El Gobierno reorganiza la Policía de Seguridad Vial y la convierte en Guardia Provincial, con nuevas funciones orientadas al control de accesos y delitos en rutas.
Por Alberto Martinez (*)
Un nuevo cuerpo para el control territorial
El gobierno de Santa Fe oficializó mediante decreto la creación de la Guardia Provincial, una nueva unidad policial que reemplaza y reorganiza a la actual Dirección General de Policía de Seguridad Vial (DGPSV). Esta decisión responde a la necesidad de enfrentar con mayor eficacia los delitos que se cometen en rutas, accesos y zonas limítrofes, sin descuidar la siniestralidad vial.
Este nuevo cuerpo estará especializado en el control de vehículos, personas y cargas, además de actuar en coordinación con otras fuerzas ante delitos complejos como narcotráfico, contrabando y trata de personas.
Una transformación con impacto en el personal policial
El decreto también plantea una redistribución de funciones: muchas de las tareas hasta ahora asumidas por policías —como la fiscalización vial o el acompañamiento administrativo— podrían pasar a órganos civiles especializados, permitiendo que los uniformados se concentren en su misión principal: prevenir el delito y garantizar la seguridad pública.
| Grupo | Origen | Rol dentro de la Guardia Provincial | Observaciones / Conflictos |
|---|---|---|---|
| 1. Policías de la ex DGPSV | Personal activo que ya prestaba servicio en la Policía de Seguridad Vial | Continuarán bajo nueva denominación y funciones reforzadas en seguridad pública | Temen pérdida de funciones, desplazamiento por civiles, y degradación del rol técnico |
| 2. Policías reasignados | Efectivos de otras unidades (Ej: Policía Comunitaria, oficinas administrativas) | Incorporados a la Guardia Provincial sin experiencia específica en tránsito o rutas | Denuncias internas por falta de capacitación y decisiones arbitrarias |
| 3. Civiles reclutados por la Agencia de Seguridad Vial | Personas ajenas al ámbito policial, a incorporar por plan del Ministerio | Ejecutarán operativos viales con acompañamiento de policías | Señalamientos por prepotencia, falta de formación y posible trato privilegiado |
Una despolicialización encubierta y sin garantías
La reforma no solo reorganiza estructuras: avanza en una despolicialización de funciones esenciales, sin reconocer ni respetar la experiencia adquirida por los trabajadores policiales. Al anunciar que tareas vinculadas a la siniestralidad vial serán transferidas a organismos civiles, el decreto relega a los policías al rol de auxiliares operativos, incluso obligándolos a custodiar a quienes los reemplazan. Esta lógica degrada el rol profesional, fragmenta el sistema de seguridad y borra la identidad institucional de la Policía de Seguridad Vial. Despolicializar sin planificación ni garantías es, en los hechos, desprofesionalizar y precarizar, consolidando un modelo de administración que sacrifica a los de uniforme en nombre de la eficiencia. Y como tantas veces, se hace sin diálogo ni control.
Desde APROPOL, advertimos que esta medida requiere garantías concretas para que no implique sobrecarga operativa, ni pérdida de derechos adquiridos por el personal.
La voz del personal: preocupación, malestar y experiencia previa
A raíz de este anuncio, efectivos policiales expresaron su malestar y preocupación por los alcances de la reforma. En palabras de uno de ellos:
“Vamos para atrás. Esto es solo para poner civiles en la Agencia. Los policías vamos a terminar haciéndoles la custodia a los civiles cuando hagan operativos. Sacaron a la mayoría de las personas que capacitamos y pusieron gente de la comunitaria y otras oficinas que no tienen la menor idea de qué es tránsito.”
Otro trabajador recordó con desilusión experiencias pasadas:
“Cuando se creó la Seguridad Vial ya lo vivimos. Íbamos con civiles a las alcoholemias, y muchas veces eran ellos los que nos controlaban a nosotros: te revisaban si los conos estaban limpios, si el móvil estaba lavado, te tomaban el kilometraje y el combustible, y si algo no les gustaba, sancionaban a los superiores. Se armaban tensiones por la prepotencia de algunos civiles. Se creen dueños de todo. Renegamos mucho, y ahora parece que vuelve lo mismo.”
Objetivos y funciones de la Guardia Provincial
El decreto enumera las funciones de este nuevo cuerpo:
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Patrullar rutas, corredores críticos y limites interprovinciales.
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Requisar personas, vehículos y cargas.
