La defensa anticipa apelación y cuestiona la medida.
La Justicia dispuso la prisión preventiva para los dos efectivos policiales investigados por una presunta filtración de información vinculada a procedimientos contra el microtráfico en el norte santafesino. La defensa cuestionó duramente la resolución y anunció que recurrirá ante la Cámara Penal una vez conocidos los fundamentos completos del fallo.
La audiencia realizada en Reconquista concluyó con la decisión judicial de mantener privados de la libertad a dos efectivos policiales investigados por una supuesta filtración de información reservada relacionada con allanamientos por microtráfico de estupefacientes.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que los hechos investigados presentan una gravedad institucional extraordinaria debido a la eventual utilización de información sensible vinculada a procedimientos judiciales para advertir anticipadamente a personas alcanzadas por los operativos.
El fiscal Franco Carbone calificó el episodio como un hecho de extrema gravedad y sostuvo que la actuación investigada habría comprometido el resultado de una importante investigación criminal desarrollada en el norte provincial.
La defensa cuestionó el escaso tiempo para preparar la audiencia
Fuentes vinculadas a la defensa señalaron a APROPOL que los abogados tuvieron menos de 25 minutos para revisar el material incorporado al expediente antes de afrontar una audiencia donde se discutía la libertad de los imputados.
Según indicaron, la situación generó una marcada desigualdad procesal, ya que la Fiscalía dispuso de aproximadamente 96 horas para reunir, organizar y estructurar la información utilizada para sustentar su pedido de prisión preventiva.
Por tal motivo adelantaron que recurrirán la resolución ante la Cámara Penal apenas se conozcan los fundamentos completos del fallo dictado por el juez Mauricio Martelossi.
«Seguimos sosteniendo la inocencia de la imputada»
Desde la defensa reiteraron que continúan sosteniendo la inocencia de la funcionaria policial imputada.
Los abogados consideran que no existen elementos suficientes que permitan justificar una medida tan gravosa como la prisión preventiva y entienden que no se verifican criterios de razonabilidad ni proporcionalidad para restringir su libertad.
Recordaron además que la policía colaboró desde el inicio con la investigación, entregando voluntariamente su teléfono celular y proporcionando las claves de acceso requeridas por los investigadores sin formular oposición alguna.
Las capturas de pantalla y el origen de la información
Otro de los puntos cuestionados por la defensa se relaciona con las capturas de pantalla que forman parte de la investigación.
Según sostienen, esos mensajes y capturas ya circulaban electrónicamente de manera pública varios días antes de los operativos, circunstancia que —afirman— deberá ser analizada en profundidad durante el avance de la causa para determinar su verdadero origen, difusión y alcance.
Los defensores entienden que la investigación deberá establecer con precisión quién generó originalmente ese material y cómo llegó a los distintos destinatarios.
Licencia por maternidad y funciones fuera del área investigada
La defensa también remarcó que la funcionaria policial se encuentra bajo licencia por maternidad desde hace varios meses.
Asimismo señalaron que la agente no presta servicios en el área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones, aspecto que consideran relevante al momento de analizar la hipótesis acusatoria.
Los abogados insistieron durante la audiencia en que la mujer es madre de una bebé lactante y que la restricción de libertad afecta una situación familiar particularmente sensible.
Cuestionamientos por un aparente criterio desigual
Otro aspecto que comenzó a generar debate entre abogados y observadores judiciales de la región tiene relación con la aparente diferencia de criterios aplicada en resoluciones recientes.
Según señalaron fuentes de la defensa, apenas un día antes de esta audiencia el mismo magistrado habría dispuesto la detención domiciliaria para una mujer embarazada investigada en una causa donde durante los procedimientos se secuestraron estupefacientes y otros elementos de interés para la investigación penal.
A criterio de los defensores, resulta difícil comprender por qué en aquel caso se consideró suficiente una medida menos gravosa y, en cambio, en el caso de la funcionaria policial se optó por mantener una prisión preventiva efectiva.
La comparación adquiere especial relevancia —afirman— teniendo en cuenta que la policía investigada se encuentra de licencia por maternidad, es madre de una bebé lactante, colaboró con la investigación y entregó voluntariamente todos los elementos requeridos por la Justicia.
«No estamos reclamando privilegios. Estamos reclamando igualdad ante la ley y criterios uniformes de proporcionalidad», señalaron allegados a la defensa.
Polémica por las referencias al accidente donde murieron dos comisarios
Uno de los momentos que generó mayores comentarios entre los presentes en la audiencia fue la referencia realizada por el fiscal al accidente vial ocurrido durante el operativo en el que perdieron la vida dos comisarios de la Policía de Investigaciones.
Durante su exposición, el representante del Ministerio Público vinculó la gravedad institucional de la presunta filtración con el contexto general de los allanamientos y recordó el fallecimiento de los jefes policiales mientras se dirigían a cumplir funciones relacionadas con dichos procedimientos.
Sin embargo, esa comparación generó críticas entre asistentes y observadores de la audiencia, quienes consideraron desacertado establecer una relación argumental entre un accidente de tránsito y una imputación penal que aún se encuentra bajo investigación.
Las objeciones apuntaron a que ambos hechos poseen naturalezas completamente distintas y que cualquier asociación podría generar interpretaciones impropias sobre responsabilidades que todavía no han sido establecidas judicialmente.
Una causa que recién comienza
Mientras la Fiscalía sostiene que la filtración de información compromete seriamente la confianza institucional y la eficacia de las investigaciones criminales, la defensa insiste en que los elementos presentados hasta el momento no alcanzan para justificar una privación de libertad de semejante intensidad.
La discusión continuará ahora en instancias superiores, donde la Cámara Penal deberá revisar los agravios planteados por los defensores una vez que se conozcan los fundamentos completos de la resolución judicial.
Por el momento, la prisión preventiva quedó firme, aunque la controversia jurídica sobre la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida recién comienza.
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AMPLIAREMOS.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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