SAN NICOLAS: Un juicio abreviado y una declaración que expone otra trama de presunta corrupción policial

Lucas Artioli acordó una pena de cinco años en una causa por asociación ilícita y, en otro expediente, describió un supuesto sistema de recaudación, desvío de adicionales y utilización irregular de combustible dentro de la Bonaerense.

La información central pudo ser corroborada en fuentes periodísticas judiciales de San Nicolás. Lucas Rubén Artioli, exteniente primero de la Policía bonaerense y señalado como presunto jefe de una asociación ilícita integrada por policías y civiles, presentó un acuerdo de juicio abreviado que contempla una pena de cinco años de prisión. Ese acuerdo, sin embargo, todavía requiere homologación judicial para producir los efectos de una sentencia.

La causa principal tramita ante la UFI N.º 14 de San Nicolás y se originó a partir de una investigación por un robo cometido en Ramallo. El análisis de un teléfono celular permitió avanzar sobre una presunta organización integrada por policías y civiles. En ese expediente se investigan delitos como asociación ilícita, concusión, defraudación en perjuicio de la administración pública y robos. Actualmente permanecen imputados numerosos efectivos y civiles, varios de los cuales también presentaron acuerdos de juicio abreviado.

Pero el dato más inquietante aparece en una investigación distinta.

Una segunda causa apunta al funcionamiento interno de la fuerza

Ante la UFI N.º 13 de San Nicolás, especializada en delitos institucionales, Artioli realizó una declaración en la que describió presuntas prácticas de corrupción que, según su versión, excederían ampliamente a la organización por la cual él mismo se encuentra acusado.

De acuerdo con la información publicada, el exefectivo afirmó que durante su paso por la Policía Local funcionaba un mecanismo mediante el cual parte del dinero proveniente de servicios adicionales debía ser entregado a superiores. Según su declaración, él mismo habría participado durante un período en la recaudación y entrega de esos fondos.

Artioli sostuvo que, tanto en adicionales autorizados como en otros que describió como irregulares, alrededor del 70% de lo recaudado habría terminado en manos de superiores, mientras que el 30% restante permanecía en poder del efectivo que realizaba el servicio. También mencionó horas que supuestamente se cobraban sin haber sido efectivamente trabajadas y servicios particulares que habrían utilizado recursos policiales destinados formalmente a tareas de seguridad pública.

Combustible policial para vehículos particulares

Las acusaciones alcanzan además al manejo del combustible asignado a los patrulleros.

Según la declaración atribuida a Artioli, en estaciones de servicio de San Nicolás, Ramallo y Baradero se habrían utilizado vales de combustible correspondientes a móviles oficiales para abastecer posteriormente vehículos particulares. También denunció el presunto empleo de una tarjeta YPF Ruta asignada a un patrullero para realizar cargas en automóviles privados.

De comprobarse judicialmente, no estaríamos simplemente frente a irregularidades administrativas aisladas, sino ante mecanismos capaces de convertir recursos destinados a la seguridad pública en beneficios particulares.

Y allí aparece una pregunta inevitable: ¿cuánto combustible, cuántas horas de trabajo y cuántos recursos que debían estar destinados a patrullajes y prevención pudieron haber terminado desviados hacia otros fines?

Una estructura que no puede explicarse solamente por conductas individuales

La dimensión del caso obliga a mirar más allá del concepto tranquilizador de la “manzana podrida”. Cuando una investigación alcanza a numerosos funcionarios, aparecen mecanismos de recaudación, porcentajes presuntamente establecidos, circulación vertical del dinero, utilización de adicionales, servicios privados y combustible oficial, el problema que debe investigarse ya no es solamente quién cometió una irregularidad, sino si existieron prácticas organizadas capaces de reproducirse dentro de la propia estructura institucional.

Eso no significa dar por probadas todas las afirmaciones de Artioli. Su declaración proviene de una persona imputada en otra causa penal y requiere corroboración independiente. La propia información judicial disponible advierte que todavía no está establecido qué resultados produjo la investigación de la UFI N.º 13 ni si las personas señaladas fueron formalmente imputadas por esos hechos.

Pero precisamente por eso las denuncias necesitan una investigación profunda. Contienen nombres, lugares, porcentajes, mecanismos y utilización concreta de recursos públicos que pueden ser contrastados mediante documentación, movimientos financieros, registros de servicios, consumos de combustible, asignaciones de móviles y testimonios.

Denunció además seguimientos e intimidaciones

Artioli afirmó también que, después de decidir prestar declaración, observó movimientos que interpretó como posibles actos de intimidación. Relató el paso reiterado de una camioneta frente a su domicilio y la presencia de móviles policiales que habrían utilizado sirenas en las inmediaciones. Hasta ahora, no existe confirmación judicial de que esos episodios hayan constituido amenazas ni de que hayan originado nuevas imputaciones.

Ese punto exige especial prudencia, pero también atención institucional. Cuando una persona aporta información sobre posibles prácticas de corrupción dentro de una fuerza de seguridad, cualquier denuncia de presión o intimidación debe ser investigada con independencia, precisamente para garantizar que la estructura señalada no pueda condicionar la producción de prueba.

El juicio abreviado no puede cerrar las preguntas institucionales

La causa de Artioli y los acuerdos de juicio abreviado permiten avanzar sobre responsabilidades penales individuales. Pero una eventual condena no debería convertirse en el punto final de la discusión.

Si parte de lo denunciado en la segunda investigación pudiera acreditarse, el problema sería mucho más amplio que la conducta de un exteniente primero o de un grupo determinado de policías. Habría que reconstruir quiénes recibían el dinero, cómo funcionaban los servicios adicionales, qué mandos conocían esas prácticas, quién controlaba los consumos de combustible y por qué mecanismos de auditoría no fueron detectadas antes.

Una organización policial no se depura solamente condenando al último eslabón que aparece en un expediente. También necesita reconstruir la cadena de responsabilidades hacia arriba.

Allí vuelve a aparecer una cuestión central: la corrupción institucional no prospera únicamente porque alguien decide apropiarse de recursos públicos. Puede crecer cuando existen sistemas de control débiles, concentraciones de poder, cadenas jerárquicas opacas y estructuras capaces de transformar prácticas irregulares en rutinas.

Una causa que merece llegar hasta el final

La información disponible permite afirmar que existe una causa judicial importante por una presunta asociación ilícita integrada por policías y civiles y que Artioli acordó una pena de cinco años cuya homologación todavía está pendiente. También está documentado que, en otra investigación, formuló acusaciones concretas sobre presuntos mecanismos de recaudación y desvío de recursos dentro de la propia Policía bonaerense.

Lo que todavía no puede afirmarse es que todas esas denuncias hayan sido judicialmente comprobadas.

Pero justamente allí reside el interés público del caso: no alcanza con conocer quiénes integraban una presunta banda. También es necesario determinar si detrás de ella existían mecanismos más amplios, quiénes los sostenían, cuánto tiempo funcionaron y hasta dónde llegaba la cadena de responsabilidades.

Porque cuando una investigación por delitos cometidos por policías termina revelando sospechas sobre recaudaciones internas, adicionales, combustible y recursos públicos, la pregunta deja de ser únicamente cuántos policías participaron.

La pregunta pasa a ser qué parte de la institución permitió que semejante sistema pudiera funcionar y durante cuánto tiempo.

(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.