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Coordinar operativos con fuerzas federales o de otras provincias.
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Investigar delitos complejos de escala federal.
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Controlar el transporte de ganado y maquinaria rural.
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Asistir en situaciones de crisis o alteración del orden.
También se prevé la creación de un Programa de Fortalecimiento Institucional que incluye la formación e incorporación de personal civil en áreas hoy cubiertas por policías, y un plan de equipamiento para esa transición.
Críticas principales al decreto que crea la Guardia Provincial
1. Sustitución encubierta del personal policial por civiles:
Se observa una estrategia de reemplazo gradual del personal policial por agentes civiles en tareas clave, especialmente en operativos de tránsito y controles viales. Esto genera una doble consecuencia negativa: por un lado, el vaciamiento de funciones sustanciales de la policía; por otro, la exposición de los uniformados a hacer tareas subordinadas a civiles, debilitando su rol institucional y profesional. «Los policías terminan custodiando a civiles que hacen su trabajo sin la formación ni la responsabilidad que exige la calle.»
2. Desconocimiento del saber profesional y experiencia adquirida: El testimonio de los trabajadores revela que se ha removido a personal capacitado y se ha incorporado a otros sin experiencia en tránsito ni seguridad vial. Esto representa una subvaloración del conocimiento operativo acumulado por los efectivos y pone en riesgo la eficacia de los controles. “Pusieron gente de la comunitaria y otras oficinas, que no tienen la menor idea de qué es tránsito.”
3. Repetición de errores del pasado sin evaluación ni memoria institucional: El modelo de convivencia con agentes civiles ya fracasó en etapas anteriores. No se ha hecho una evaluación pública de esas experiencias ni se ha consultado al personal sobre sus efectos. Se reedita un esquema que generó tensiones, abusos jerárquicos y sanciones injustas, repitiendo los mismos errores bajo un nombre nuevo.
4. Centralización excesiva del poder administrativo y falta de diálogo con los trabajadores: El decreto concentra en el Ministerio de Justicia y Seguridad facultades para reorganizar funciones, crear cargos, y redefinir estructuras sin participación del personal ni consulta a las organizaciones gremiales. Se profundiza un esquema verticalista que ignora la voz de quienes sostienen el sistema todos los días en el terreno. Esto vulnera el principio constitucional de participación y dignidad del trabajo.
5. Confusión entre funciones operativas y administrativas: Al plantear que las tareas “no nucleares” deben pasar a civiles, el decreto asume que hay funciones “menores” en la seguridad pública, cuando muchas de esas tareas (como la recepción de denuncias o la custodia de detenidos) son estratégicas. El vaciamiento progresivo de funciones puede llevar a un modelo de fragmentación institucional, donde nadie asume responsabilidad plena y se deteriora el servicio policial.
6. Potencial disciplinamiento político a través de reformas estructurales: Si no hay control legislativo ni auditoría externa, esta reestructuración puede usarse para desplazar o marginar a cuadros policiales incómodos al poder político, bajo la excusa de “modernizar” o “eficientizar”. El decreto otorga discrecionalidad amplia sin garantías de imparcialidad en la reorganización, lo que abre la puerta al uso del poder administrativo como herramienta de disciplinamiento interno.
7. Ausencia total de garantías para el personal afectado: No se establecen salvaguardas laborales, ni se garantiza que el personal desplazado mantenga su destino, funciones o especialización. Puede haber traslados arbitrarios, pérdida de funciones, menor acceso a adicionales o servicios extraordinarios, y hasta cesantías encubiertas.
Una reforma sin garantías, que puede terminar castigando a los de siempre
Lejos de ser una modernización real, la creación de la Guardia Provincial puede traducirse en un vaciamiento silencioso de funciones policiales, disfrazado de eficiencia. La medida no garantiza la continuidad laboral del personal especializado, desplaza a trabajadores con años de experiencia y habilita el ingreso de civiles sin preparación, bajo un modelo que ya fracasó en el pasado. Sin control legislativo, sin consulta al personal, y sin participación sindical, esta reestructuración abre la puerta a traslados arbitrarios, pérdida de adicionales y disciplinamiento burocrático, donde los trabajadores vuelven a ser la variable de ajuste. Una vez más, se legisla desde los escritorios para imponer en la calle decisiones que nadie discutió. Y como siempre, los que pagan los platos rotos son los de uniforme.
Creación de la Guardia Provincial de Santa Fe by Apropol Noticias
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¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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