Representantes de centros de jubilados, organizaciones sociales, sindicatos y comisiones de adultos mayores de distintos puntos del país se reunieron en Rosario para debatir una agenda común frente al deterioro de los ingresos, las dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones de salud y la pérdida de capacidad de decisión del sector.
Durante el encuentro hubo fuertes cuestionamientos al programa de ajuste nacional y se reclamó una participación institucional más activa de las personas mayores.
Rosario se convirtió este viernes en escenario del primer Congreso Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores Organizados, una convocatoria que reunió a representantes de distintas provincias con el objetivo de construir una agenda federal de reclamos y propuestas frente a una situación que los participantes describieron como cada vez más crítica.
La jornada combinó paneles, mesas de trabajo y espacios de intercambio destinados a discutir ingresos previsionales, salud, acceso a medicamentos, participación política, defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y creación de mecanismos institucionales específicos para la protección de los derechos de las personas mayores.
Uno de los planteos más duros surgió del defensor de los Adultos Mayores de Rosario, Luis Mario Fernández Risso, quien definió el momento actual como un “verdadero gerontocidio” y sostuvo que el país atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad para quienes dependen de jubilaciones y pensiones.
Fernández Risso explicó que el Congreso busca iniciar una nueva etapa dentro de un proceso de organización que lleva siete años y que pretende extender la experiencia de la Defensoría del Adulto Mayor como espacio de participación y defensa de derechos hacia otros municipios, otras localidades de Santa Fe y eventualmente otras provincias.
“No llegamos a fin de mes”
El diagnóstico económico atravesó buena parte de las intervenciones. Fernández Risso sostuvo que incluso quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima encuentran enormes dificultades para cubrir sus gastos básicos, y cuestionó la falta de sensibilidad del Gobierno nacional frente a una población que, en muchos casos, debe elegir entre alimentos, medicamentos, servicios y alquiler.
En ese marco recuperó una expresión del arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, quien había hablado de un “sadismo de Estado”, y la vinculó con el deterioro progresivo de las condiciones de vida de las personas mayores.
La utilización de términos como “gerontocidio” o “genocidio”, que también apareció en otros discursos del Congreso, debe ser entendida como una denuncia política de extrema gravedad sobre las consecuencias sociales del ajuste y no como una calificación jurídica de los hechos. Pero su reiteración muestra hasta qué punto las organizaciones participantes consideran que la situación ha dejado de ser un problema económico coyuntural para convertirse en una emergencia social.
Una canasta de $1,6 millones frente a haberes muy inferiores
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, aportó uno de los datos más contundentes del encuentro al señalar que la canasta básica estimada para una persona jubilada asciende a aproximadamente $1.639.000, mientras muchos adultos mayores perciben ingresos cercanos a los $489.000.
Según Ratner, esto significa que una parte importante de los jubilados dispone apenas de alrededor del 30% de los recursos necesarios para cubrir gastos básicos, una situación que se agrava cuando existen enfermedades crónicas, necesidad de medicamentos costosos o pago de alquileres.
El dirigente sindical reclamó que la política deje de tratar el problema previsional como una cuestión secundaria y avance hacia respuestas concretas que permitan recuperar poder adquisitivo y condiciones de vida dignas.
Jubilación no debería ser sinónimo de empobrecimiento
El secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Edgardo Arrieta, planteó que la jubilación debería representar el reconocimiento a una vida de trabajo y no el comienzo de una etapa marcada por privaciones.
Entre los problemas mencionados aparecen desde las dificultades para garantizar una alimentación adecuada hasta los obstáculos para acceder a medicamentos, tratamientos y prestaciones sanitarias. Esa combinación de bajos ingresos y aumento de necesidades vinculadas con la edad convierte a los jubilados en uno de los sectores más expuestos ante cualquier política de ajuste.
El Congreso insistió en que la discusión previsional no puede reducirse exclusivamente al monto de los haberes, porque el derecho a una vejez digna comprende también salud, vivienda, medicamentos, participación social, autonomía y protección frente a estafas o abusos.
Reclaman participación real en las decisiones
La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, destacó la necesidad de abandonar una mirada paternalista sobre los adultos mayores y avanzar hacia su participación efectiva en los espacios donde se toman decisiones.
