El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó este mediodía una conferencia de prensa. DUDAS Y CONTRADICCIONES Y UNA IMPERICIA POLÍTICA ALARMANTE.
Por Rubén Pombo (*)
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó esta mañana una conferencia de prensa marcada por un mensaje doble: por un lado, reconoció la legitimidad del reclamo policial por mejoras salariales y condiciones laborales; por otro, anunció sanciones contra efectivos que abandonaron el servicio o participaron en acciones que calificó como “violentas, antijurídicas y desestabilizadoras”.
La protesta, que tuvo su punto más crítico durante la madrugada, incluyó la paralización de patrulleros frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario y situaciones similares en la ciudad de Santa Fe. Según el funcionario, al menos 20 efectivos ya fueron identificados y pasados a disponibilidad, con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibalas, mientras avanzan actuaciones administrativas y posibles investigaciones penales en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación.
Reconocimiento al reclamo, pero con límites
Cococcioni fue enfático en señalar que el fondo del reclamo policial es válido. “Las necesidades y los problemas del personal de la Policía de Santa Fe los destacamos nosotros mismos y los juzgamos legítimos, atendibles, casi en su totalidad”, afirmó.
El ministro aseguró que el gobierno provincial está dispuesto a dialogar sobre mejoras en las condiciones laborales, incluyendo suplementos para agentes que trabajan en zonas de alta criminalidad o lejos de sus domicilios. También mencionó medidas ya anunciadas vinculadas al reconocimiento por desarraigo y diferenciación salarial por zonas.
Sin embargo, trazó una línea clara respecto de las formas de protesta: “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública ni la seguridad de los habitantes de Santa Fe”.
Patrulleros paralizados y abandono de servicio
Uno de los puntos más críticos señalados por el ministro fue el abandono de funciones por parte de algunos efectivos. Cococcioni detalló que en Rosario al menos 20 unidades fueron detenidas frente a la Jefatura como forma de protesta y posteriormente abandonadas por sus conductores.
“El abandono del servicio policial eleva los niveles de riesgo y puede acarrear responsabilidad penal si ocurre un delito que no pudo ser evitado por ese incumplimiento”, advirtió.
Pese a estas situaciones, el funcionario aseguró que el patrullaje se mantiene operativo, aunque “con esfuerzos extraordinarios” y con apoyo de fuerzas federales, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Denuncia de sectores desplazados e infiltrados
En uno de los pasajes más duros de la conferencia, Cococcioni denunció que el reclamo fue aprovechado por sectores desplazados de la fuerza, algunos vinculados a causas de corrupción.
“Tenemos detectada gente allegada a sectores desplazados de la policía, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, que intentan utilizar esta situación para minar la política de seguridad”, sostuvo.
Además, señaló la circulación de “fake news” en redes sociales y grupos internos, con el objetivo de instigar al personal policial a profundizar la protesta y afectar el despliegue preventivo.
El ministro afirmó que estas acciones constituyen un intento de socavar una política de seguridad que, según el gobierno provincial, logró reducir los índices de violencia en Rosario y el resto de Santa Fe.
Disciplina y advertencia institucional
Cococcioni defendió el accionar de la conducción policial y respaldó al jefe de Policía de la provincia, quien intervino personalmente durante la madrugada para garantizar la continuidad del servicio.
En un mensaje directo hacia la fuerza, sostuvo: “Una fuerza de seguridad no es un club ni una asociación de amigos. Es una institución en la que la sociedad deposita la confianza para defender la ley, no para socavarla”.
El ministro también diferenció entre los efectivos que protestaron pacíficamente y aquellos que incurrieron en abandono de servicio o intentaron bloquear operativos, quienes serán investigados y eventualmente sancionados.
Un conflicto abierto
El conflicto expone una tensión histórica en las fuerzas de seguridad: reclamos laborales legítimos en un marco institucional que no reconoce mecanismos formales de negociación colectiva, combinados con una estructura disciplinaria rígida.
Mientras el gobierno provincial insiste en que la seguridad no será objeto de negociación bajo presión, el malestar policial refleja problemas estructurales que exceden el episodio actual, vinculados a salarios, condiciones de trabajo y reconocimiento profesional.
Por ahora, el despliegue policial continúa, pero el conflicto sigue abierto y su evolución dependerá de la capacidad del gobierno de equilibrar la disciplina institucional con respuestas concretas a un reclamo que el propio ministro reconoció como legítimo.
Las contradicciones del discurso oficial frente al paro policial
| Nº | Lo que dijo Cococcioni | Lo que también dijo | Contradicción o tensión | Impacto político e institucional |
|---|---|---|---|---|
| 1 | “El reclamo es legítimo, atendible, casi en su totalidad.” | “La política salarial no es algo que se discute en una instancia paritaria con la fuerza.” | Se reconoce la legitimidad del reclamo, pero se niega el canal formal de negociación directa. | Expone el límite estructural del sistema: la policía no tiene representación paritaria. Esto alimenta la conflictividad informal y debilita la institucionalización del reclamo. |
| 2 | “Estamos dispuestos a dialogar todo.” | “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa la seguridad pública.” | El diálogo queda condicionado, excluyendo el principal elemento afectado por la protesta. | Refuerza la autoridad del gobierno, pero reduce el margen real de negociación. Puede prolongar el conflicto al no ofrecer una salida concreta. |
| 3 | “No ha afectado sustancialmente la seguridad.” | “El abandono de patrulleros eleva los niveles de riesgo” y “abandonaban a los rosarinos a su suerte.” | Minimiza el impacto operativo, pero al mismo tiempo lo presenta como grave. | Busca evitar alarma social, pero el reconocimiento del riesgo legitima la preocupación pública y debilita la narrativa de control absoluto. |
| 4 | “No hay un trabajo oculto de inteligencia; se toma información de redes sociales.” | “Tenemos detectados sectores desplazados vinculados a intereses y delitos.” | Se afirma tener identificados actores desestabilizadores sin reconocer tareas formales de inteligencia. | Introduce un componente político en el conflicto. Permite construir la idea de “infiltración”, pero puede generar cuestionamientos sobre pruebas y transparencia. |
| 5 | “El mero hecho de participar en una manifestación no constituye una transgresión.” | Se dispuso el pase a disponibilidad, retiro de armas y posibles causas penales. | Se reconoce el derecho a manifestarse, pero se aplican sanciones severas. | Refuerza la disciplina interna y el control político de la fuerza, pero puede profundizar el malestar y la fractura interna. |
| 6 | “La política de seguridad es exitosa y ha bajado la violencia.” | “El patrullaje se sostiene, pero no con normalidad, sino con esfuerzos.” | Se presenta una política exitosa que, sin embargo, muestra vulnerabilidad ante conflictos internos. | Revela que el control del delito depende fuertemente de la cohesión policial. El conflicto expone la fragilidad del sistema. |
| 7 | “No estamos fuera de margen salarial respecto a otras fuerzas.” | “Falta mucho todavía para el bienestar de las fuerzas de seguridad.” | Se defiende el esquema actual, pero se admite que es insuficiente. | Reconoce el problema sin ofrecer solución inmediata. Mantiene el equilibrio presupuestario, pero deja abierto el frente de conflicto. |
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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