RECONQUISTA: Denuncian reiteradas demoras en el pago de servicios adicionales a policías

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Hospital de la ciudad de Reconquista.

Según el reclamo, sería la tercera vez en cuatro meses que el personal cobra fuera de término. También advierten que el destacamento de un hospital funciona con un solo policía por turno.

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Personal policial denunció nuevas demoras en el pago de los servicios adicionales realizados durante la última quincena. De acuerdo con el testimonio recibido por APROPOL Noticias, no se trataría de un episodio aislado, sino de la tercera irregularidad registrada en los últimos cuatro meses.

Los servicios adicionales constituyen para numerosos policías un ingreso indispensable para completar salarios que resultan insuficientes frente al costo de vida. Por esa razón, cualquier demora afecta directamente la economía familiar de quienes ya cumplieron las tareas asignadas.

La fuente recordó que los organismos o particulares que contratan estos servicios deben acreditar el pago con al menos 48 horas de anticipación. Si ese requisito no se cumple, en principio, el personal no debería ser enviado.

“Cualquier contratante tiene que presentar el comprobante de pago de la quincena 48 horas antes; de lo contrario, no se manda el personal solicitado”, explicó.

Reclaman conocer dónde quedó depositado el dinero

La reiteración de las demoras generó sospechas entre los afectados acerca del circuito administrativo de los fondos. Uno de los policías reclamantes planteó que debe establecerse si el contratante pagó en término, cuándo ingresó el dinero y por qué no fue transferido oportunamente a quienes realizaron el servicio.

La fuente manifestó incluso su disposición a presentar una denuncia ante Asuntos Internos para que se investigue el manejo de esos recursos. Sin embargo, hasta el momento no se aportaron elementos que permitan afirmar la existencia de una malversación o de una maniobra destinada a obtener intereses financieros.

Esa sospecha deberá comprobarse. Lo que sí corresponde exigir es información precisa y documentada sobre las fechas de depósito, acreditación y liquidación.

La Administración tiene la obligación de asegurar la trazabilidad del dinero y explicar cualquier demora. No alcanza con informar que “el pago todavía no entró” cuando el policía cumplió su trabajo y desconoce qué ocurrió con los fondos.

Si el hospital no paga, el servicio debe revisarse

El reclamo estaría vinculado con servicios prestados en un hospital. Para los denunciantes, si la institución contratante no deposita el dinero dentro del plazo establecido, las autoridades deberían intimarla y suspender el servicio adicional hasta que regularice la situación.

“Si el hospital paga tarde, deberían levantar el servicio. Con una sola vez que lo hagan, el problema se soluciona”, sostuvo uno de los afectados.

El planteo expone además una situación preocupante: según la información recibida, el destacamento del establecimiento sanitario contaría con un solo empleado policial por turno.

Si el hospital necesita presencia policial permanente para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores y visitantes, esa necesidad no puede quedar sostenida mediante un sistema administrativo irregular ni a costa del salario del personal.

El policía no puede financiar al Estado

Corresponde determinar si la demora se origina en el hospital, en la dependencia encargada de administrar los adicionales o en el circuito de liquidación provincial. También debe informarse si el dinero fue depositado y durante cuánto tiempo permaneció sin ser transferido.

No es razonable exigir el cumplimiento estricto del servicio mientras el Estado flexibiliza sus propias obligaciones de pago. Mucho menos cuando se trata de recursos que pertenecen a trabajadores que utilizan esos ingresos para llegar a fin de mes.

APROPOL solicita que las autoridades identifiquen el punto exacto donde se produce la demora, regularicen inmediatamente los pagos y garanticen un sistema transparente que permita a cada policía consultar el estado de su liquidación.

La denuncia queda abierta para que las autoridades del hospital y las áreas policiales responsables brinden su explicación y ejerzan el correspondiente derecho a respuesta.

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.

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