Las recientes declaraciones de la Secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón, en relación al acuerdo salarial alcanzado por el sector policial merecen una aclaración clara y respetuosa.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
En primer lugar, los trabajadores policiales y penitenciarios no reciben absolutamente nada que pertenezca a los afiliados de ATE ni a ningún otro gremio. Cada sector negocia —o lucha por negociar— su propia recomposición salarial en función de su régimen específico, su estructura de riesgos, su sistema disciplinario y sus condiciones laborales.
Comparar sectores con realidades normativas, funcionales y jurídicas distintas puede servir para generar impacto discursivo, pero no aporta soluciones concretas.
La discusión salarial no es competencia entre trabajadores
Si el personal policial logró una recomposición cercana al 40% tras un conflicto de magnitud histórica, ello no implica un perjuicio para otros sectores de la administración pública. Implica que un sector altamente restringido en derechos encontró una forma —extraordinaria y excepcional— de hacerse escuchar.
Transformar esa situación en un argumento de confrontación entre trabajadores no fortalece a nadie.
El problema salarial del conjunto del empleo público no lo generan los trabajadores policiales. Lo genera un esquema estructural que cada organización debe enfrentar con sus propias herramientas.
Cada paritaria es responsabilidad de cada representación
Cómo discute su salario el sector policial es asunto del propio sector policial. Del mismo modo, cómo negocia ATE corresponde exclusivamente a sus afiliados y dirigentes.
En lugar de observar lo que consiguió otro sector, tal vez el foco debería estar en fortalecer las propias herramientas de negociación y representación.
La solidaridad entre trabajadores no se construye señalando al que logró mejorar su situación, sino exigiendo que nadie quede por debajo de condiciones dignas.
No es “vigilantear”, es respetar autonomías
Los trabajadores policiales no administran la paritaria estatal ni fijan el presupuesto provincial. No deciden la oferta al resto de la administración pública.
Lo que sí defendemos es algo elemental: cada sector tiene derecho a organizarse, a reclamar y a obtener mejoras sin ser convertido en variable de ajuste discursivo.
La discusión de fondo no debería ser quién consiguió más, sino por qué el conjunto del empleo público viene perdiendo poder adquisitivo desde hace años.
Un llamado a la madurez sindical
En contextos de aceleración inflacionaria y deterioro del salario real, lo razonable sería exigir mejores condiciones para todos, no cuestionar a un sector específico por haber logrado avances tras un conflicto extraordinario.
La competencia entre trabajadores debilita. La autonomía y el respeto fortalecen.
Cada organización debe concentrarse en sus afiliados, en su estrategia y en su responsabilidad.
El resto es ruido.
(*) Periodista. Director – Fundador de APROPOL Noticias
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