“No quiero denunciar, solo que pare”. Una agente que cumple funciones en la guardia del Ministerio de Seguridad de Santa Fe relató a este medio el calvario cotidiano que vive en su lugar de trabajo.
Una voz desde adentro
Denuncia hostigamiento verbal, descalificaciones constantes y la indiferencia de superiores ante los hechos. “Mi jefa me trata mal cuando estoy sola en el puesto. Me dice ‘gorda inútil, no servís para nada. Estoy muy cansada, ya no sé qué hacer”, expresó entre lágrimas en un mensaje enviado esta semana.
La trabajadora asegura haber informado la situación a sus superiores y a la junta médica, pero afirma que nadie actuó. “Todos me dicen que denuncie, pero sé lo que va a pasar: no van a hacer nada y después me van a tomar como la problemática”, explica, reflejando una sensación de abandono que se repite entre muchos agentes en tareas administrativas o de seguridad institucional.
El miedo como política de control
El caso refleja un patrón cada vez más visible: trabajadores estatales sometidos a maltrato o persecución interna que optan por el silencio por temor a represalias o descrédito. En el ámbito policial y del Ministerio de Seguridad, el miedo a denunciar suele estar asociado a la posibilidad de traslados punitivos, pérdida de destinos o represalias encubiertas, mecanismos que forman parte de lo que la Doctrina de la Sospecha Permanente describe como “control disciplinario mediante la desconfianza”.
El testimonio de la agente muestra con crudeza esa lógica: los canales institucionales existen, pero el mensaje implícito desalienta su uso. Denunciar implica quedar marcada, y callar se vuelve la única forma de conservar la estabilidad laboral.
Un pedido que interpela al Estado
“Yo no quiero denunciar, solo que pare”, repite la mujer, agotada emocionalmente. No busca revancha ni castigo: pide protección. Su caso debería activar protocolos de prevención del acoso laboral y de acompañamiento psicológico, tal como establecen las normas nacionales y provinciales en materia de salud y seguridad en el trabajo.
Sin embargo, nada de eso ocurre. El silencio institucional frente a situaciones así no es neutral: es cómplice. Si el Ministerio de Seguridad no protege a sus propios trabajadores dentro de sus muros, ¿con qué autoridad puede garantizar seguridad hacia afuera?
Un síntoma que crece
La tensión interna en áreas administrativas y de apoyo policial se profundiza. Mientras se discuten millonarios fondos para fundaciones y programas externos, las condiciones humanas dentro del propio Ministerio se deterioran. La desprotección, el miedo y el maltrato cotidiano son parte invisible de la crisis de confianza estatal.
La historia de esta trabajadora, como tantas otras, no busca protagonismo ni venganza. Solo intenta —desde el límite del agotamiento— que alguien escuche. Y que el Estado, al menos una vez, mire hacia adentro.
APROPOL Noticias