Mientras el Gobierno provincial anunció un nuevo aumento salarial para el personal policial, penitenciario y del IAPIP, los trabajadores siguen siendo excluidos del proceso de discusión y decisión sobre sus propias condiciones laborales.
Por Alberto Martinez (*)
El Decreto 1023/2025 dispone un incremento del 8% escalonado en tres cuotas, pero ratifica el viejo vicio autoritario de fijar salarios por decreto, sin paritarias reales, sin consulta y sin participación alguna de los verdaderos protagonistas: los que arriesgan la vida todos los días.
El texto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a los ministros Cococcioni, Bastía y Olivares, establece:
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Incremento total del 8%, escalonado:
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3% desde el 1.º de abril
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2,6% desde el 1.º de mayo
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2,4% desde el 1.º de junio
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Se garantiza una mejora mínima de bolsillo de $75.000 por cargo, con suma fija no remunerativa.
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Se fija un salario neto mínimo escalonado:
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$730.319,23 (abril)
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$748.754,48 (mayo)
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$765.771,62 (junio)
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¿Y la mesa salarial? Bien, gracias
La medida no fue debatida ni consensuada con los trabajadores. No hubo convocatoria a paritarias, ni siquiera a una mesa sectorial informal, a pesar de que tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales firmados por Argentina reconocen el derecho de todo trabajador a negociar colectivamente su salario.
«Otra vez se repite la historia: nos suben en cuotas, con sumas no remunerativas y sin preguntar. El modelo verticalista sigue vivo», comentó un referente sindical consultado por APROPOL.
Asignaciones, complementos y letra chica
El decreto también actualiza montos de:
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Complementos por riesgo, dedicación y cargos complejos.
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Asignaciones especiales para grupos operativos (TOE, AIC, PAT, Bomberos).
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Compensaciones por traslado.
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Sueldo anual complementario.
Sin embargo, la mayoría son montos no remunerativos y absorbibles, lo que significa que no impactan en la jubilación, ni en futuras recomposiciones reales.
¿Es suficiente el nuevo piso salarial?
No. Según estimaciones publicadas por el INDEC y el IPEC, el costo de vida para una familia tipo en Santa Fe supera ampliamente los $1.100.000 mensuales. Es decir, un suboficial sigue estando por debajo de la línea de pobreza, aun con todos los aumentos incluidos.
¿Quién decide por los que arriesgan la vida?
En definitiva, el Decreto 1023/2025 pone en evidencia un modelo agotado, donde las autoridades imponen condiciones de trabajo desde la comodidad de un despacho, sin abrir el diálogo con los trabajadores de la seguridad.
«Si no nos dejan opinar sobre nuestro sueldo, ¿de qué democracia laboral estamos hablando?»
Desde APROPOL reiteramos la exigencia histórica: ¡paritarias ya! Basta de decretos unilaterales. Queremos participar, opinar y decidir sobre lo que nos corresponde por derecho.
El Decreto
Decreto 1023/2025 (DEC-2025-00001023-APPSF-PE) by Apropol Noticias
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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