El hecho ocurrió dentro del propio Juzgado de Paz de Lamarque, donde un hombre que cumplía una presentación periódica debía ser llevado a una comisaría para recibir una notificación.
La Fiscalía sostiene que no hubo resistencia previa y que uno de los policías lo golpeó en el rostro. Sin anticipar un juicio sobre este caso concreto, el episodio vuelve a mostrar cómo intervenciones menores pueden escalar hasta dejar a un ciudadano lesionado y a un efectivo con su carrera seriamente comprometida.
El caso ocurrido en Lamarque, Río Negro, llama la atención no sólo por la imputación contra un policía, sino por el contexto en el que todo sucedió. Según la acusación fiscal, un hombre se encontraba dentro del Juzgado de Paz cumpliendo una presentación judicial cuando dos efectivos llegaron para trasladarlo a una comisaría con el objetivo de notificarlo. Mientras retiraba sus pertenencias, y siempre según la Fiscalía, uno de los agentes le habría dado un golpe de puño en el rostro, provocándole la pérdida de una pieza dental.
La causa fue encuadrada provisoriamente como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en ejercicio de la función policial. La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y abrió una investigación preparatoria de cuatro meses. Hasta aquí, no existe condena ni puede darse por probada la responsabilidad del agente.
Una situación menor que terminó convertida en una causa penal
Hay una pregunta inevitable: ¿Cómo una actuación vinculada a una notificación terminó de esta manera?
La información difundida no precisa si el traslado a la comisaría era compulsivo, si existía una orden específica que obligara a llevar al hombre hasta allí o si la comunicación podía realizarse por otra vía. Por eso no corresponde afirmar que el procedimiento fuera innecesario, pero sí señalar que se trataba, al menos en apariencia, de una situación de baja conflictividad desarrollada dentro de una sede judicial y no de una persecución, un enfrentamiento o una detención violenta en la vía pública.
Según la fiscal Analía Álvarez, además, el golpe se habría producido sin resistencia ni agresión previa. Si esa reconstrucción termina acreditándose, el problema será grave; pero aun antes de llegar a una conclusión judicial, el episodio obliga a preguntarse por qué una intervención rutinaria pudo escalar hasta ese punto.
Hay pruebas, pero todavía faltan datos importantes
La Fiscalía informó que reunió informes médicos, actas del procedimiento y testimonios, elementos suficientes para formular cargos en esta etapa. Sin embargo, no se conoce públicamente quiénes son esos testigos, qué declaró el segundo policía presente, si había personal judicial observando la situación o si existen cámaras de seguridad que hayan registrado el momento. Esos datos serán fundamentales para determinar qué ocurrió realmente y evitar una condena anticipada del efectivo.
Cuando el desborde aparece en situaciones cada vez más pequeñas
El interés del caso excede a Lamarque. En distintos puntos del país aparecen episodios en los que controles, traslados, identificaciones, discusiones o trámites relativamente simples terminan escalando hasta convertirse en denuncias, sumarios y causas penales.
No sería serio convertir esa sucesión de casos en una conclusión estadística sin datos que la respalden, pero sí existe un patrón que merece ser observado y medido: situaciones de baja intensidad que terminan en desbordes de alta consecuencia.
La explicación no puede ser siempre que “un policía perdió el control”. Eso puede ocurrir y, si se prueba, deberá responder individualmente, pero cuando el fenómeno se repite también corresponde mirar la formación, la conducción, las jornadas laborales, el descanso, la presión institucional y la capacidad de los mandos para detectar personal sometido a condiciones que pueden favorecer respuestas inadecuadas.
Desescalar también es una capacidad policial
El ejercicio profesional de la autoridad no consiste únicamente en saber detener, reducir o utilizar la fuerza. En buena parte del trabajo cotidiano, la capacidad más importante consiste precisamente en evitar que una situación innecesariamente escale.
Eso no implica debilidad ni pérdida de autoridad. Implica administrar la fuerza con criterio profesional y reservarla para cuando realmente resulte necesaria.
Si una notificación termina con una persona lesionada y un policía sometido a una causa penal, algo merece ser revisado, aunque todavía no sepamos exactamente qué fue.
También está en juego la carrera del policía
Una imputación de esta naturaleza no es un trámite menor para un integrante de una fuerza. Aunque finalmente resulte sobreseído o absuelto, puede enfrentar sumarios, restricciones funcionales, problemas para ascender y un deterioro profesional difícil de revertir.
Por eso resulta llamativo el contraste entre el motivo original de la intervención y sus consecuencias: una actuación destinada a concretar una notificación terminó con una persona sin un diente y un policía enfrentando un proceso que puede afectar seriamente su futuro laboral.
No se trata de justificar una eventual agresión. Se trata de comprender por qué se llegó hasta allí.
La pregunta que queda abierta
El expediente penal deberá establecer qué hizo el policía y si existió delito. Pero la institución debería plantearse una cuestión adicional: qué condiciones están haciendo que intervenciones relativamente menores terminen cada vez con mayor frecuencia convertidas en crisis.
Si estos episodios comienzan a reiterarse, no alcanzará con buscar culpables individualmente después de cada hecho. También habrá que analizar qué ocurre antes: cómo está trabajando el personal, cómo es conducido, qué formación recibe y qué herramientas tiene para resolver un conflicto sin llevarlo innecesariamente al límite.
El caso de Lamarque todavía debe ser probado.
La pregunta institucional, en cambio, ya puede formularse: ¿Qué está pasando para que una situación tan pequeña pueda terminar con consecuencias tan grandes?
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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