Personal de la Brigada Motorizada hizo llegar a APROPOL un reclamo anónimo en el que cuestiona el funcionamiento de un grupo denominado “GIAM” y denuncia diferencias en horarios, recargos y servicios adicionales.
El planteo apunta directamente a la conducción de la dependencia y reclama que se explique quién autorizó un supuesto régimen de 12×60 para algunos efectivos mientras el resto cumpliría 12×48.
Un nuevo reclamo interno pone la mirada sobre las condiciones de servicio dentro de la Brigada Motorizada de Rosario, una de las unidades operativas pertenecientes a la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe.
La denuncia fue remitida de manera anónima por personal que asegura hacerlo de esa forma por temor a posibles represalias.
El eje del planteo es la existencia de supuestos privilegios alrededor de un sector identificado por los propios denunciantes como “Grupo GIAM”, cuyos integrantes, según el testimonio recibido, contarían con condiciones de servicio diferentes a las del resto del personal de la dependencia.
¿12×60 para unos y 12×48 para los demás?
Uno de los puntos que mayor malestar genera sería la diferencia en el régimen de trabajo.
De acuerdo con el mensaje recibido, mientras buena parte del personal estaría cumpliendo servicios bajo un esquema de 12 horas de trabajo por 48 de descanso, quienes integran este grupo tendrían previsto un régimen de 12×60.
Si esto fuera efectivamente así, corresponde conocer qué disposición lo establece, quién la autorizó, con qué fundamento operativo y cuál es el criterio utilizado para establecer semejante diferencia entre policías pertenecientes a una misma estructura.
No se trata de cuestionar que determinadas especialidades puedan requerir horarios particulares. Eso puede ocurrir y, si existe una necesidad operativa fundada, puede incluso resultar razonable.
El problema aparece cuando las diferencias no están claramente explicadas, documentadas o justificadas frente al resto del personal.
Porque cuando dos policías pertenecientes a una misma dependencia soportan cargas laborales diferentes sin comprender por qué, aparece inevitablemente una sensación de privilegio.
Cursos, capacitación y horas de servicio
Los denunciantes sostienen además que los integrantes del grupo pasarían una parte considerable de su tiempo afectados a cursos y actividades de capacitación dentro de Jefatura. La capacitación policial es necesaria y forma parte de la profesionalización de cualquier fuerza.
El propio Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe mantiene durante 2026 distintos programas de actualización, perfeccionamiento y formación operativa destinados al personal policial. Por lo tanto, capacitarse no constituye por sí mismo ningún privilegio.
La cuestión planteada por los trabajadores es otra: quieren saber cómo se computan esas jornadas dentro del régimen laboral, quién cubre los servicios ordinarios mientras determinados agentes se encuentran capacitándose y si existe una distribución equitativa de las cargas.
El planteo cobra mayor importancia cuando esas capacitaciones, según la denuncia, estarían vinculadas con un superior de la propia estructura que también tendría incidencia sobre la organización funcional del grupo.
Si existe esa situación, corresponde simplemente transparentarla.
El reclamo por los recargos
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con los denominados recargos.
Según el testimonio recibido por APROPOL, durante los servicios extraordinarios montados con motivo de los Juegos Sudamericanos determinados integrantes del grupo no habrían sido afectados de la misma manera que el resto del personal.
Los denunciantes sostienen que mientras numerosos policías debieron absorber esas exigencias extraordinarias, los efectivos cuestionados habrían quedado exceptuados por considerar que estaban destinados “a otra cosa”. Esto también necesita una respuesta oficial. Si existió una decisión operativa que justificaba preservar determinada capacidad especial, debe explicarse.
Pero si algunos policías fueron eximidos sistemáticamente de recargos mientras otros acumulaban horas de trabajo, corresponde revisar qué criterio se utilizó.
La cuestión no es menor.
Cada policía que queda fuera de un servicio que debe realizarse implica, generalmente, que otro compañero debe ocupar ese lugar.
El punto más sensible: los adicionales pagos
La denuncia incorpora además una afirmación que, por su gravedad, debería ser verificada administrativamente. Los policías que hicieron llegar el reclamo aseguran que los miembros de este grupo tendrían escasa presencia en determinados servicios ordinarios y recargos, pero participarían regularmente de servicios de policía adicional remunerados.
