En todos estos años hemos visto pasar a compañeros y camaradas policiales y penitenciarios que, con una constancia silenciosa y a menudo solitaria, abrazaron la lucha por el reconocimiento y la regulación de nuestro derecho a la libertad sindical —con la salvedad responsable del derecho a huelga, en respeto de la función esencial que cumplimos para la sociedad.
Por el Lic Luis Alberto Miranda (*)
En ese camino quedaron quienes partieron de este mundo, quienes se cansaron, quienes fueron criminalizados, quienes resistieron en silencio, quienes chocaron contra el andamiaje jurídico-administrativo y jurisdiccional que les negó toda vía de reconocimiento, y quienes abandonaron la lucha por falta de respaldo, de recursos y, muchas veces, de acompañamiento de sus propios pares, y por supuesto, también quienes usaron de trampolín político la causa para fines espurios…
Allí adquiere pleno sentido la advertencia atribuida a Maquiavelo: “Es difícil y peligroso liberar a un pueblo que prefiere la esclavitud.”
Esta frase no acusa, sino que desnuda una ley persistente del poder: el hábito puede ser más fuerte que la opresión.
Quien ha vivido largo tiempo bajo tutela aprende a temer la intemperie de la libertad, porque la libertad exige responsabilidad, exposición y conflicto legítimo. Para cualquier estructura de mando, esto representa una ventaja: no necesita imponer disciplina desde afuera cuando la costumbre ya la ha instalado por dentro.
En política, la mayor resistencia al cambio rara vez proviene del adversario visible. Nace, más bien, de quienes han aprendido a sobrevivir dentro del orden vigente. El poder se vuelve estable cuando los subordinados confían más en la protección del superior que en su propia capacidad de organización, representación y acción colectiva.
En nuestro caso, la idea puede formularse así: “Es doblemente arriesgado abrir la puerta de la libertad a quienes, por costumbre o prudencia, han aprendido a refugiarse en la tutela del mando antes que en la fuerza de su propia voz.”
Toda institución armada habita una paradoja: se le enseña a obedecer para garantizar el orden, pero se le exige conciencia para preservar la justicia.
El gobernante sagaz sabe que mientras sus hombres miren únicamente hacia arriba en busca de amparo, el edificio del poder se mantiene firme. Pero también sabe que la historia no avanza solo por la voluntad de quienes gobiernan, sino cuando los cuerpos intermedios —fuerzas, estamentos, organizaciones— comprenden que la lealtad y la dignidad no siempre residen en el mismo lugar.
No es este un llamado a la ruptura, sino a la madurez democrática: los cambios que nacen de la reflexión colectiva son más duraderos que los que se conceden por decreto, y los órdenes que aprenden a dialogar con sus propias bases resisten mejor el paso del tiempo que aquellos que solo confían en la verticalidad del mando.
Por eso, no bajar los brazos no es un gesto de rebeldía: es un acto de responsabilidad histórica. Levantar la voz no es deslealtad: es dignidad organizada.
Que la voz de miles de trabajadores policiales y penitenciarios de Argentina y de toda Latinoamérica, muchas veces invisibilizados por la desidia de los gobiernos de turno, deje de ser un murmullo disperso y se convierta en una palabra colectiva, consciente y democrática.
Porque ningún derecho que no se nombra, se defiende y se sostiene en el tiempo, logra verdaderamente existir.
(*) Licenciado en Seguridad Pública. Secretario General de la FASIPP y de la CTPPL
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