En 2022 fue Rosario. En 2025, Córdoba. Dos incendios, dos estructuras estatales, dos momentos críticos. Pero un mismo patrón: cuando la corrupción está por salir a la luz, las oficinas arden.
Por Alberto Martínez (*)
Dos ciudades, dos gobiernos, un mismo patrón
El 19 de abril de 2025, en plena siesta de Viernes Santo, ardía el edificio central de APROSS, la obra social estatal de Córdoba. El fuego comenzó en las áreas de auditoría, medicamentos y archivo, justo donde se encontraban las evidencias clave para una investigación judicial que, días antes, había provocado la detención de 13 personas acusadas de integrar una red de estafas con prácticas médicas falsas.
Este episodio remite inevitablemente a lo sucedido en Rosario en mayo de 2022, cuando un incendio intencional destruyó oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social municipal. La coincidencia tampoco fue casual: pocos días antes, en la vivienda del histórico narco Máximo Cantero, alias “El Viejo”, se hallaron 137 cajas con alimentos del plan municipal Cuidar. Aquella escena revelaba un posible vínculo entre programas sociales y narcotráfico. Y, como si fuera una respuesta automática del sistema, la oficina que debía explicar lo inexplicable se prendió fuego.
Semejanzas estructurales entre ambos incendios
| Elemento clave | Rosario (2022) | Córdoba (2025) |
|---|---|---|
| Lugar siniestrado | Secretaría de Desarrollo Social | Sede central de APROSS |
| Contexto judicial | Hallazgo de alimentos municipales en casa narco | Estafa con prácticas médicas, 13 detenidos |
| Área afectada | Archivos y documentación | Auditoría, farmacia y archivo |
| Pericias | Confirmado: incendio intencional con acelerantes | Sospechas de incendio provocado |
| Hipótesis social | Encubrimiento de nexos con el narcotráfico | Destrucción de pruebas internas |
| Estado judicial | Causa sin avances, sin imputados | Investigación preliminar sin imputados aún |
El fuego como “apagador” institucional
Ambos episodios reflejan una misma lógica de autoprotección institucional: cuando una estructura del Estado está bajo amenaza, se activa el mecanismo del olvido forzado. El incendio ya no es una catástrofe, sino un “protocolo de defensa”.
La documentación que debía explicar cómo los alimentos municipales terminaban en manos de Los Monos, o cómo se autorizaban prácticas médicas inexistentes en APROSS, simplemente ya no existe. Y si la prueba desaparece, también lo hace la responsabilidad.
Rearte: “Ya sabemos cómo hacen las cosas”
La dirigente y periodista Adriana Rearte lo denunció con claridad desde Córdoba:
“No somos estúpidos. Ya sabemos cómo hacen las cosas. Cuando no pueden tapar más, lo prenden fuego.”
Su frase resume el hartazgo de una ciudadanía que ya no cree en las casualidades incendiarias y empieza a reconocer un patrón: los gobiernos en problemas no transparentan… incineran.
“Cuando la corrupción va a explotar, se prenden fuego los papeles.”
La impunidad no es accidental
En ambos casos, las víctimas son las mismas: ciudadanos que necesitan asistencia, medicamentos, alimentos o protección estatal. Y los beneficiados, también: estructuras políticas, operadores corruptos, sectores criminales y funcionarios que ven en las llamas una salida a sus culpas.
Una historia argentina de incendios “oportunos”
A lo largo de las últimas décadas, el fuego ha sido cómplice de la impunidad en múltiples ocasiones:
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Iron Mountain (CABA, 2014): diez bomberos y rescatistas murieron tras el derrumbe de un depósito de la multinacional Iron Mountain, donde se almacenaban documentos de bancos y aseguradoras involucradas en causas por lavado. En 2018 se probó que fue intencional, pero no hay condenas.
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Rosario (2022): la Secretaría de Desarrollo Social ardió días después del hallazgo de alimentos del programa municipal en poder de Los Monos. Confirmado como incendio intencional. Nadie fue imputado.
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Rentas de Mendoza (2006): ardieron expedientes fiscales de grandes contribuyentes. La causa fue archivada.
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Santiago del Estero (2004): se incendió el archivo judicial tras la caída del régimen juarista. Desaparecieron causas clave.
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Jujuy (2011): fuego en la Jefatura de Policía borró documentos de inteligencia. Sin imputados.
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Salta (1992): la sede de la DGI se prendió fuego y desaparecieron registros de deuda tributaria de grandes empresas.
El fuego como política pública encubierta
Si el Estado no esclarece estos hechos, si la Justicia no actúa con contundencia, si los medios no informan con valentía, lo que se impone no es solo el humo. Es la doctrina del incendio: que todo lo que compromete, se queme.
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en justicia y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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