Cuando ganar demasiado caro es, en realidad, empezar a perder. Tiene ahora máximo seis meses para elegir entre gobernar o ser sorprendido por su propia crisis.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
La historia recuerda al rey Pirro de Epiro, quien en el año 279 antes de Cristo derrotó a los romanos en la batalla de Asculum, pero al costo de perder a gran parte de su ejército. Ante la celebración, pronunció una frase que quedó para siempre: “Otra victoria como esta, y estaremos perdidos”. Desde entonces, una victoria pírrica es aquella que aparenta ser un triunfo, pero que debilita a quien la obtiene.
Eso es lo que acaba de ocurrir en Santa Fe.
Pullaro logró desactivar el conflicto policial mediante decretos, anuncios y gestos de autoridad. Recuperó el control inmediato. Pero el costo político de ese triunfo es profundo: la erosión de la confianza, el desgaste de la legitimidad y la ruptura del vínculo entre el poder político y quienes sostienen el sistema de seguridad.
Ganó el presente. Comprometió el futuro.
El verdadero desafío: reconvertir la política de seguridad desde una mirada humana y democrática
El gobernador tiene ahora no más de seis meses para reconvertir su política de seguridad hacia un modelo humanizado, democrático y participativo, donde el trabajador policial y penitenciario dejen de ser tratado como un objeto de administración y pase a ser reconocido como un sujeto de derecho, con dignidad, voz y reconocimiento institucional.
Esto exige decisiones concretas y urgentes.
Debe crear canales institucionales de diálogo serios, permanentes y legalmente sostenidos. La propia Ley 12.913 ofrece una herramienta clara: los comités previstos en esa norma son mecanismos democráticos, legales y operativamente simples de implementar. No requieren grandes recursos. Sólo requieren voluntad política.
Debe también relevar a los mandos que han perdido legitimidad, aquellos que han ejercido el mando desde el temor, la presión o el distanciamiento, y que hoy no conducen ni representan efectivamente a sus subordinados.
Es imprescindible iniciar una política clara e inequívoca contra el abuso y el acoso laboral dentro de la institución, frenando a quienes ejercen el mando despótico y reconstruyendo una cultura institucional basada en el respeto y no en el miedo.
Debe mejorar las condiciones de trabajo y de vida del personal, no como un gesto de concesión, sino como una obligación esencial del Estado que depende de ellos para sostener el orden público.
Y en ese mismo sentido, resulta indispensable descriminalizar la protesta policial. Reclamar derechos no puede ser tratado como un acto de indisciplina o una amenaza, sino como una expresión legítima dentro de un sistema democrático. La protesta no debilita al Estado; lo fortalece cuando es escuchada y canalizada institucionalmente. Criminalizarla sólo profundiza la ruptura, destruye la confianza y elimina los puentes necesarios para la conducción.
El tiempo político es corto y la inflación no espera
El gobierno ha logrado, por ahora, contener el conflicto. Pero la inflación inexorablemente seguirá avanzando. Lo hará como siempre: silenciosa, constante, implacable. Y volverá a empujar el salario policial hacia esa frontera peligrosa donde se cruza con la indigencia.
Cuando ese cruce vuelva a producirse —y es sólo cuestión de tiempo si no se previene— el escenario será más complejo que el actual.
Porque la confianza, una vez quebrada, no se reconstruye con decretos.
La próxima crisis puede encontrar al poder sin interlocutores
Pullaro aún está a tiempo de corregir el rumbo. Aún puede reconstruir una conducción basada en la legitimidad, el respeto y la participación.
Pero debe entender algo esencial: la autoridad no se impone, se reconoce.
Si no transforma su política de seguridad en un sistema donde los trabajadores sean actores respetados y no engranajes descartables, si no abre canales reales de diálogo, si no reconstruye la legitimidad institucional y si no abandona la lógica de castigar el reclamo, la próxima crisis será inevitable.
Y cuando llegue, puede que ya no existan interlocutores válidos.
Porque en política, el último que se inmola en el altar de la propia soberbia es siempre el que confunde el control momentáneo con el poder duradero.
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«Quien quiera oir que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública Y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP) y «La Teoría del Foco y la Vara» (que será lanzado en marzo próximo)
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