“No solo hay que escucharlos, tienen que tener una participación activa en la toma de decisiones”, afirmó, al tiempo que expresó su intención de dejar institucionalmente consolidada la Defensoría de los Adultos Mayores antes de finalizar su mandato.
La discusión abrió uno de los ejes más interesantes del Congreso: pasar de considerar a los jubilados exclusivamente como destinatarios de políticas asistenciales a reconocerlos como sujetos políticos con capacidad para intervenir en la definición de esas políticas.
ATE Rosario habló de un “genocidio tremendo”
Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, sostuvo que los adultos mayores se encuentran entre los sectores más golpeados por las políticas de ajuste y cuestionó tanto la reducción de subsidios como la represión registrada en distintas movilizaciones de jubilados.
La dirigente utilizó una expresión todavía más dura al hablar de un “genocidio tremendo hacia los adultos mayores” y reclamó la elaboración de un plan de acción común capaz de revertir el deterioro económico y social.
Más allá de la contundencia de esas expresiones, el denominador común entre las diferentes intervenciones fue la percepción de que las respuestas aisladas ya no alcanzan y que la defensa de los derechos previsionales requiere una coordinación nacional entre organizaciones.
Salud, medicamentos y discapacidad
Roberto Santoro, presidente de la Fundación Sin Diferencias, puso el foco en las dificultades que enfrentan adultos mayores y personas con discapacidad para acceder a tratamientos médicos y medicamentos, especialmente aquellos de alto costo.
Santoro sostuvo que existen casos en los que las respuestas de PAMI llegan tarde o resultan insuficientes y remarcó que detrás de cada expediente existe una persona cuyos derechos no pueden quedar sometidos exclusivamente a criterios administrativos o presupuestarios.
La salud ocupó así un lugar central dentro del Congreso, especialmente porque los participantes advirtieron que una pérdida de ingresos tiene consecuencias más graves en edades donde aumentan las necesidades médicas y farmacológicas.
Defender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
Uno de los principales debates estuvo vinculado con el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional.
Los organizadores expresaron preocupación ante la posibilidad anunciada por el Poder Ejecutivo nacional de utilizar hasta $2 billones del fondo para impulsar créditos hipotecarios a través del sistema bancario.
Para las organizaciones de jubilados, el FGS no constituye una caja disponible para financiar cualquier política pública, sino una reserva estratégica destinada a respaldar la sustentabilidad del régimen previsional. Por eso reclamaron que cualquier modificación sobre su utilización sea discutida públicamente y con participación de los propios beneficiarios del sistema.
Defensorías municipales y bancas para adultos mayores
Entre las propuestas discutidas aparece la creación de Defensorías Municipales del Adulto Mayor, con oficinas territoriales capaces de intervenir ante estafas, interrupciones de servicios, problemas de salud y vulneraciones de derechos.
También se propuso avanzar en la creación de “Bancas del Adulto Mayor” o consejos específicos dentro de Concejos Deliberantes y Legislaturas provinciales, con el objetivo de incorporar formalmente la voz del sector dentro de los ámbitos institucionales.
La iniciativa parte de una premisa sencilla: las políticas sobre jubilados no deberían diseñarse exclusivamente desde afuera del colectivo al que afectan.
Una organización nacional
El Congreso concluirá con la conformación de una Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores Organizados, concebida como una estructura federal e itinerante capaz de coordinar acciones, compartir experiencias y trasladar propuestas a diferentes provincias.
Los participantes pretenden que el encuentro de Rosario no quede reducido a una jornada testimonial, sino que se transforme en el comienzo de una organización permanente.
Ese probablemente sea uno de los datos políticos más importantes del Congreso.
Durante años, la discusión previsional estuvo dominada por decisiones adoptadas desde los gobiernos, los organismos económicos y los sistemas administrativos. Las organizaciones reunidas en Rosario plantean ahora algo diferente: que los propios jubilados intervengan en la definición de las políticas que determinan sus condiciones de vida.
Porque detrás de cada cifra previsional existe una persona que trabajó durante décadas y que no debería llegar al final de su vida laboral para descubrir que el Estado la considera únicamente un gasto a reducir.
La discusión de fondo no es solamente cuánto cuesta sostener el sistema previsional.
Es qué sociedad se construye cuando quienes trabajaron toda una vida deben elegir entre comer, comprar medicamentos o pagar un alquiler.
Fuente consultada: Conclusión
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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