La última tormenta que sacudió los pasillos del Ministerio de Seguridad no fue por un cambio de cúpula ni por una nueva filtración judicial. Fue por un polígono una proyectada construcción en la sede del Instituto de Seguridad Pública en la ciudad de Recreo.
Por El Espía
Según fuentes reservadas, el conflicto estalló cuando una diferencia de criterios presupuestarios enfrentó a funcionarios por la a. La tensión llegó al punto que el gobernador debió terciar personalmente. ¿El resultado? Se optó, sin demasiados anuncios ni concursos, por la opción más rápida. Y la más cara: casi el doble del presupuesto original.
Los rumores apuntan a que la obra ya estaba “acordada” de antemano, y que solo se necesitaba una excusa para justificarlo. Y acá entra la clave: la Ley de Emergencia en Seguridad Pública.
Vía libre
La Ley Nº 14.237, sancionada el 14 de diciembre de 2023 y promulgada pocos días después. Esta norma declaró el Estado de Emergencia en Seguridad Pública en todo el territorio provincial por 12 meses, con posibilidad de prórroga.
Y así fue: el 16 de diciembre de 2024, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el Decreto Nº 2838, extendiendo la vigencia de la ley hasta diciembre de 2025. Todo legal, todo planchado. Todo habilitado para decisiones sin licitaciones ni demasiadas preguntas.
En la práctica, la ley permite comprar, contratar, construir y reorganizar sin pasar por los mecanismos habituales de control. O dicho de otro modo: la emergencia sirve también para esquivar la transparencia.
En los pasillos del ISeP —el Instituto que supo formar policías y hoy parece una delegación de Desarrollo Social con uniforme— circulan nombres, facturas y sospechas. Pero como siempre, nadie firma nada, nadie recuerda nada, y todos esperan el próximo ascenso. La sombra de «El Cabañero» que supo llevarse los aires acondicionados en su momento sigue impune.
Por ahora, el polígono avanza. aunque con tres funcionarios menos y una nueva tarea para Orciani una especie de Margaret Thatcher vernácula.
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