Rosario: ordenan utilizar distintos uniformes en el GIRI, pero el personal denuncia que debe pagarlos de su bolsillo

Personal del GIRI cuestiona que se ordene utilizar distintos uniformes según cada servicio sin que sean provistos por la institución, mientras denuncian además presiones por resultados y amenazas con traslados o pérdida del plus.

Personal del Grupo Infantería de Respuesta Inmediata (GIRI), dependiente del Cuerpo Guardia de Infantería de la Unidad Regional II, expresó su malestar luego de que se comunicara la utilización de distintos tipos de uniformes según las tareas a desarrollar, una medida que, según aseguran los propios trabajadores, no estaría acompañada por la correspondiente entrega de indumentaria y terminaría obligándolos a afrontar cada compra con dinero de sus salarios.

La disposición fue comunicada durante una actividad realizada en la Academia, con presencia del jefe de la Unidad Regional II, director general Villán, y del subjefe de Infantería, subcomisario Luis Montero. Allí se planteó la posibilidad de utilizar diferentes uniformes de acuerdo con la naturaleza de cada servicio, argumentando razones de operatividad, organización y presentación del personal, propuesta que habría contado con la aprobación de la conducción de la UR II.

Un uniforme diferente para cada función

De acuerdo con lo transmitido al personal, el uniforme urbano quedaría reservado para actos, ceremonias y paradas, mientras que el denominado “Selva Negra” sería utilizado en allanamientos y traslados. Para las patrullas se dispuso el uniforme MARPAT; el Woodland sería empleado durante actividades de instrucción y cursos, mientras que el uniforme negro quedaría destinado a los servicios en estadios o espectáculos deportivos.

También se establecieron plazos para adecuarse a algunos de estos cambios: desde el 1° de octubre debería utilizarse el uniforme MARPAT y desde el 1° de noviembre comenzaría a exigirse el denominado Selva Negra.

El cuestionamiento no apunta necesariamente a que existan uniformes diferenciados según la actividad, algo que puede responder a criterios operativos, sino a una cuestión mucho más elemental: quién paga esa indumentaria. Según el reclamo recibido por APROPOL, los uniformes no estarían siendo provistos por la institución y cada nuevo requerimiento termina trasladándose directamente al bolsillo del policía.

“Un uniforme para cada cosa, pero todos salen de nuestro bolsillo”, resumieron integrantes de la dependencia al describir una situación que vuelve a poner sobre la mesa un problema repetido dentro de la Policía de Santa Fe: las exigencias institucionales avanzan mucho más rápido que la provisión de los elementos necesarios para cumplirlas.

Vestirse para trabajar también se convirtió en un gasto

La cuestión adquiere mayor relevancia cuando no se trata simplemente de reemplazar una camisa o un pantalón deteriorado, sino de contar con varios equipos completos de características diferentes. Si la institución determina que un efectivo debe utilizar una vestimenta específica para patrullar, otra para realizar allanamientos, otra para capacitarse y otra para prestar servicio en una cancha, resulta razonable preguntarse por qué ese equipamiento no es adquirido y entregado oficialmente.

El uniforme no constituye un accesorio personal ni una elección estética del trabajador. Es un elemento determinado por la función pública, sujeto a reglamentaciones, órdenes internas y criterios de presentación establecidos por la propia Policía. Por esa razón, trasladar sistemáticamente su costo al agente supone que una parte del salario termina siendo utilizada para financiar elementos indispensables para prestar el servicio que el Estado le exige.

El reclamo adquiere todavía más peso en un contexto en el que numerosos policías vienen señalando el fuerte impacto de los gastos cotidianos sobre sus ingresos, incluyendo transporte, alimentación durante servicios prolongados, mantenimiento de elementos personales y distintos componentes del equipamiento que deberían formar parte de las condiciones normales de trabajo.

Denuncian además amenazas con traslados y pérdida del plus

Desde el GIRI también hicieron llegar a APROPOL otra situación que genera preocupación. Según el testimonio recibido, existirían presiones vinculadas al cumplimiento de determinados resultados u objetivos operativos y, cuando el personal “no hace número”, se les advertiría sobre la posibilidad de ser enviados a otras dependencias, entre ellas el BOU o comisarías, además de perder directamente el plus que perciben por prestar funciones dentro del grupo.

De confirmarse esta metodología, el problema excedería ampliamente una discusión sobre organización interna, porque un suplemento salarial o la asignación de destinos no deberían convertirse en herramientas informales para disciplinar al personal o condicionar su actuación operativa mediante amenazas.

La exigencia de resultados estadísticos dentro de las fuerzas de seguridad siempre merece una atención especial, porque cuando la presión por exhibir procedimientos, identificaciones, secuestros o detenciones comienza a condicionar la estabilidad del trabajador en una unidad determinada puede terminar distorsionando la función policial y transformando los indicadores en un objetivo en sí mismo.

La orden llega; los recursos, no

El episodio vuelve a mostrar una contradicción conocida por quienes integran la fuerza: desde las estructuras superiores se establecen nuevas modalidades de trabajo, equipamiento, presentación y organización, pero demasiadas veces el costo material de cumplir esas decisiones termina siendo absorbido por el propio personal.

Si la Jefatura considera que el GIRI necesita cinco uniformes distintos para desempeñar correctamente sus funciones, la discusión debería ser sencilla: esos cinco uniformes deberían formar parte del equipamiento provisto por el Estado.

Lo contrario significa convertir cada nueva disposición administrativa en una nueva erogación para trabajadores que utilizan su salario no solamente para mantener a sus familias, sino también para comprar aquello que necesitan para poder presentarse a trabajar.

Desde APROPOL entendemos que profesionalizar una fuerza no consiste solamente en exigir disciplina, presencia y resultados. También implica garantizar los medios para que cada policía pueda cumplir las órdenes recibidas sin tener que financiar de su bolsillo las decisiones de la propia institución.

Yo mantendría este título porque resume muy bien la contradicción central: la Policía decide cuántos uniformes debe usar el agente, pero el agente termina pagándolos.

Ficha institucional – Cadena de mando (Provincia de Santa Fe)

Caso: Queja exigencia uniformes sin provisión (Santa Fe)
Fecha de relevamiento: Septiembre 2026

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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.