Después de las elecciones IAPOS impone bonos de hasta $270.000 para internaciones.

Tras las elecciones, el bisturí se paga aparte. IAPOS impone nuevos bonos quirúrgicos y de alta complejidad que pueden superar los $270.000 por paciente. Una medida de ajuste brutal que castiga a trabajadores públicos, policías, jubilados y sus familias.

Un recorte que se disfraza de “reestructuración”

Con la excusa de “optimizar el sistema” y “garantizar una distribución equitativa”, el gobierno de Maximiliano Pullaro oficializó una medida de altísimo impacto social: a partir del 1º de julio, todo afiliado de IAPOS deberá abonar dos nuevos bonos de coseguro obligatorio si necesita una cirugía o una prestación de alta complejidad.

Se trata del Bono Quirúrgico (BQ) y del Bono de Prestaciones Especiales (BPE), que alcanzan incluso a prácticas ambulatorias y servicios esenciales como salud mental, discapacidad o emergencias graves.

La medida ya circula en clínicas y sanatorios con montos estimados que superan los $90.000 a $270.000 por persona. Y no hay margen: si no pagás, no te operás.

¿Quiénes pagan la fiesta del ajuste?

Este nuevo esquema no recae sobre los grandes prestadores ni sobre el Estado: recae sobre el bolsillo del trabajador estatal, los policías en actividad, los jubilados, las familias sin margen económico y las personas en situación de urgencia.

• Si te accidentás: pagás.

• Si tu hijo necesita una cirugía: pagás.

• Si sos policía herido en acto de servicio: también pagás.

• Y si no podés pagarlo… te anotás en una lista para que un burócrata evalúe si tu pobreza merece excepción.

Una obra social que fue pensada como herramienta de solidaridad, hoy se convierte en una barrera de exclusión para el que más necesita.

La salud ya no es un derecho: es un privilegio

El nuevo modelo propuesto por el IAPOS consolida una lógica perversa: mercantilizar el derecho a la salud, someterlo a criterios de “capacidad de pago” y externalizar la responsabilidad del Estado sobre el individuo.

Dicen que “no es un aumento de cuotas”… ¡claro que no! Es peor: es un recorte silencioso disfrazado de procedimiento administrativo.

No tocan al prestador, no controlan los precios abusivos, no investigan sobrefacturación, pero sí imponen bonos para el paciente.

¿Y la Constitución?

El acceso a la salud está garantizado por el artículo 42 de la Constitución Nacional y por tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional. Esta medida choca de frente contra esos derechos. No sólo es inmoral: es inconstitucional.

Un ajuste cobarde: se esconde detrás de las elecciones

Es imposible no advertir la maniobra política: anuncian la medida antes de las elecciones, pero la aplican después del 1º de julio. Evitan pagar el costo electoral mientras cocinan un recorte brutal entre cuatro paredes.

Esta no es una reforma del sistema: es un ajuste sanitario selectivo. Y los primeros que lo sentirán serán los trabajadores estatales, policías, docentes, penitenciarios y jubilados. Los que nunca se pueden enfermar.

Advertencia final

Esta decisión no puede pasar inadvertida ni ser naturalizada. El silencio cómplice de los sectores políticos que se dicen opositores también es parte del problema. Quien hoy calla, mañana será cómplice del próximo recorte.

La salud no puede ser un lujo. No es una concesión del gobierno. Es un derecho conquistado. Y cuando se lo arrebatan al trabajador, lo que sigue es la ruina moral del Estado.

¡El domingo tenes un arma poderosa en tus manos, usala correctamente!

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe

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