Un informe difundido por Sin Mordaza expone cómo una radiografía panorámica que debería costar 30.000 pesos termina facturándose por 48.000 a costa de los afiliados del IAPOS. Entre bonitos, coseguros y demoras de pago, la pregunta es quién se beneficia y quién gobierna realmente la obra social de los estatales santafesinos.
Por Marcos Anglada
¿De quién es el IAPOS?
En un informe reciente, el portal Sin Mordaza puso sobre la mesa una discusión de fondo:
¿de quién es el IAPOS? La obra social tiene más de 600.000 afiliados, pero los trabajadores no deciden nada sobre su funcionamiento ni sobre el destino de los fondos. El manejo queda, en los hechos, en manos del gobierno provincial y de acuerdos con prestadores privados.
“Si es de los empleados (públicos), ¿por qué los empleados no deciden nada? Y si es del gobierno, ¿por qué se usan esquemas donde termina pagando el afiliado como si no tuviera obra social?”, plantean desde el programa, reflejando el enojo creciente.
El caso testigo: una panorámica que se multiplica
El informe toma un ejemplo concreto: una radiografía panorámica.
-
Si un paciente va como particular, el estudio cuesta 30.000 pesos.
-
Con obra social, dos grandes prepagas estarían pagando alrededor de 25.000 pesos al instituto que realiza el estudio.
¿Qué pasa con el IAPOS? Según lo relatado, el esquema es el siguiente:
-
La empresa prestadora cobra 18.000 pesos en mano a los 60 días.
-
El afiliado debe pagar 12 bonos (bonitos), que hoy significan casi 12.000 pesos más de coseguro.
-
Esos bonos, que ya pagó el afiliado, luego se traducen en otros 30.000 pesos que la obra social le termina pagando al prestador.
Resultado:
Una práctica que “vale” 30.000 pesos en el mercado privado termina costando 48.000 pesos entre lo que aporta el afiliado y lo que gira el IAPOS con los bonos.
La pregunta que estalla en el estudio y entre los afiliados es brutalmente simple: ¿para qué está la obra social si con IAPOS terminan pagando más que sin obra social?
Bonos, coseguros y una estructura opaca
Oficialmente, el IAPOS define las órdenes de consulta y bonos asistenciales como el coseguro que aporta el afiliado por cada prestación, con valores regulados por la obra social.
El diputado Miguel Rabbia ya había exigido explicaciones por los aumentos explosivos: el bono de internación pasó de $1.380 a $36.000 entre 2022 y 2024, un aumento del 2.508%.
La combinación de aranceles altos, bonos caros y esquemas de pago diferido abre la sospecha de una doble caja: lo que paga el afiliado hoy y lo que la obra social termina reconociendo al prestador mañana.
¿Gobierno controlador o “socio silencioso”?
El mecanismo que denuncia Sin Mordaza plantea además un problema político:
si el gobierno provincial controla el IAPOS, ¿cómo justifica un esquema donde el afiliado termina financiando un sobreprecio respecto del valor de mercado de la práctica?
Las decisiones sobre:
-
cuántos bonos se exigen,
-
qué montos se reconocen a los prestadores,
-
y cómo se reajustan los aranceles
no pasan por una mesa con representación de los afiliados, sino por resoluciones administrativas y acuerdos que se negocian puertas adentro.
Para los empleados públicos, la sensación es clara:
“El IAPOS se financia con nuestros sueldos, pero lo usan como si fuera una caja propia”.
Lo que falta: transparencia y control social
El caso de la radiografía panorámica no es solo una anécdota: es un caso testigo que permite ver la arquitectura del negocio detrás de los “bonitos”.
Lo mínimo que debería exigirse:
-
Listado público y en lenguaje claro de cuánto paga el IAPOS a cada prestador por cada práctica.
-
Detalle del costo real de mercado de esos estudios y tratamientos.
-
Participación de los afiliados y sus organizaciones en el directorio y en la auditoría de la obra social.
-
Mecanismos de control externo (Tribunal de Cuentas, Legislatura, Defensoría del Pueblo) sobre la estructura de bonos y coseguros.
Hasta que eso no exista, cada radiografía, análisis o internación seguirá dejando flotando la misma sospecha: que el IAPOS, en lugar de cuidar el bolsillo del afiliado, terminó convertido en una máquina de transferir recursos públicos a privados bajo la cobertura de la “salud”.
APROPOL Noticias