Acusan a la fiscalía de ignorar pruebas y dirigir la investigación. Seis agentes viales quedaron imputados por hurto calificado y otros delitos conexos que reclaman sus inocencias. También se denuncia que se usó el sistema administrativo dentro de la fuerza como mecanismo disciplinario selectivo.
Por Marcos Anglada
Agentes de la Dirección Provincial de Seguridad Vial (DPSV) de la ciudad de Reconquista afirman que fueron víctimas de un “armado procesal” tras el siniestro vial ocurrido el 17 de abril de 2024, en el que volcaron dos camiones cargados de mercadería. Según los denunciantes, fueron apresados y sancionados, mientras otros actores involucrados quedaron al margen de la investigación.
Los hechos bajo la lupa
El incidente vial tuvo lugar sobre rutas provinciales, cuando los camiones, uno conducido por Adrián Valle y otro por Luis Tourn, colisionaron y quedaron a resguardo de distintas fuerzas de seguridad. En ese contexto, los agentes viales señalan que gran parte de la carga —latados, envases de choclo y otros productos— fue trasladada fuera de los sistemas oficiales de custodia. Según las presentaciones, se encuentran imágenes y mensajes de WhatsApp donde se documenta el traslado de la mercadería a domicilios particulares o sedes operativas que no correspondían.
Por su parte, la investigación penal tomó otro rumbo: seis agentes viales quedaron imputados por hurto calificado y otros delitos conexos, pero los denunciantes alegan que nunca se convocó a la subjefa de Seguridad Vial, ni al Comando Radioeléctrico, ni siquiera se requirieron teléfonos ni registros de Gendarmería que también estuvo presente. El abogado que los patrocina, Dr. Walter Ayala, sostiene que se limitó la acción a “la punta más débil” para proteger a mandos medios y altos.
Acusaciones contra la fiscalía
El centro de las denuncias está dirigido a la Rubén Daniel Martínez —fiscal regional de la 4.ª Circunscripción— y al fiscal adjunto Nicolás Aureliano Maglier, a quienes se acusa de omisión de diligencias, funcionamiento sesgado y encubrimiento. La presentación describe que el fiscal Martínez “no pidió actas, no requirió teléfonos, no ofició a Gendarmería ni al comando radioeléctrico” y que, a pesar de que había registro de cámaras municipales que mostraban el ingreso de vehículos policiales con mercadería a casas particulares, “se archivó” el acceso a esas pruebas.
Se señalan los delitos de asociación ilícita, hurto calamitoso agravado por la función pública, encubrimiento, falsificación de documento e instigación al delito. También se denuncia que se usó el sistema administrativo dentro de la fuerza como mecanismo disciplinario selectivo.
El uso de la burocracia como herramienta de sospecha: cuando el control se vuelve castigo
El señalamiento del Dr. Ayala acerca de que “se usó el sistema administrativo dentro de la fuerza como mecanismo disciplinario selectivo” encaja con precisión en lo que venimos definiendo como la Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP): una forma de poder institucional que no necesita probar la culpa para castigar, porque opera a través de la desconfianza como principio de gobierno. En este caso, el circuito administrativo no cumple una función de control legítimo ni de justicia interna, sino que se convierte en un dispositivo de disciplinamiento político y moral.
La DSP se manifiesta cuando las herramientas del Estado —sumarios, traslados, cesantías o medidas preventivas— son utilizadas no para esclarecer hechos, sino para marcar jerarquías de obediencia. Así, los agentes investigados son transformados en “sospechosos permanentes”, no por lo que hicieron, sino por lo que representan: trabajadores que reclaman derechos, cuestionan órdenes o señalan irregularidades. El expediente administrativo se convierte entonces en un instrumento de silenciamiento selectivo, una suerte de castigo anticipado que refuerza el miedo y destruye la confianza interna.
Desde esta óptica doctrinaria, la denuncia del Dr. Ayala no se limita a un caso aislado de abuso procesal: expone el modo en que la sospecha estructural se institucionaliza dentro de las fuerzas de seguridad, erosionando la legalidad, la moral profesional y el principio republicano de responsabilidad pública.
Lo que piden los agentes
Los policías viales exigen:
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Que se amplíe la causa penal y se invoque a todos los involucrados, sin selectividad.
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Que se realicen pericias sobre actas, cámaras de monitoreo, comunicaciones (WhatsApp) de los teléfonos oficiales que presuntamente cambiaron tras el siniestro.
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Que se investigue qué ocurrió con la mercadería, por qué fue trasladada fuera del operativo oficial y quién ordenó esos movimientos.
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Que la fiscalía regional asuma responsabilidad funcional o, en su defecto, se aparte del expediente para garantizar imparcialidad.
Un desafío institucional
El caso vuelve a poner en tensión la lógica del control interno en las fuerzas de seguridad: cuando los agentes denuncian que la investigación fue “armada en su contra”, se abre un debate sobre los mecanismos de gobierno, rendición de cuentas y transparencia en las fiscalías regionales. En un territorio donde las estructuras de mando permanecen poco accesibles al escrutinio público, el reclamo adquiere un carácter que va más allá del caso puntual y se vincula a la garantía de derechos sindicales de los uniformados.
El futuro de esta denuncia dependerá de si las instancias superiores del sistema de persecución penal aceptan abrir la causa, o si la respuesta quedará circunscripta al grupo que ya fue investigado. Los policías viales, por su parte, aseguran que no desistirán hasta que “se investigue todo o no quede impune”.
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Fuente consultada: Sin Mordaza
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