La Ley 12.913 ofrece el marco legal para encauzar el conflicto sin desorden ni represión.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
El conflicto que atraviesa hoy la Policía de Santa Fe dejó de ser un problema interno para convertirse en una cuestión institucional de primer orden. La escalada de reclamos, la irrupción de asambleas de autoconvocados, las protestas frente a jefaturas y los episodios trágicos que marcaron los últimos días colocan al Gobierno provincial frente a una realidad ineludible: la única salida posible es el diálogo.
Y ese diálogo no es improvisado ni informal. Tiene un marco legal vigente, claro y específico: la Ley Provincial 12.913.
No se trata de inventar caminos por fuera del orden, sino de aplicar una ley que el propio Estado sancionó y que hoy, llamativamente, el Poder Ejecutivo elige ignorar.
La ley existe y obliga
La Ley 12.913 crea los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo, órganos paritarios destinados a proteger la vida y la salud de los trabajadores y mejorar las condiciones y el medio ambiente laboral. La norma es explícita: su objeto es la prevención de riesgos, la detección temprana de situaciones críticas y la consulta regular y periódica en dependencias públicas, incluidas las del sector estatal.
No hay ambigüedad. No hay zonas grises. La ley alcanza a las dependencias públicas con más de 50 trabajadores, y el sector público provincial está expresamente incluido.
Salud, seguridad y prevención: lo que hoy falta
El texto legal establece que estos comités deben:
-
relevar riesgos laborales,
-
intervenir ante situaciones que afecten la salud física y mental,
-
promover condiciones de trabajo dignas,
-
y peticionar ante la autoridad de aplicación cuando exista peligro grave o inminente para la vida o la salud.
¿Hace falta explicar que la sucesión de suicidios, tentativas, licencias psiquiátricas y colapso emocional encuadra de lleno en ese supuesto?
La ley no fue pensada para tiempos normales. Fue pensada para prevenir tragedias como las que hoy están ocurriendo.
El silencio también incumple la ley
Hasta ahora, la respuesta del Ejecutivo fue el repliegue. El gobernador Maximiliano Pullaro evitó pronunciarse, el ministro de Seguridad no dio explicaciones públicas y la conducción policial se mantuvo ausente.
Ese silencio no es neutral. Es una decisión política que agrava el riesgo.
Cuando el Estado no habilita los canales que la ley prevé, empuja el conflicto fuera de las instituciones y deja a los trabajadores sin herramientas formales de protección.
Dialogar no es ceder: es gobernar dentro de la ley
La Ley 12.913 no promueve el desorden ni habilita el caos. Todo lo contrario: ofrece un cauce institucional para discutir condiciones laborales, salud mental, riesgos y prevención sin afectar el servicio ni el orden público.
Negarse a aplicar la ley no fortalece la autoridad del Estado.
La debilita.
Porque cuando la ley existe y no se cumple, el mensaje es que el problema no importa.
Una responsabilidad indelegable
La seguridad pública es un servicio esencial. Pero quienes la garantizan no dejan de ser trabajadores con derechos. La ley lo reconoce. El Estado lo sancionó. Hoy debe cumplirlo.
El gobernador no tiene que elegir entre orden y caos.
Tiene que elegir entre cumplir la ley o profundizar el conflicto.
La salida está escrita.
Está vigente desde 2008.
Y se llama diálogo institucional.
–
«Quien quiera oir que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP) y «La Teoría del Foco y la Vara» (que será lanzado en marzo próximo)
Facebook: Temática Seguridad
Linkedin: Martínez Alberto Rubén
Web: Temática Seguridad (Blogspot)
Web: Confianza Soberana – Teoría política en desarrollo
(c) APROPOL Noticias (2001 / 2026) – 25 años con información y algo más.
*
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora