Y el resultado estadístico tampoco convierte automáticamente en legítimo cualquier medio utilizado para alcanzarlo.
“El miedo cambió de lado”
La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, condensó todavía mejor el clima político del acto al afirmar: “Hoy en Santa Fe, el miedo cambió de lado”.
Es probablemente la frase más reveladora de toda la jornada.
Porque presenta como indicador del éxito de una política pública no solamente que haya menos homicidios, más detenidos o mayor control penitenciario, sino que ahora serían otros quienes sienten miedo.
Desde el terreno electoral es una consigna extraordinariamente efectiva.
Desde el punto de vista institucional merece una reflexión bastante más cuidadosa.
El objetivo de un Estado de Derecho no debería ser que el miedo cambie de propietario, sino que la ley vuelva a organizar las relaciones sociales.
El ciudadano no debería temer al delincuente, pero tampoco debería ser deseable construir un Estado cuya legitimidad repose en que determinadas personas le tengan miedo.
Lo que debería existir es certeza de sanción cuando se comete un delito, certeza de procedimiento legal cuando se investiga y certeza de que el poder estatal no puede avanzar más allá de los límites establecidos.
El reconocimiento a policías y penitenciarios
Pullaro tuvo además un reconocimiento explícito hacia policías y trabajadores penitenciarios, a quienes atribuyó buena parte de la recuperación del orden y la reducción de la violencia, señalando que fueron ellos quienes “pusieron lo que debían poner” para establecer límites y devolvieron “la paz y el orden” a la provincia.
Ese reconocimiento es importante, pero también introduce una contradicción que el propio discurso oficial debería resolver. Si los resultados fueron posibles porque policías y penitenciarios sostuvieron una enorme intensidad operativa, entonces el Estado también debería preguntarse cuál es el costo de esa exigencia puertas adentro de las fuerzas y en qué condiciones materiales, laborales e institucionales se encuentran quienes hicieron posible esos resultados.
Allí aparece una deuda que el discurso oficial suele mencionar mucho menos. Desde el ámbito gremial se viene señalando que una parte muy importante del personal se encuentra por debajo de la línea de pobreza, en un contexto de precarización salarial, endeudamiento, discriminaciones internas y situaciones de abandono institucional que se vuelven especialmente graves cuando un trabajador queda involucrado en un procedimiento judicial o administrativo derivado de esa misma lógica de seguridad intensiva que el Gobierno impulsa.
También resulta significativo que recién en la etapa final de su mandato el Ejecutivo haya comenzado a viabilizar una “Defensoría Policial”, una herramienta reclamada desde hace años y cuya efectividad real todavía deberá comprobarse. La creación del mecanismo puede constituir un avance, pero también deja una pregunta incómoda: si el personal era tan decisivo para sostener la política de seguridad, ¿por qué su protección jurídica especializada tardó tanto en convertirse en una prioridad?
Masneri sostuvo que la nueva infraestructura significaba “cuidar a los que nos cuidan”, porque cada detenido trasladado desde una comisaría permite liberar personal policial para tareas propias.
Es cierto, pero cuidar a quienes cuidan debería significar bastante más que devolverlos al patrullero. También implica condiciones laborales razonables, descanso suficiente, respaldo jurídico efectivo, salarios adecuados, protección frente a arbitrariedades administrativas y acompañamiento institucional cuando los trabajadores atraviesan situaciones críticas.
De lo contrario, el concepto de cuidado corre el riesgo de reducirse a una cuestión de eficiencia operativa: sacar al policía de la comisaría para volver a utilizarlo en la calle, sin revisar en profundidad las condiciones en las que ese trabajador debe seguir sosteniendo una política de seguridad que, según reconoce el propio Gobierno, depende en gran medida de su esfuerzo.
Seguridad como política o como identidad política
Pullaro insistió además en que “no corremos la seguridad de la agenda pública” y reafirmó el objetivo de convertir a Santa Fe en la provincia más segura del país.
La definición es coherente con toda su construcción política y probablemente sea uno de los elementos centrales que explican su legitimidad actual.
Pero cuanto mayor es el peso electoral de la seguridad, mayor debería ser también el cuidado con el modo en que se construye su relato.
Porque existe una diferencia entre hacer de la seguridad una prioridad de gobierno y convertirla en una identidad política sustentada sobre una oposición permanente entre firmeza y garantías.
La primera puede producir políticas públicas.
La segunda corre el riesgo de transformar cualquier control sobre el poder en una señal de debilidad.
La discusión no es cárcel sí o cárcel no
La inauguración de la Unidad Penitenciaria N.º 9 no debería quedar atrapada en una falsa discusión entre quienes quieren cárceles y quienes supuestamente no quieren que los delincuentes sean castigados.
La infraestructura penitenciaria puede ser necesaria. El traslado de presos fuera de las comisarías también.
La persecución del narcotráfico es una obligación estatal y nadie debería cuestionar que quienes delinquen respondan penalmente cuando existen pruebas suficientes.
El verdadero debate aparece en otro lugar: qué límites está dispuesto a respetar el Estado mientras ejerce esa capacidad.
Por eso las propias palabras pronunciadas en Recreo resultan tan importantes.
Pullaro habló de combatir ideológicamente al garantismo, de romper puertas y detener delincuentes delante de sus hijos.
Masneri afirmó que el miedo cambió de lado.
Ambos discursos expresan con mucha claridad el modelo que el Gobierno pretende proyectar: un Estado fuerte, ofensivo y dispuesto a recuperar territorio frente al delito.
El desafío consiste en que esa fortaleza no termine confundiéndose con ausencia de límites.
Porque una democracia no se demuestra solamente por su capacidad para encarcelar a quienes cometen delitos.
También se demuestra por la capacidad de aplicar la ley sin convertir el poder en espectáculo, las garantías en sospechosas y el miedo en una política pública.
Las imágenes:
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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