Rosario: “Chau y perdón” – Así se activó el protocolo por un policía al límite

Un mensaje. Dos palabras. “Chau y perdón”. Eso fue todo lo que necesitó un compañero para entender que algo andaba mal. Y para actuar.

Por Alberto Martínez (*)

La historia ocurrió en una vivienda de la zona sur de Rosario. Un suboficial de 31 años, asignado a la Policía de Investigaciones con destino en Casilda, había posteado esa frase como estado de WhatsApp. Fue suficiente para que otro efectivo —su amigo, su hermano de la vida azul— lo detectara, tomara captura de pantalla, y se dirigiera a su casa sin dudar.

A las 18:20, el móvil Pantera 9 de la III Compañía del CGI se hizo presente en el domicilio. La madre del policía, desconcertada, autorizó el ingreso. En la habitación, el agente dormía. Lo despertaron con respeto. Le explicaron por qué estaban ahí.

“Fue un malentendido”, dijo. “No era lo que pensaban”. Pero cuando se le preguntó por su arma reglamentaria, explicó que la tenía cargada en el chaleco.

Entonces, por protocolo —y por cuidado, sobre todo—, se procedió al secuestro del arma Bersa 9mm, con 34 municiones y dos cargadores. También su teléfono y el chaleco reglamentario. Todo fue entregado voluntariamente.

Después vino el traslado. La declaración. La intervención de la fiscalía de Homicidios Culposos. Y, finalmente, la llegada de una psicóloga del Área de Contención de la Agrupación Cuerpos (recientemente creada ante esta sucesión de hechos preocupantes entre el personal) para brindarle el primer auxilio emocional.

Se evitó lo peor. Pero el síntoma está ahí. Vibrante. Doloroso. Recurrente.

Nadie elige ser policía para terminar así: con un arma en el chaleco y la mente en el abismo.

Viven para cuidar, pero nadie cuida de ellos

Pero la realidad muestra otra cosa. Demasiadas historias como esta. Demasiadas veces. Demasiado silencio.

¿Qué hay detrás de estos episodios? No es solo una crisis emocional. Es un grito.
Los policías viven desarraigados, separados de sus familias por traslados en comisión que duran meses, sin viáticos reales ni garantías laborales.

Trabajan 12, 14, hasta 24 horas seguidas, con esquemas rotativos que rompen el cuerpo y el alma.

Y cobran sueldos que ya no alcanzan ni para la canasta básica, mientras tienen que enfrentar a narcos armados con chalecos vencidos y móviles sin mantenimiento.

¿Quién protege al que protege?

¿Quién cuida al que patrulla de noche, al que pone el pecho en los allanamientos, al que vive con miedo de no volver?

El sistema los expulsa lentamente. Primero los aísla. Después los responsabiliza. Y cuando están quebrados, los trata como un expediente más.

No hay plan integral. No hay contención sostenida. No hay humanización del trabajo policial.

Lo que pasó en Rosario no es una anécdota. Es una señal de alerta. Y cada alerta ignorada puede convertirse en tragedia.

Desde APROPOL lo dijimos mil veces: No hay seguridad posible si quienes deben darla no tienen garantizada su propia seguridad emocional, laboral y económica.
Ya no alcanza con decir “gracias por el servicio”. Hay que garantizarles una vida digna.

Porque su vida también importa.

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Quién quiera oír que oiga!

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.

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