Por Alberto Rubén Martínez (*)
Tras los recientes suicidios que estremecieron a la institución —uno de ellos frente a la Jefatura de Rosario— y luego de un paro que se extendió por más de una semana, el Gobierno de la provincia volvió a presentar un “Programa de Salud Mental gratuito y voluntario” destinado a las fuerzas de seguridad, impulsado por IAPOS y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.
El anuncio, en apariencia loable, deja abiertas preguntas que no pueden soslayarse.
¿Acompañamiento real o repetición de fórmulas fallidas?
No es la primera vez que se difunden piezas gráficas similares. Encuentros virtuales, asesoramiento, líneas de contacto. El problema no está en la existencia de dispositivos de acompañamiento —que son necesarios— sino en la ausencia de evaluación pública sobre su eficacia.
¿Cuántos agentes fueron atendidos?
¿Hubo seguimiento clínico real?
¿Se redujeron los índices de autolesiones o suicidios?
¿Se abordaron las causas estructurales del malestar?
Hasta ahora, no se conocen informes de impacto ni rendiciones claras de resultados ante la sociedad santafesina ni ante la propia familia policial.
Las causas siguen intactas
Mientras se ofrece “acompañamiento”, los factores que detonaron el reclamo masivo continúan vigentes:
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Falta de canales orgánicos de participación institucional.
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Ausencia de implementación efectiva de los comités previstos por la Ley 12.913.
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Inexistencia de una defensoría policial autónoma.
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Negativa sistemática al reconocimiento sindical.
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Estructura salarial distorsiva, con pluses discrecionales que condicionan la autonomía del personal.
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Persistencia de denuncias por acoso y violencia laboral.
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Jornadas extensas y condiciones materiales deficientes.
La salud mental no se deteriora en el vacío. Se deteriora cuando el trabajador percibe que no tiene voz, que no puede defenderse y que su estabilidad depende más de la verticalidad que del derecho.
Sin reformas estructurales, no hay prevención real
Ofrecer contención psicológica sin modificar las condiciones que generan estrés crónico puede terminar siendo un paliativo insuficiente. La prevención del daño psíquico en instituciones jerárquicas exige políticas integrales: participación, previsibilidad normativa, transparencia disciplinaria y salarios dignos.
Si las estructuras de presión se mantienen intactas, el acompañamiento individual no sustituye la reforma institucional.
¿Qué cambió realmente?
Tras el paro y la crisis que expuso públicamente el malestar interno, no se observan transformaciones estructurales verificables. No hay anuncios de mesas de diálogo permanentes, ni de reformas normativas profundas, ni de mecanismos de representación reconocidos formalmente.
El interrogante permanece abierto: ¿Se trata de una política nueva o de la reedición de herramientas que ya demostraron ser insuficientes?
La salud mental del personal de seguridad no puede abordarse como una campaña gráfica. Requiere decisiones políticas de fondo. Porque cuando el problema es estructural, la respuesta no puede limitarse a un folleto.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP) y «La Teoría del Foco y la Vara» (que será lanzado en marzo próximo)
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