Allanaron sin orden judicial y lo condenaron en un juicio abreviado. Hay más uniformados bajo la lupa e indicios de un «descontrol» en la Jefatura de la Unidad Regional II.
Por Rubén Pombo (*)
El caso Lucas Brest destapó una serie de irregularidades graves dentro de la Brigada Motorizada. Escuchas telefónicas, robos durante operativos y actas fraguadas forman parte del expediente.
Un policía rosarino fue condenado por allanar ilegalmente la casa de un motociclista, en un operativo que, según la Justicia, incluyó robos, pruebas plantadas y encubrimiento entre camaradas. El caso se resolvió esta semana en un juicio abreviado, pero dejó al descubierto una trama mayor: hay al menos otros cinco agentes implicados y se investigan más responsabilidades.
El agente condenado es Lucas Brest, de 33 años, integrante de la Brigada Motorizada. Admitió haber participado de un procedimiento sin orden judicial en la zona de República de la Sexta. La víctima fue un joven motociclista al que se demoró por no portar DNI. Horas después, su domicilio fue allanado sin autorización judicial.
Condena abreviada y alto impacto
Brest fue condenado a tres años de prisión condicional, diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y deberá pagar una multa de cinco millones de pesos. El fallo fue homologado por el juez Rafael Coria, a partir de un acuerdo presentado por el fiscal Pablo Socca y la defensa.
El policía reconoció que ingresaron al domicilio, robaron un parlante, dinero en efectivo y objetos de estética, y luego colocaron un revólver calibre .38 en la vivienda con el fin de imputar al joven por tenencia de arma de fuego.
Escuchas que revelan un patrón
Lo más grave del caso surgió de escuchas telefónicas obtenidas en otra causa. En los audios, se escucha a Brest y otros agentes reconocer que estas prácticas son habituales. “Todas las guardias están llevando plata, droga, cosas. Les va a salir bien hasta que les sale mal”, dice uno de los implicados.
Otro efectivo incluso menciona que “era sabido” que se robaban cosas en los operativos, lo que confirma que no se trata de un caso aislado, sino de una modalidad de trabajo ilegítima y sistemática.
Una brigada bajo sospecha
La investigación penal alcanza también al subcomisario Nicolás M., superior de servicio el día del hecho, acusado de encubrimiento agravado, sustracción de pruebas y omisión de deberes. También están implicados Félix V., Gabriel F., Julián Márquez, Matías Ovando y Bernardino Fernández, este último detenido desde diciembre.
Entre las imputaciones se cuentan:
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Plantación de armas,
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Sustracción de objetos durante allanamientos,
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Actas fraguadas para justificar los procedimientos,
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Coacciones a testigos,
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y encubrimiento por parte de los mandos.
Una estructura que reproduce ilegalidad
Este hecho no es aislado. Desde APROPOL venimos alertando sobre el uso extendido de figuras como los “10 bis” (cupos de arrestos sin orden judicial ordenados por el propio gobe), cupos de motos para enviar al corralón y operativos sin cadena de custodia impulsados desde los niveles de conducción.
En los últimos años, se registraron detenciones masivas de policías en procedimientos internos que recuerdan más a razzias que a investigaciones: decenas de efectivos esposados, incomunicados, juzgados sin el más mínimo respaldo institucional.
Cierre con impunidad de jefes
Mientras Brest fue condenado, los mandos operativos y superiores jerárquicos no han sido aún sancionados administrativamente ni separados de sus funciones. La causa judicial avanza, pero la estructura de conducción sigue intacta.
Desde el sector gremial se exige que se investigue también a quienes ordenan, permiten o toleran estas prácticas. “No se puede seguir castigando solo a los subordinados cuando las órdenes vienen de arriba”, afirman desde APROPOL.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario
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