Eso genera una pregunta inevitable: ¿Cómo se distribuyen los servicios adicionales dentro de la Brigada Motorizada y qué criterios se emplean para asignarlos?
Los adicionales constituyen una fuente complementaria de ingresos para muchos trabajadores policiales. Precisamente por eso su distribución debe estar respaldada por criterios claros y controlables.
Si quienes tienen menor carga ordinaria terminan además concentrando oportunidades de servicios pagos, la situación merecería una explicación especialmente detallada.
Por ahora se trata de una afirmación proveniente de una denuncia interna que debe ser comprobada. La administración posee los elementos para hacerlo con facilidad: planillas de servicio, órdenes internas, registros de adicionales y horarios cumplidos.
La calle no puede quedar siempre para los mismos
Detrás de todos estos cuestionamientos aparece una cuestión más profunda.
El personal que patrulla diariamente conoce perfectamente cuánto pesan doce horas de servicio cuando después llegan recargos, convocatorias extraordinarias, cambios de turno y reducciones del descanso.
La Brigada Motorizada no es una estructura decorativa. La propia Provincia la identifica históricamente como una unidad destinada al patrullaje operativo, y el Estado ha destinado vehículos y equipamiento específicamente para esa función.
Por eso cualquier organización interna que produzca grupos considerados “intocables” por sus propios compañeros termina afectando algo esencial: la confianza dentro de la unidad.
No alcanza con que una distribución de servicios sea legal.
También debe poder explicarse.
Preguntas que la Jefatura puede responder fácilmente
Ante la denuncia recibida, existen interrogantes concretos que podrían aclarar rápidamente la situación:
¿Qué es formalmente el denominado Grupo GIAM y de qué autoridad depende? ¿Existe una resolución, disposición u orden interna que lo haya constituido? ¿Qué régimen horario cumplen sus integrantes? ¿Es correcto que se haya establecido un esquema de 12×60 mientras otro personal de la Brigada cumple 12×48? ¿Quién autorizó esa diferencia? ¿Qué participación tuvieron sus miembros durante los recargos correspondientes a los Juegos Sudamericanos? ¿Cómo se distribuyen los servicios adicionales pagos? ¿Cuántas horas ordinarias, extraordinarias y adicionales cumplió durante los últimos meses cada integrante de la dependencia?
No hacen falta discursos. Hacen falta planillas.
El anonimato también dice algo
Finalmente existe un dato que no debería ser ignorado.
La persona que acercó la información pidió expresamente preservar su identidad ante el temor de sufrir consecuencias internas. No es la primera vez que trabajadores policiales recurren al anonimato para plantear cuestiones laborales o administrativas.
Eso plantea un problema institucional adicional.
Una organización saludable debería disponer de canales donde un policía pueda señalar una eventual irregularidad, discutir una carga horaria o cuestionar una orden administrativa sin pensar inmediatamente que hacerlo puede perjudicar su carrera o su lugar de trabajo.
Desde APROPOL preservaremos, como corresponde, la identidad de la fuente.
Pero al mismo tiempo dejamos abierta la posibilidad de que las autoridades de la Brigada Motorizada, la Unidad Regional II o el Ministerio de Justicia y Seguridad aporten las disposiciones y explicaciones que consideren necesarias.
Porque aquí hay una forma sencilla de despejar cualquier duda: publicar quién integra el grupo, cuál es su función, qué régimen laboral posee, quién lo autorizó y cómo se distribuyen entre todo el personal las guardias, los recargos y los adicionales.
Si todo está correctamente reglamentado, las planillas terminarán con la discusión.
Si no lo está, habrá que corregirlo.
Lo que no resulta aceptable es que mientras una parte del personal siente que carga sobre sus espaldas los servicios más exigentes, otra sea percibida internamente como un sector privilegiado al que nadie puede preguntar nada.
En una fuerza policial la especialización puede justificar funciones diferentes. Lo que nunca debería justificar son privilegios inexplicables.
Ese cierre permite ser fuerte sin afirmar como comprobado algo que por ahora proviene de una fuente anónima. Además, la frase “no hacen falta discursos, hacen falta planillas” abre una línea útil: si aparecen órdenes de servicio, horarios o la convocatoria al nuevo curso, podemos hacer una segunda nota documental comparando exactamente 12×48 contra 12×60, recargos y adicionales.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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