Arrancó el segundo tramo de la imputación por el desvío de fondos destinados al combustible de patrulleros en la Unidad Regional II de Rosario.
Por Rubén Pombo
La Fiscalía a cargo de José Luis Caterina acusó al ex jefe de la Policía del Departamento, Daniel Acosta, a su secretario privado, Rodrigo Domínguez, y a otros doce uniformados de alto rango de integrar una asociación ilícita que, durante dos años, habría montado un esquema de recaudación para sostener “un circuito ascendente y continuo de retornos o beneficios”. El trámite se ventiló ante el juez Gustavo Pérez Urrechu.
La acusación ubica el funcionamiento del grupo aludido entre mayo de 2023 y mayo de 2025. Los números exhibidos por la Fiscalía muestran el impacto del ardid: en abril, antes de los allanamientos, la UR II gastó $406.924.155,07 en combustible; en junio, ya desbaratado el mecanismo, la inversión provincial cayó a $348.147.069,63 (unos $58 millones menos). Para Caterina, se trató de “una asociación ilícita creada, asentada y consolidada en el corazón” de la jefatura local.
El caso viene de una saga de detenciones de ex jefes por el mismo esquema de nafta de patrulleros y reacomoda el mapa de mandos en Rosario, mientras el gobierno provincial insiste en que combatir el delito incluye ir “a fondo” contra la corrupción interna.
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