ROSARIO: La UR II ordena razias ilegales de trapitos, cuidacoches y artistas callejeros

La Unidad Regional II ordenó a la Brigada Motorizada realizar razzias nocturnas.

Por Rubén Pombo

En la ciudad de Rosario, durante los operativos nocturnos de la Brigada Motorizada – Tercio Omega, se está consolidando una práctica gravísima: la exigencia informal de cumplir con un “cupo” de detenciones bajo la figura del artículo 10 bis, en el marco de las llamadas razias preventivas impulsadas por el gobierno provincial.

Estas acciones no son hechos aislados ni excesos individuales. Forman parte de una política de seguridad deliberada, ordenada desde el poder político, que focaliza el control penal en sectores vulnerables y convierte a la policía en instrumento de disciplinamiento social y propaganda gubernamental.

El 10 bis como excusa, no como herramienta legal

La utilización sistemática del artículo 10 bis —pensado como una herramienta excepcional— se ha transformado en una rutina de detención arbitraria, sin control judicial efectivo, sin criterios objetivos y sin respeto por garantías constitucionales básicas.

La lógica es conocida:

• zonas pobres como territorio de caza,
• jóvenes como sospechosos por default,
• detenciones para “mostrar resultados”,
• estadísticas infladas para justificar el relato oficial de “orden”.

Esto viola derechos humanos, pero también expone gravemente al personal policial, que es obligado a ejecutar órdenes ilegales o semiclandestinas, quedando luego solo frente a eventuales responsabilidades penales y administrativas.

FyV en acción: foco en los vulnerables, vara sobre los de abajo

Lo que ocurre en Rosario es un ejemplo claro del mecanismo que venimos denunciando desde APROPOL y que hemos conceptualizado como Foco y Vara (FyV):

• FOCO: el poder político decide a quién mirar → barrios pobres, jóvenes, trabajadores precarizados, desocupados, indigentes.

• VARA: decide cómo medir → tolerancia cero, detención fácil, criminalización preventiva.

Pero hay un dato clave: la vara no se aplica a quienes diseñan la política, sino a quienes la ejecutan.

Cuando las detenciones son cuestionadas, cuando aparecen denuncias por abusos o violaciones de derechos humanos, los funcionarios se lavan las manos y el costo recae siempre sobre:

• policías,
• gendarmes,
• prefectos,
• personal subalterno sin poder de decisión.

El gobernador ordena, el policía paga

Estas razias responden a una línea política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que prioriza el impacto mediático por sobre la legalidad, la prevención real y el cuidado del personal.

Se trata de una gestión que gobierna desde la sospecha permanente, que necesita mostrar mano dura todos los días, aunque eso implique:

• detenciones sin sustento,
• desgaste psicológico del personal,
• aumento del conflicto social,
• y un riesgo creciente de causas judiciales futuras.

La historia es conocida y se repite: cuando la política de seguridad fracasa, los responsables políticos no rinden cuentas, pero los policías sí.

Policías como carne de cañón institucional

Obligar a cumplir cupos de detenciones no solo es ilegal: es inhumano, irresponsable y cínico. Se expone al personal a:

• denuncias penales,
• sanciones administrativas,
• estrés extremo,
• y a una fractura ética profunda entre lo que saben que es correcto y lo que se les ordena hacer.

Mientras tanto, los funcionarios no pisan la calle, no firman actas, no dan explicaciones, y no asumen consecuencias.

APROPOL lo advirtió: esto termina mal

Desde APROPOL venimos advirtiendo desde hace tiempo que esta forma de “seguridad”:

• no previene el delito,
• no fortalece a la institución,
• no cuida al trabajador policial,
• y sí multiplica violaciones de derechos humanos.

Las consecuencias serán, como siempre, gravosas:

• para los ciudadanos más pobres,
• para el personal policial,
• y para la legitimidad misma del Estado.

Basta de usar a la policía para hacer política

La seguridad no se construye con razias, cupos ni detenciones arbitrarias. Se construye con legalidad, formación, condiciones dignas de trabajo y respeto por los derechos humanos.

Todo lo demás es puro marketing punitivo, con un costo humano que siempre pagan los mismos.

Desde APROPOL lo decimos con claridad:  si el poder político decide violar la ley, no puede hacerlo usando a la policía como escudo y chivo expiatorio.

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